Budapest detecta sobrecostes estructurales

La Autoridad de Integridad de Hungría, el organismo anticorrupción que Budapest creó para cumplir las condiciones europeas y desbloquear fondos congelados, ha llegado a una conclusión incómoda para el propio relato que debía sostener. Según el organismo, los sobrecostes en la contratación pública húngara forman parte del funcionamiento ordinario del sistema y persisten incluso cuando todos los procedimientos se cumplen formalmente. Para Bruselas, el debate deja así de girar solo en torno a si Hungría ha aprobado las leyes exigidas y pasa a centrarse en si esas normas protegen de verdad el dinero europeo.

Procedimientos limpios, presupuesto con fugas

El ciclo habitual entre la UE y Hungría se mueve sobre el papel. Bruselas plantea objeciones, Budapest aprueba legislación y la Comisión Europea, el brazo ejecutivo de la UE, verifica el cumplimiento formal. La evaluación de la Autoridad de Integridad rompe ese patrón. Describe un mercado de contratación pública en el que la conformidad administrativa convive con precios de referencia inflados, escasa competencia y adjudicatarios recurrentes. Se puede seguir el procedimiento al pie de la letra y, aun así, dejar expuesto el dinero público.

La diferencia importa porque los instrumentos europeos de protección presupuestaria se diseñaron precisamente para medir ese riesgo. El Reglamento de condicionalidad, el mecanismo que permite restringir fondos cuando las deficiencias del Estado de derecho amenazan el presupuesto, justifica medidas cuando las vulneraciones «afecten o amenacen con afectar gravemente» a las finanzas de la UE «de un modo suficientemente directo» (eur-lex.europa.eu). El Consejo, donde votan los gobiernos nacionales, recurrió a esa vía en diciembre de 2022 para congelar compromisos de tres programas húngaros financiados con fondos de cohesión, destinados a las regiones menos prósperas, por riesgos vinculados a la contratación pública y la corrupción (consilium.europa.eu, ec.europa.eu).

Un año después, la Comisión mantuvo esas medidas. No pudo concluir que los riesgos para el presupuesto europeo hubieran quedado «plenamente eliminados», pese a las reformas legislativas e institucionales aprobadas por Hungría (commission.europa.eu). La conclusión de la Autoridad de Integridad aporta ahora nueva evidencia interna para sostener esa cautela.

Tres instrumentos, tres pruebas distintas

Bruselas dispone de tres vías diferentes para retener dinero, y cada una exige a la Comisión una prueba propia.

El Reglamento de condicionalidad obliga a vincular los problemas de Estado de derecho con un riesgo para el presupuesto. Para adoptar o levantar medidas se necesita una mayoría cualificada en el Consejo, donde los países grandes pesan más y ningún Gobierno puede bloquear por sí solo. Es un procedimiento jurídico y político al mismo tiempo.

Los controles sobre los fondos de cohesión funcionan de forma más discreta. Con arreglo al Reglamento de disposiciones comunes, la Comisión puede interrumpir pagos, exigir recuperaciones o reducir asignaciones futuras cuando detecta fallos graves en la gestión nacional del dinero europeo (eur-lex.europa.eu). No hace falta una votación del Consejo. Las pruebas de auditoría pueden bastar.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el fondo pospandemia de la UE conocido como RRF por sus siglas en inglés, añade una tercera vía. El plan húngaro incluye «superhitos» sobre Estado de derecho, lo que significa que las reformas aprobadas no son suficientes si su aplicación no resulta convincente (commission.europa.eu). El plazo de agosto de 2026, tras el cual el dinero no utilizado puede cancelarse, deja a Bruselas menos margen para comprobar si las reformas funcionan en la práctica (cer.eu).

El precedente ya está en marcha. El Parlamento Europeo ha pedido a la Comisión que estudie aplicar contra Eslovaquia instrumentos presupuestarios similares a los usados con Hungría por sus propios problemas de Estado de derecho (zpravy.aktualne.cz).

Lo que aún necesita la Comisión

El informe es una prueba, no un interruptor. No congela ni libera fondos por sí solo. La Comisión debe conectar sus conclusiones con pruebas jurídicas concretas antes de modificar cualquier decisión de pago. Un diagnóstico estructural pesa, pero pesaría mucho más si viniera respaldado por cifras auditables: porcentaje de licitaciones con un solo postor, sobreprecios medidos frente a referencias comparables o concentración de contratos en determinados adjudicatarios.

También hay una dimensión fiscal. El déficit presupuestario de Hungría podría mantenerse por encima del 7% incluso con la entrada de miles de millones europeos, según una información de ANP/Reuters, de modo que la continuidad de las restricciones agrava la presión sobre las cuentas públicas al mismo tiempo que protege la integridad del presupuesto común (nieuws.nl).

La ironía de fondo es institucional. Hungría creó la Autoridad de Integridad para convencer a sus socios europeos de que el sistema podía vigilarse a sí mismo. Ese mismo organismo ha aportado ahora el argumento interno más detallado de que quizá no pueda hacerlo. Si la Comisión lo convierte en una prueba operativa o lo archiva junto a años de preocupación acumulada mostrará hasta qué punto la UE es capaz de transformar sus reglas en decisiones.