Bruselas cuestiona a Ivan Turudić

Solo el 27% de los ciudadanos croatas y el 28% de las empresas consideran independiente a la justicia de su país, según el Informe sobre el Estado de Derecho de 2026 de la Comisión Europea, publicado el 17 de julio (Comisión, Index.hr). La corrupción sigue estando «muy extendida», constata Bruselas, aunque la fiscalía mantiene una actividad visible en la apertura de causas. El informe anual diagnostica ese deterioro con claridad. Lo que no puede hacer es obligar a Croacia a corregirlo.

Fiscalías activas, confianza por los suelos

El capítulo dedicado a Croacia no describe un derrumbe institucional. Existen organismos anticorrupción y los fiscales trabajan. Pero la distancia entre esa actividad y la confianza pública es enorme, y la principal herramienta de la Comisión para afrontarla sigue siendo un ciclo de diálogo, recomendaciones y seguimiento, no órdenes vinculantes (Comisión). La propia Comisión admite que la aplicación de recomendaciones anteriores se ha debilitado en el conjunto de la UE (Comisión), y no existe una conexión automática entre sus conclusiones sobre el Estado de derecho y las decisiones sobre fondos europeos (EU Perspectives).

Antes de que un país entre en la UE, Bruselas conserva una capacidad real de veto: puede ralentizar las negociaciones y exigir reformas como precio de la adhesión. La cobertura de FAZ sobre el mismo ciclo de informes mostraba ese contraste a través de Serbia, donde las malas notas en Estado de derecho siguen condicionando el recorrido del país candidato (FAZ). Una vez dentro, el margen se estrecha mucho. Bruselas no puede congelar dinero solo porque los tribunales generen desconfianza; debe demostrar que las deficiencias del Estado de derecho amenazan directamente la gestión de los fondos europeos (Reglamento 2020/2092, CER). Y el artículo 7, el procedimiento más severo de la UE, que puede suspender los derechos de voto de un país, exige un consenso político entre gobiernos que nunca se ha alcanzado contra ningún Estado miembro. La baja confianza ciudadana en los tribunales no activa por sí sola ninguno de esos mecanismos.

La disputa sobre quién persigue el fraude europeo

Un instrumento europeo sí tiene capacidad para llevar casos ante los tribunales. La Fiscalía Europea puede investigar y perseguir delitos que afecten al presupuesto de la UE en los Estados miembros participantes (Reglamento de la Fiscalía Europea). Croacia forma parte de ese sistema. La Fiscalía Europea no puede reparar la desconfianza general hacia los tribunales croatas, pero allí donde está en juego dinero de la UE dispone de una autoridad jurídica que el informe anual no tiene.

El conflicto ha estallado precisamente en torno a dónde acaba esa autoridad. El Tribunal Constitucional croata pidió al Tribunal de Justicia de la UE, con sede en Luxemburgo, que se pronuncie sobre la frontera entre la competencia de la Fiscalía Europea y la de la fiscalía nacional croata, DORH. La Comisión ha intervenido en el procedimiento con el argumento de que el fiscal general croata, Ivan Turudić, no puede ser considerado independiente e imparcial a la hora de decidir sobre ese límite (Telegram.hr). Verfassungsblog, una plataforma alemana especializada en derecho constitucional, ha leído la disputa como una advertencia sobre lo que ocurre cuando un sistema fiscal nacional intenta contener desde dentro de un Estado miembro la actuación de la Fiscalía Europea (Verfassungsblog).

El alcance del caso es fácil de entender. Si las instituciones croatas logran restringir el campo de actuación de la Fiscalía Europea mediante cauces constitucionales internos, otros países participantes tendrán un modelo que imitar. El único brazo fiscal de la UE quedaría condicionado por los sistemas nacionales que precisamente debe supervisar.

Lo que Bruselas puede hacer y lo que no

Los hechos no sostienen una lectura de crisis inmediata de sanciones. La situación croata muestra un límite estructural: un Estado miembro puede arrastrar durante años una confianza judicial bajísima y una corrupción persistente mientras la Comisión registra el problema y recomienda reformas parecidas. Bruselas puede diagnosticar el deterioro del Estado de derecho en Croacia, pero solo puede hacer cumplir sus exigencias cuando ese deterioro afecta al dinero europeo, al derecho de la UE o a la competencia de la Fiscalía Europea, no cuando erosiona por sí mismo la confianza democrática interna.

La disputa sobre las competencias de la Fiscalía Europea está ahora en manos del Tribunal de Justicia en Luxemburgo. Su sentencia determinará si el único órgano fiscal de la UE puede operar plenamente dentro de un Estado miembro cuyo fiscal general la Comisión considera comprometido. La respuesta vendrá de Luxemburgo. La cooperación que exija tendrá que venir de Zagreb.