Bruselas busca 450.000 millones en Temu y cripto

Los paquetes de Temu, las operaciones con criptomonedas y las apuestas en línea han entrado en la batalla por el presupuesto europeo porque Bruselas necesita ingresos sin pedir a los gobiernos nacionales un cheque mayor. Las informaciones apuntan a cinco nuevas fuentes de financiación, por unos 450.000 millones de euros, para el presupuesto de 2028-2034, aunque todavía no hay un texto legal público que confirme la lista, los tipos aplicables ni la recaudación atribuida por Il Fatto Quotidiano.

La deuda existe; el envoltorio es político

NextGenerationEU creó el problema de la devolución. La UE se endeudó de forma conjunta durante la pandemia, y la Comisión ya defendió en COM(2021) 570 que nuevos ingresos europeos debían ayudar a pagar esa deuda y, al mismo tiempo, reducir la presión sobre las contribuciones nacionales. El Consejo dejó abierta esa vía al respaldar un paquete ajustado de recursos propios.

El margen de elección es estrecho. La UE puede recortar programas, pedir más dinero a los gobiernos, volver a endeudarse o gravar actividades que cruzan fronteras. El paquete publicado se inclina por esta última opción porque el próximo presupuesto tendrá que acomodar el gasto en Ucrania, defensa y competitividad sin desproteger los programas tradicionales.

Por eso importan los paquetes baratos. Un recargo sobre importaciones de bajo valor puede aparecer en Bruselas como ingreso europeo, pero los ciudadanos lo encontrarán en el pago final o en los gastos de entrega. Eurodiputados malteses ya lo presentan como una tasa sobre compras en Temu, Shein y AliExpress, según Lovin Malta.

La factura se desplaza hacia quien no puede esquivarla

Quien paga legalmente no siempre soporta el coste real. Si una plataforma de criptomonedas abona el gravamen, puede recuperarlo con comisiones más altas o ampliando la diferencia entre el precio de compra y el de venta. Si lo pagan las casas de apuestas, los clientes pueden encontrarse con peores cuotas o menos promociones.

Con los paquetes ocurre algo parecido. Bruselas puede cobrar a plataformas, transportistas o importadores, pero el recargo puede acabar incorporado al precio final. La carga dependerá del poder de negociación: las grandes plataformas podrían absorber una parte, los transportistas trasladarla y los vendedores con márgenes estrechos repercutirla directamente al comprador.

El sistema actual de ingresos de la UE aún no incluye esas medidas. Se apoya en fuentes como los derechos de aduana, los ingresos basados en el IVA, las contribuciones vinculadas a los plásticos y los pagos calculados sobre la renta nacional, según la Decisión 2020/2053. La propia página de ingresos presupuestarios de la Comisión describe ese sistema, no un paquete cerrado sobre criptomonedas, apuestas o paquetería.

El reparto entre países sigue la misma lógica. Si los nuevos ingresos europeos sustituyen parte de lo que los gobiernos pagan con cargo a la renta nacional, los ministerios de Hacienda ganan margen. Si sirven para financiar un presupuesto más grande, los contribuyentes netos seguirán afrontando una factura europea mayor, aunque por una vía menos visible.

Eso importa para Alemania y Países Bajos, que suelen presionar con más fuerza para contener el tamaño del presupuesto. También importa para Francia y Polonia, aunque por motivos distintos. Francia quiere proteger el gasto agrícola mientras sus cuentas públicas siguen bajo vigilancia europea, después de que el Consejo abriera en julio de 2024 un procedimiento por déficit excesivo. Polonia tiene un interés directo en la cohesión y la agricultura porque Varsovia aún presenta los fondos europeos como pieza central de su programa 2021-2027.

Cada capital conserva el veto

El límite más duro no es económico, sino jurídico y político. Las decisiones sobre recursos propios requieren unanimidad y aprobación nacional conforme al artículo 311, mientras que el presupuesto plurianual también exige unanimidad según el artículo 312.

Eso da poder de negociación a todos los gobiernos. Un Ejecutivo puede convertir una disputa sobre paquetes, apuestas, criptomonedas, cheques compensatorios o volumen total de gasto en una negociación sobre todo el presupuesto. Bruselas busca ingresos que se parezcan menos a una transferencia nacional, pero las capitales siguen decidiendo si esa arquitectura se sostiene.

Mientras falte el texto legal, la cifra de 450.000 millones de euros funciona más como señal negociadora que como plan fiscal cerrado. La devolución de la deuda ya está fijada. Queda por decidir quién paga la factura y con cuánta claridad la verán los votantes.