Bulgaria encara el ajuste presupuestario europeo

La Comisión Europea ha decidido recomendar un procedimiento de déficit excesivo para Bulgaria justo después de su entrada en el euro, lo que convierte el primer presupuesto del país dentro de la moneda única en un calendario de corrección. El déficit público pasó del 3,0% del PIB en 2024 al 3,5% en 2025, y Bruselas prevé que suba al 4,1% en 2026 y al 4,3% en 2027, según el paquete de primavera del Semestre Europeo de 2026. Bulgaria se incorporó a la zona euro el 1 de enero de 2026, según Eurostat, y Fakti informó desde Luxemburgo de que la Comisión mantiene su intención de seguir adelante.

La deuda pública, es decir, el volumen acumulado de endeudamiento, da cierto margen a Sofía. Está aumentando, pero sigue muy por debajo del umbral de referencia de la UE; la presión está en el déficit anual. El vicepresidente ejecutivo de la Comisión, Valdis Dombrovskis, acotó además el argumento de la defensa: el gasto militar de 2025 puede acogerse a la cláusula de escape, que suaviza la evaluación cuando hay desembolsos adicionales en defensa, pero el incumplimiento de 2026 ya no se explica por completo por esa partida, según BTA.

Las cuentas aterrizan en Sofía

La cifra clave ahora es el gasto neto. Se trata del gasto financiado por el Estado una vez descontadas partidas como los fondos europeos y algunos costes temporales; el Reglamento 2024/1263 lo convierte en el principal indicador de referencia. El primer ministro, Galab Donev, dijo en el Parlamento que la Comisión había mencionado una reducción equivalente al 0,5% del PIB en el gasto neto, y señaló que alrededor del 76% del gasto se destina a salarios, prestaciones sociales y pensiones, frente a un 24% reservado a inversión, según BTA.

Ahí está el conflicto. Con el 76% del gasto ligado a sueldos y prestaciones, los ahorros administrativos no bastan para cuadrar el ajuste. Sofía tendrá que elegir entre contener el crecimiento de la masa salarial, modificar la revalorización de las pensiones, reforzar la recaudación fiscal, recortar la contratación pública, retrasar inversiones, emitir más deuda o combinar varias vías. Cada opción traslada el coste a un grupo distinto: empleados públicos, pensionistas, proveedores, constructoras, contribuyentes o presupuestos futuros.

La recaudación ofrece la vía menos áspera

La opción preferida de Donev es ingresar más sin subir los tipos impositivos. Ha prometido medidas contra la economía sumergida y la actividad no declarada, además de una mejora de la recaudación, mientras insiste en que no aumentarán los impuestos principales ni las cotizaciones sociales, que financian parte de las prestaciones. Su lista incluye también fusiones administrativas, digitalización de servicios, límites de gasto y herramientas de control salarial, con la mayor parte de los efectos previstos para 2027 y 2028, según Investor.bg.

Esa vía beneficia a las empresas que ya cumplen, porque reduce la ventaja de quienes cobran en efectivo y dejan actividad fuera de los libros. Los ahorros administrativos afectan a otros grupos. Los empleados públicos pueden encontrarse con menos plazas o con oficinas reorganizadas. Los ciudadanos pueden pagar el coste de forma indirecta si los servicios fusionados se vuelven más lentos o menos accesibles.

Croacia muestra por qué el control fiscal digital resulta atractivo para los gobiernos. Su sistema de fiscalización, basado en el registro digital de facturas y recibos, ha procesado más de 56 millones de facturas electrónicas en más de 325.000 empresas, incluidas 96.000 pequeñas contribuyentes que usan una aplicación gratuita, según Poslovni. El ejemplo sugiere que Bulgaria puede hacer visible parte de la actividad oculta sin elevar los tipos. El riesgo está en el diseño: si las pequeñas empresas cargan con la mayor parte del papeleo, el coste político puede crecer deprisa.

Los mercados de deuda observan

Rumanía muestra el lado más duro de aplazar el ajuste. Termene informó de un déficit del 7,9% en 2025 y una deuda pública del 59,3% del PIB, una combinación que puede elevar los costes de financiación, es decir, los intereses que exigen los inversores para prestar. Malta representa el extremo opuesto: se cerró el procedimiento después de que el déficit bajara de forma sostenida por debajo del límite, según Bluewin.

Bulgaria tiene más margen que Rumanía porque su deuda sigue siendo menor, pero la composición del presupuesto concentra el ajuste en pocas partidas. El próximo presupuesto tendrá que mostrar cuánto vendrá de la recaudación, de los salarios, de las fórmulas de pensiones, de la contratación pública, del calendario de inversiones o de nueva deuda. El procedimiento de déficit excesivo hace públicas las cuentas; Sofía conserva la decisión política sobre qué ingresos, servicios o márgenes absorberán el golpe.