Austria se queda sola con Italia

Austria ha devuelto a Italia a cuatro solicitantes de asilo desde que las nuevas reglas migratorias de la UE entraron en vigor el 12 de junio. Viajaron en tren y autobús, sin escolta policial (Die Presse, Kurier).

Cuatro personas son pocas. También constituyen todo el registro públicamente verificado de traslados de responsabilidad a Italia bajo el Reglamento sobre la Gestión del Asilo y la Migración (RAMM), la nueva norma europea que sustituye al viejo sistema de Dublín para decidir qué país debe tramitar una solicitud de asilo. Varios gobiernos aseguran que están haciendo lo mismo. Los resultados hasta ahora apuntan a que el sistema depende menos del texto legal que de la disposición de Italia a cooperar.

Aumentan las solicitudes, se atascan los traslados

El registro oficial más claro procede de la Comisión Europea, el ejecutivo comunitario encargado de supervisar la aplicación de las normas. Entre el 12 de junio y el 7 de julio, ocho Estados miembros presentaron 12 solicitudes de traslado a Italia. Italia rechazó las 12 (evaluación de la Comisión, 2EU Brussels). Los cuatro traslados de Austria llegaron después, pero siguen siendo la excepción.

Alemania, el país que presenta más solicitudes en términos absolutos, no tiene ningún traslado completado y verificado desde que empezó a aplicarse el pacto. Su caso más visible de agosto se vino abajo: una mujer somalí de 22 años tenía previsto ser trasladada desde Núremberg, pero Italia rechazó la solicitud y una iglesia bávara le ofreció refugio (Tagesschau). La entrada de esa mujer se produjo a finales de marzo, antes de que se aplicaran las nuevas reglas, de modo que el caso puso a prueba los procedimientos antiguos y no el pacto en sentido estricto.

El patrón viene de lejos. Con el antiguo reglamento de Dublín, Italia bloqueó durante años las devoluciones ordinarias desde Alemania. Según Berliner Zeitung, Alemania presentó unas 35.000 solicitudes de traslado durante el mandato de Giorgia Meloni y logró completar alrededor de 15. Las cifras exactas se discuten, pero no la magnitud de la brecha.

Más allá de Austria y Alemania, la imagen se vuelve borrosa enseguida. Finlandia ha enviado notificaciones a Italia, pero no había confirmado ningún traslado completado a 21 de agosto (Helsingin Sanomat). La oficina del ministro sueco de Migración afirmó que se habían producido traslados, aunque ningún organismo ha publicado cifras ni fechas (Euronews). Países Bajos anunció que iniciaba el procedimiento de traslado, un paso administrativo más que un resultado (Upday NL). Francia y España se han negado de plano y prefieren la cooperación a la presión bilateral sobre Roma (ANSA).

El reloj y la falta de palancas

Roma sostiene que el pacto puso el contador de los casos antiguos a cero y que solo cuentan las solicitudes posteriores al 12 de junio. No hay ningún documento jurídico público que confirme que los expedientes previos se extinguieran formalmente bajo el Derecho de la UE. Esa tesis debe leerse como una posición política, no como un hecho jurídico cerrado.

El plazo también juega en contra de los Estados que solicitan el traslado. Tanto con las reglas antiguas como con las nuevas, el traslado debe realizarse en un máximo de seis meses. Si se supera ese límite, la responsabilidad vuelve al país solicitante, un principio que el Tribunal de Justicia de la UE confirmó en la sentencia Shiri. Un gobierno puede ganar el argumento legal y perder igualmente el caso por el paso del tiempo.

El RAMM debía resolver este problema al encajar los traslados dentro de un pacto más amplio: los países de primera línea, como Italia, mantienen la responsabilidad de primera entrada, pero el resto de socios europeos debe ayudar mediante reubicaciones, aportaciones a un fondo de solidaridad o apoyo operativo (texto del RAMM). El registro público disponible hasta ahora no muestra una asignación solidaria cuantificada para Italia en 2026 que compense la presión creciente de los traslados.

Los dos bloques pueden sostener que la ley les ampara. Austria, Alemania, Finlandia y Suecia presentan los traslados como la aplicación de reglas pactadas. Francia y España leen esas mismas reglas y optan por la diplomacia. Para los solicitantes de asilo atrapados entre esas posiciones, el resultado es una espera prolongada: expedientes disputados entre países, recurridos ante tribunales nacionales o demorados hasta que vence el plazo y la responsabilidad cambia por defecto.

La relación de fuerzas es clara. La Comisión puede documentar las negativas de Italia, pero no puede subir a nadie a un autobús. La cooperación administrativa italiana es el punto real de ejecución. Los cuatro traslados de Austria demuestran que el sistema puede mover físicamente a una persona a través de una frontera. La solidaridad que debía hacer aceptable este acuerdo para los países de primera línea no ha producido una prueba equivalente. La Comisión, que diseñó este pacto, tendrá que aportar esa evidencia en su próxima evaluación.