144 drones rondan instalaciones nucleares europeas

Spiegel y The Guardian, a partir de un análisis vinculado al Instituto Internacional de Estudios Estratégicos (IISS), un centro de estudios de defensa con sede en Londres, han informado de que se han registrado alrededor de 144 incidentes sospechosos con drones en más de una docena de países europeos desde finales de 2024 (Spiegel, The Guardian). Los objetivos no parecen escogidos al azar: bases militares con aviones capaces de transportar armamento nuclear en el Reino Unido, Bélgica y Países Bajos; la base francesa de submarinos de Île Longue; centrales eléctricas y puertos. La evaluación apunta a un vínculo con Rusia, que podría haber utilizado buques comerciales o de la llamada flota en la sombra como plataformas de lanzamiento.

Ningún Gobierno europeo, sin embargo, ha señalado oficialmente a Rusia. Tampoco se ha presentado públicamente ningún dron recuperado con una cadena forense verificable. Las inspecciones realizadas en un buque sospechoso, el HAV Dolphin, no habrían encontrado nada, según las informaciones publicadas (Spiegel, t-online). El patrón inquieta porque los objetivos eran instalaciones militares y energéticas. La prueba, de momento, sigue incompleta.

Donde se fractura la autoridad

La atribución pendiente importa porque retrasa la respuesta. Un dron pequeño, que vuela bajo sobre una base militar y que quizá se haya lanzado desde un mercante con una propiedad opaca, cae entre varios sistemas de seguridad que Europa ha construido por separado. Un Estado puede vigilar sus propias aguas. Más allá, necesita una base jurídica: consentimiento del Estado de pabellón, indicios de incumplimiento de sanciones o pruebas de un delito (Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). En el aire, el sistema de policía aérea de la OTAN se diseñó para cazas rápidos y misiles, no para drones baratos que vuelan pegados al terreno y desaparecen antes de que despeguen los interceptores (OTAN).

En tierra, la policía investiga, los guardacostas patrullan y los mandos militares protegen instalaciones sensibles. Pero decidir si se interfiere la señal de un dron o se derriba sobre zonas pobladas sigue siendo una cuestión de derecho nacional, sin un umbral europeo común (New York Times).

Las herramientas de la UE pueden mejorar la vigilancia. Las operaciones marítimas del bloque en el Báltico combinan medios nacionales de guardacostas con imágenes por satélite y drones de observación para seguir buques sospechosos (Guardia de Fronteras de Finlandia). Las sanciones europeas pueden incluir barcos en listas negras, presionar a sus aseguradoras y encarecer la flota en la sombra rusa (Consejo de la UE). Pero ni la UE ni la OTAN pueden abordar un barco sospechoso o neutralizar un dron en nombre de un Gobierno nacional. La decisión táctica queda en manos del país donde ocurre el incidente. Las operaciones de zona gris están pensadas para aprovechar precisamente ese retraso.

El escepticismo útil de Dinamarca

No todos los Gobiernos leen las pruebas del mismo modo. Los medios daneses han ofrecido el contrapeso más claro al tono de alarma. Politiken describió un caso en el que un buque de defensa danés habría sido rodeado por cuatro drones, mientras las autoridades hablaban de un «actor capaz». La misma cobertura cuestionaba si las pruebas bastaban para calificarlo como una operación rusa (Politiken). Weekendavisen fue más lejos: en algunos casos europeos, las pruebas públicas son débiles, y en Dinamarca sigue siendo difícil establecer incluso si hubo drones presentes (Weekendavisen).

Ese escepticismo no refuta la amenaza; advierte de otro riesgo. Si los Gobiernos invocan amenazas híbridas sin mostrar pruebas, los ciudadanos quedan atrapados entre la confianza ciega y el rechazo automático. Ambas opciones favorecen a Moscú. Como planteó Politiken, el «pánico de los drones» en Dinamarca podría ser justo lo que Putin buscaba: una incertidumbre capaz de generar miedo sin exigir pruebas.

Cuando la presión desplaza el problema al vecino

Suecia mostró cómo puede ser una respuesta nacional. Tras varios abordajes de guardacostas, más buques sancionados habrían evitado las aguas territoriales suecas (Sjöfartstidningen). Analistas suecos señalaron que el tráfico quizá se limitara a desplazarse hacia aguas danesas y alemanas, donde la capacidad de control es menor (Expressen). La información alemana apunta en la misma dirección: las rutas de los petroleros de la flota en la sombra se habrían acercado a la costa alemana (n-tv).

El patrón resulta familiar en Europa. La amenaza cruza fronteras más deprisa que la autoridad. La presión de un país pone a prueba las herramientas jurídicas disponibles, pero la flota sigue moviéndose. Francia, por su parte, considera los drones baratos de largo alcance como una brecha urgente en sus defensas: faltan medios rápidos y asequibles para detectar y detener aparatos pequeños. Está adaptando sistemas por capas para cubrir ese vacío (Le Monde).

El registro público aún carece de los elementos que cerrarían esta historia: drones recuperados con componentes electrónicos rastreables, trazas de radar que vinculen un vuelo con un buque concreto o atribuciones oficiales que señalen a Rusia con seguridad jurídica. La evaluación vinculada al IISS sostiene que el vínculo ruso es muy probable. Los Gobiernos, en su mayoría, han evitado decirlo oficialmente.

Europa ya convive con la vulnerabilidad. La pregunta pendiente es quién puede construir la cadena que va de la sospecha a la acción legal antes del próximo incidente.