Bulgaria plantea comprar una refinería rusa mientras el conflicto de Hormuz estrecha el combustible europeo

El Brent llegó a 114 dólares por barril a comienzos de mayo, su nivel más alto desde 2022, después de que el conflicto en torno al estrecho de Ormuz estrangulara cerca de una quinta parte del suministro mundial de petróleo (CNBC, AIE). Desde entonces se ha estabilizado en torno a los 106-108 dólares, sostenido por una diplomacia aún frágil entre Estados Unidos e Irán (Euronews). Para la mayor parte de Europa, el petróleo caro es un problema de precios. Para los pocos países de la UE que siguen atrapados en refinerías de propiedad rusa, está dejando al descubierto una vulnerabilidad más profunda: cuatro años después de la invasión de Ucrania, no existe un plan europeo común para decidir qué hacer con esos activos.

La apuesta búlgara

El caso de Bulgaria es el más extremo. La refinería de Lukoil en Burgas, comprada por la compañía rusa en 1999, cubre entre el 80% y el 90% del mercado nacional de combustibles (Novinite). Cuando las sanciones estadounidenses golpearon a Lukoil a finales de 2025, Bulgaria aprobó una ley de emergencia para poner la planta bajo un administrador designado por el Estado (The Moscow Times). Ese administrador, Rumen Spetsov, propuso el 17 de mayo que el Estado búlgaro compre directamente la refinería, una operación que calificó de «oportunidad histórica».

No se conoce el precio de compra, pero la factura legal ya es enorme. Litasco, el brazo comercial suizo de Lukoil, ha presentado una demanda arbitral de unos 3.000 millones de euros contra Bulgaria al considerar que la intervención estatal equivale a una expropiación (Dnes.bg). Esa reclamación acompañará a Bulgaria con independencia de quién termine siendo el propietario de la refinería. Mientras tanto, los precios de la gasolina subieron un 20% en dos meses, de 1,25 a 1,50 euros por litro (Sofia Globe). El shock de Ormuz explica una parte, pero un proveedor casi monopolístico, sin competencia interna real, tiene pocos incentivos para absorber costes.

Cuatro modelos, ninguna coordinación

Cada Estado miembro de la UE con una refinería rusa ha improvisado su propia salida. Ninguno ha seguido el mismo patrón.

Italia completó la única transferencia total. Su refinería ISAB de Priolo, en Sicilia, la mayor de Europa en un solo emplazamiento, pasó de Lukoil a un fondo registrado en Chipre, GOI Energy, en 2023, y después a la italiana Ludoil en mayo de 2026. Roma utilizó su ley Golden Power, que permite al Gobierno vetar operaciones en sectores estratégicos, para orientar el proceso sin nacionalizar formalmente la planta. El cambio del crudo ruso Urals a proveedores de 20 países distintos generó 333 millones de euros en pérdidas en 2024, y Lukoil aún reclama 150 millones de euros en daños ante los tribunales italianos.

Alemania optó por una tutela indefinida. La participación mayoritaria de Rosneft en la refinería PCK de Schwedt, que suministra cerca del 90% del combustible de Berlín, está bajo control federal desde 2022. En febrero de 2026, Berlín trasladó la base jurídica de la intervención a la ley de comercio exterior, lo que permite prolongarla sin límite claro. La ministra de Economía, Katherina Reiche, rechazó expresamente la nacionalización con el argumento de que ahuyentaría a los inversores privados del sector energético. Pero cuando Rusia cortó el tránsito de petróleo kazajo por el oleoducto Druzhba el 1 de mayo, la capacidad de Schwedt cayó al 80%, el umbral a partir del cual la operación deja de ser rentable. Rosneft sigue siendo el propietario formal, atrapada en un limbo jurídico que no satisface a nadie.

Rumanía eligió una intervención más ligera. Petrotel-Lukoil, en Ploiești, quedó bajo «supervisión estatal ampliada» en febrero de 2026, con la propiedad intacta pero las operaciones bajo control del Gobierno. Al mismo tiempo, Rumanía declaró una crisis en el mercado de combustibles, limitó los márgenes comerciales y redujo el impuesto especial sobre el diésel en 30 bani por litro hasta junio.

Hungría avanzó en la dirección contraria. Su dependencia del petróleo ruso pasó del 65% al 90% entre 2022 y 2025. Cuando el oleoducto Druzhba sufrió interrupciones en enero, Hungría consumió reservas estratégicas a tal velocidad que los días de existencias cayeron de 91 a 44 en un solo mes. El nuevo Gobierno de Magyar Péter, que hizo campaña con la promesa de reducir los vínculos energéticos con Rusia, fija ahora 2035 como fecha para la diversificación completa, ocho años después del objetivo de 2027 marcado por la UE.

Quién paga la falta de plan

Las sanciones europeas delimitan qué pueden importar los Estados miembros, pero la propiedad de las refinerías se sigue tratando como un problema nacional. El vigésimo paquete de sanciones de la UE, aprobado en abril de 2026, apuntó a los ingresos energéticos rusos y a la flota fantasma, pero no creó ningún mecanismo de desinversión coordinada. Cada país asume solo los riesgos legales y financieros, y Rusia conserva capacidad para responder caso por caso, como demostró el corte del oleoducto Druzhba.

Una crisis petrolera centrada en el estrecho de Ormuz, lejos del conflicto ruso-ucraniano que puso en marcha la desinversión, puede obligar por fin a Bruselas a construir un marco común. El ECFR ha propuesto utilizar las sanciones estadounidenses como palanca para las decisiones europeas, una recomendación que dice mucho sobre la capacidad institucional de la UE. Cuatro años después, la salida europea del refino ruso sigue siendo una suma de improvisaciones nacionales, cada una con su propia factura. El shock de Ormuz solo ha hecho que esas facturas resulten más difíciles de ignorar.