Hungría y Eslovaquia, bajo amenaza arancelaria

El Senado de Estados Unidos aprobó el 7 de agosto, por 86 votos a 11, un proyecto de sanciones contra Rusia e Irán que autoriza aranceles de hasta el 100% sobre los bienes procedentes de los cinco mayores compradores de petróleo y gas rusos. Buena parte de la cobertura europea trató la votación como si la medida ya estuviera en vigor. No lo está. El texto aún necesita el visto bueno de la Cámara de Representantes, que está en receso hasta septiembre, y después la firma presidencial. Hasta que ambas cosas ocurran, no se aplica ningún arancel.

La arquitectura de la amenaza sí importa desde ahora, porque apunta a los socios de la UE que más despacio han cortado sus vínculos energéticos con Rusia.

El proyecto clasifica países y luego les impone aranceles

El proyecto no menciona países concretos. Crea un sistema de clasificación: el presidente impondría derechos de aduana de hasta el 100% a las importaciones procedentes de los cinco países que más crudo o gas natural ruso hayan comprado durante los doce meses anteriores (Congress.gov). La lista se actualizaría cada 180 días. Otra disposición autoriza aranceles de hasta el 500% sobre los bienes importados directamente desde Rusia.

Los países podrían quedar fuera de la lista del gas si importan menos del 15% del total de las exportaciones gasísticas rusas y están reduciendo activamente esa dependencia. El presidente conserva además la facultad de conceder exenciones si un arancel entra en conflicto con los intereses nacionales de Estados Unidos (CBS). El Congreso ha puesto una herramienta en manos de la Casa Blanca, no una orden automática. Los niveles finales de los aranceles los fijaría la Administración, no el texto del proyecto.

Hungría y Eslovaquia quedan en el punto de mira

Dentro de la UE, los países más expuestos son los que aún reciben crudo ruso a través del oleoducto Druzhba, la infraestructura de época soviética que va de Rusia a Europa central pasando por Bielorrusia. Cuando Bruselas prohibió en 2022 el petróleo ruso transportado por vía marítima, concedió excepciones para los suministros por oleoducto. Hungría y Eslovaquia son los dos Estados miembros que todavía las utilizan. La Comisión Europea afirma que está trabajando con ambos gobiernos para diversificar, pero ninguno ha presentado una fecha concreta de salida.

Hungría podría entrar de forma verosímil en la lista de los cinco primeros. El proyecto, sin embargo, plantea una pregunta distinta de la que suele dominar el debate húngaro. Lo decisivo no es el peso de Rusia en la matriz energética de Hungría, sino la cuota húngara dentro del total de exportaciones rusas de gas, y son magnitudes muy diferentes. La exención prevista para el gas podría proteger a Budapest por ese lado.

La exposición de Eslovaquia es más directa. La refinería Slovnaft sigue procesando crudo de Druzhba, Gazprom continúa siendo el mayor proveedor de gas del país y el Gobierno no tiene un calendario de sustitución.

Bélgica es un caso más acotado. En julio, todo el GNL, el gas natural licuado que llega por buque metanero, recibido en Bélgica procedía de Rusia. Pero la mayor parte pasa por la terminal de Zeebrugge para su reexportación, no para consumo belga. Si la clasificación estadounidense cuenta los cargamentos desembarcados en lugar del uso final, los exportadores belgas podrían afrontar aranceles por una energía que el país no ha consumido. Ese riesgo dependerá de cómo defina la Administración quién es el «comprador».

Hungría decide sobre energía; Bruselas gestiona el coste comercial

La política comercial es una competencia exclusiva de la UE según el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea: solo Bruselas puede negociar condiciones comerciales o responder en nombre de los Estados miembros. Hungría y Eslovaquia no pueden cerrar su propio acuerdo con Washington. Si un arancel estadounidense golpea las exportaciones húngaras o eslovacas, Bruselas heredará la respuesta, defendiendo a países cuya dependencia energética de Rusia buena parte del bloque considera un problema.

El proyecto del Senado funciona como presión externa sobre un asunto que Bruselas no ha logrado resolver país por país. La Comisión ha gestionado a los socios más reticentes con excepciones y calendarios. Washington introduce ahora un incentivo más tosco: si se sigue comprando energía rusa, pagan los exportadores.

Esa presión ya existe. Los exportadores de Hungría y Eslovaquia que envían bienes a Estados Unidos —automóviles, maquinaria, productos químicos— afrontan desde ahora un problema de planificación. Los precios de los contratos, los plazos de entrega y el riesgo aduanero cambian cuando un arancel del 100% se vuelve plausible, aunque todavía no se haya impuesto. Las propias herramientas sancionadoras de la UE nunca habían creado esa clase de incertidumbre comercial.

Queda por ver si la Cámara de Representantes aprobará el proyecto. Pero el mecanismo de clasificación, móvil y actualizado cada seis meses, convierte la pregunta para Budapest y Bratislava en algo más que un asunto político. Desde ahora, también es una cuestión comercial.