Bruselas retiene €9 Billion a Hungría

El Gobierno húngaro declaró el 31 de agosto que había cumplido las 27 condiciones sobre Estado de derecho y lucha contra la corrupción que Bruselas vinculó a cerca de 10.000 millones de euros en fondos de recuperación bloqueados (Euronews, DTEurope). El Ejecutivo de Péter Magyar intenta convencer a la Comisión de que ha desmontado una parte suficiente del sistema construido por Viktor Orbán en torno al Estado de derecho para que se libere el dinero. Pero declarar una reforma cumplida no equivale a cobrar. La Comisión ha explicado que no puede evaluar los hitos de Hungría hasta que Budapest presente una solicitud formal de pago, algo que todavía no ha ocurrido (rueda de prensa de la Comisión).

El dinero procede del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo poscovid de la UE que paga a los gobiernos solo después de que acrediten el cumplimiento de reformas e inversiones pactadas (Reglamento del MRR). Los 6.500 millones de euros en transferencias y 3.500 millones en préstamos asignados a Hungría quedaron congelados durante años por las dudas sobre el Estado de derecho (página de la Comisión sobre el plan húngaro). De esa cantidad, solo han llegado unos 920 millones de euros en prefinanciación, un anticipo abonado antes de la verificación completa (HVG, ING). Los 9.000 millones restantes dependen de lo que ocurra ahora.

El calendario que decide el dinero

Tres fechas marcan el proceso. El 31 de agosto fue el último día en que Hungría podía adoptar medidas computables para sus hitos. A partir de hoy, la Comisión ya no puede tener en cuenta reformas nuevas, tampoco para pagos que ya estuvieran suspendidos (guía de cierre de la Comisión, PubAffairs Bruxelles). Budapest tiene hasta el 30 de septiembre para presentar su solicitud de pago con las pruebas correspondientes. Bruselas deberá decidir y pagar, si procede, antes del 31 de diciembre (EPRS del Parlamento Europeo, 2EU Brussels).

Las 27 condiciones impuestas a Hungría tienen un alcance poco habitual: 21 se refieren a corrupción y transparencia, cuatro a independencia judicial y dos a auditorías sobre el uso de fondos europeos (Euronews). Como contamos la semana pasada, la última reforma amplió la capacidad de actuación contra la corrupción al permitir que cualquier persona solicite la revisión de casos archivados por la fiscalía. La Comisión debe determinar ahora si esas leyes han creado instituciones capaces de investigar la corrupción de forma efectiva o si el cambio se ha quedado en el papel.

Lo que demuestra la recuperación de las fundaciones

La pieza más visible del expediente húngaro es la devolución al Estado de 1,284 billones de forintos (unos 3.200 millones de euros) en activos que estaban en manos de fundaciones de interés público (Portfolio). Bruselas cuestionó esas fundaciones porque el Gobierno de Orbán las había utilizado para transferir universidades, participaciones empresariales e inmuebles a patronatos sometidos a una supervisión débil. Hungría presenta ahora la operación como prueba de que el control ha vuelto al Estado.

Los perdedores son los patronatos y las redes políticas que controlaban esos activos, con el Mathias Corvinus Collegium, la gran fundación educativa ligada al proyecto de Orbán, como caso principal. Pero devolver los bienes al ámbito ministerial sustituye un problema de rendición de cuentas por otro (VG). Además, la devolución de activos no financia por sí sola ningún proyecto. Para los hogares húngaros, lo relevante es si la aceptación de la Comisión desbloquea los 9.000 millones de euros del MRR destinados a modernizar la red energética, el ferrocarril y la vivienda (página de la Comisión sobre el plan húngaro).

El plazo tiene consecuencias

El plazo del MRR no es una formalidad. Rumanía ya ha asumido la pérdida de 770 millones de euros después de que los partidos no lograran aprobar antes del 31 de agosto una ley unificada de salarios públicos (Romania Insider, Bloomberg). España perdió cerca de 197 millones de euros después de que Bruselas rechazara sus alternativas a la eliminación de la ventaja fiscal del diésel, según El Español. Ninguno de los dos países afrontaba condiciones sobre Estado de derecho. Sus pérdidas se debieron a hitos incumplidos de forma directa.

El caso húngaro es más difícil. Un análisis académico publicado en el European Journal of Risk Regulation concluyó que las 27 condiciones de Hungría son más amplias que el paquete polaco, centrado sobre todo en la justicia, lo que hace más exigente la prueba de cumplimiento (Cambridge University Press). Polonia mostró que Bruselas está dispuesta a recompensar la reparación democrática tras un cambio de gobierno, pero Varsovia también tuvo que presentar solicitudes, aportar pruebas y esperar la evaluación antes de recibir cada tramo (Rzeczpospolita). Alemania, el mayor contribuyente neto de la UE, con una aportación al presupuesto comunitario superior a lo que recibe y cercana a 18.000 millones de euros al año (Bundesbank), quiere apoyar el impulso reformista de Magyar, pero también necesita que la condicionalidad conserve contenido ante sus propios contribuyentes (FAZ).

Hungría no ha desbloqueado aún el dinero. Ha dejado un expediente probatorio sobre la mesa de Bruselas. La Comisión debe decidir ahora si la reparación legal se ha convertido en control efectivo, y tiene hasta diciembre para hacerlo.