1.17 millones de permisos ante el CJEU

Más de 1,17 millones de personas pidieron regularizar su situación migratoria en España antes de que se cerrara el plazo a finales de junio, una cifra que duplica con creces la previsión inicial del Gobierno (Crónica Global, The Guardian). Ningún Estado miembro de la UE ha intentado en los últimos años una regularización laboral de esta escala. El Tribunal Supremo estudia ahora si eleva una cuestión prejudicial al Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE), la máxima instancia judicial comunitaria, para que aclare si el programa encaja en el derecho europeo (El Español). Si Luxemburgo acepta el caso, su respuesta obligaría a todos los Estados miembros y marcaría hasta dónde puede llegar un Gobierno al legalizar trabajadores en situación irregular mientras otros países construyen su política migratoria sobre expulsiones más duras.

Una cláusula, dos lecturas

La disputa gira en torno a una disposición concreta de la directiva de retorno, la norma de 2008 que fija reglas comunes para expulsar a personas sin permiso de residencia. El artículo 6.1 establece que los Estados «dictarán una decisión de retorno» contra quien se encuentre en situación irregular. El artículo 6.4 permite, en cambio, conceder un permiso de residencia por «razones compasivas, humanitarias o de otro tipo» y omitir la orden de expulsión. El propio Manual de Retorno de la Comisión sostiene que un país «podrá en cualquier momento» otorgar un permiso de residencia a una persona que se encuentre irregularmente en su territorio (Directiva 2008/115/CE, Manual de Retorno de la Comisión).

El Gobierno español interpreta esa redacción como un margen jurídico claro. Sus detractores sostienen que el artículo 6.4 se pensó como válvula de escape para casos individuales, no como autorización para regularizar a más de un millón de personas. Si el Supremo plantea la cuestión prejudicial, el procedimiento por el que un tribunal nacional pide al TJUE que interprete el derecho comunitario, la sentencia fijará los límites de esa cláusula para todos los Estados miembros (El Debate).

Europa lee la misma historia desde miedos distintos

Alemania ha tratado el programa sobre todo como una cuestión laboral. La cobertura se ha centrado en el intento español de sacar de la economía sumergida a trabajadores de la construcción, la agricultura y los cuidados domésticos, para incorporarlos al empleo con cotizaciones, seguros e impuestos (taz).

La prensa alemana ha distinguido con cuidado qué concede realmente un permiso español. Según las reglas de Schengen, una tarjeta de residencia expedida por España permite viajar hasta 90 días por otros países del espacio sin fronteras interiores, pero no abre el mercado laboral de otro Estado (FAZ, Convenio de Schengen, art. 21). Austria no tendría que admitir de inmediato a esos trabajadores.

El FPÖ austríaco, la ultraderecha que lidera ahora la coalición de Gobierno, sacó pese a ello la conclusión opuesta y calificó el plan español de «billete gratis para Schengen» y de «imán para el asilo» (Krone). Ese marco mezcla factores de atracción, movimientos secundarios y credibilidad de las expulsiones en una misma alarma. La exposición jurídica concreta es limitada: los derechos de movilidad más amplios solo llegan tras años de residencia continuada bajo la directiva europea de residentes de larga duración, no con un primer permiso español de un año.

Italia ha incorporado el caso español a su propio debate sobre control migratorio. El ministro del Interior, Matteo Piantedosi, ha presentado el Pacto de Migración y Asilo de la UE, el paquete de 2024 que reforma la gestión europea de las solicitudes de asilo y los retornos, como un giro hacia una aplicación más estricta de las normas (Avvenire). Visto desde Roma, la regularización española aparece como el modelo contrario.

Cataluña soporta el peso administrativo

Las cifras pesan sobre todo en Cataluña. La comunidad recibió más de 257.000 solicitudes, más que ninguna otra autonomía, y solo la provincia de Barcelona concentró más de 192.000 (Crónica Global). Abogados de Barcelona advierten de que la escasez de citas en las oficinas de extranjería es el principal riesgo de colapso.

Portugal muestra qué ocurre cuando la capacidad administrativa no sigue el ritmo de una regularización. Su propio proceso permitió formalizar a cientos de miles de personas, pero los retrasos dejaron a muchas sin documentos válidos durante meses. Según ECO, más de 162.000 trabajadores extranjeros desaparecieron de los registros de la seguridad social en 2025 sin volver a figurar como activos. Una regularización puede aflorar empleo real, pero solo si el Estado transforma las solicitudes en permisos útiles con la rapidez suficiente para evitar otro limbo.

La pregunta jurídica ante el TJUE sería estrecha: si el artículo 6.4 permite regularizaciones masivas o solo excepciones caso por caso. La pregunta política es más amplia. España está probando si un gran Estado miembro puede legalizar trabajo irregular a gran escala mientras sus vecinos invierten capital político en las expulsiones. La primera respuesta puede llegar de los jueces. El primer fallo, si se produce, aparecerá en las colas para conseguir cita.