La Comisión propone limitar vetos de adhesión

El 6 de octubre, la Comisión Europea propuso que los gobiernos de la UE aprobaran por mayoría, en lugar de por unanimidad, las fases intermedias de las negociaciones de adhesión (preguntas y respuestas de la Comisión, BTA). Ningún país podría paralizar por sí solo las negociaciones de un candidato, aunque todos conservarían el veto sobre su adhesión definitiva. El cambio requiere el consentimiento de los gobiernos que perderían esa facultad. Tampoco resuelve el pulso por el bloqueo húngaro a Ucrania.

Qué veto desaparecería y cuál seguiría en pie

La entrada en la UE exige superar una larga serie de etapas. Las negociaciones se dividen en bloques temáticos. Abrir uno significa que la UE acepta que el candidato empiece a adaptar a sus normas la legislación de ese ámbito. Hasta ahora, los gobiernos nacionales debían aprobar por unanimidad tanto la apertura como el cierre provisional de cada bloque, de modo que cualquiera podía oponerse (explicación del Consejo).

La Comisión propone que esas etapas intermedias se decidan por mayoría cualificada: al menos 15 de los 27 gobiernos, que representen como mínimo el 65% de la población de la UE (artículo 16 del TUE). Un solo país ya no podría bloquearlas. La última etapa no cambiaría. El artículo 49 del Tratado de la UE sigue exigiendo una decisión unánime de los gobiernos, el consentimiento del Parlamento Europeo y la ratificación de todos los Estados miembros (artículo 49 del TUE).

La propuesta aún no está en vigor. La comisaria de Ampliación, Marta Kos, presentó una recomendación que los gobiernos todavía no han aprobado. El texto de la Comisión también deja pendientes algunos pasos jurídicos para modificar el marco de negociación de cada candidato, el conjunto de reglas que los gobiernos pactan al inicio de las conversaciones (comunicación completa).

El bloqueo de Hungría y la disputa sobre las escuelas

La actuación de Hungría muestra a qué obstáculos apunta el cambio. Según European Pravda, Budapest se negó en tres ocasiones, el 17 de julio, el 8 de septiembre y el 29 de septiembre, a aprobar la evaluación de la Comisión sobre la preparación de Ucrania en dos bloques, el paso previo a su apertura (European Pravda).

La queja húngara tiene un fundamento real. En 2017, la Comisión de Venecia del Consejo de Europa, un órgano formado por juristas constitucionalistas, criticó una ley ucraniana de educación por reducir la enseñanza secundaria en lenguas minoritarias (Comisión de Venecia). Su dictamen refleja una preocupación seria y antigua, pero no evalúa el proyecto de ley que Kiev estudia ahora.

Budapest podría estar moderando su postura. El medio húngaro Index, que cita una información del Financial Times, afirma que el primer ministro, Péter Magyar, pidió a los diplomáticos que dejaran avanzar el procedimiento. Según Index, un respaldo más amplio dependería de que Ucrania vote un proyecto de ley sobre la enseñanza en las lenguas de las minorías, previsto para el 12 de octubre (Index).

Con la votación por mayoría, Hungría ya no podría bloquear por sí sola esa etapa intermedia. La disputa sobre las escuelas seguiría abierta y Budapest conservaría el veto sobre la adhesión definitiva de Ucrania. Las reglas de votación tampoco resuelven otros obstáculos: el siguiente paso de Macedonia del Norte depende de una reforma constitucional que reconozca a los búlgaros como minoría, condición fijada en un acuerdo del Consejo de 2022 que solo puede cumplir el Parlamento de Skopie (conclusiones del Consejo).

Quién tiene que dar el visto bueno

La propuesta combina unas negociaciones más ágiles con una supervisión más estricta tras la adhesión. Durante los 15 años posteriores a su entrada, un nuevo Estado miembro que incurriera en una infracción grave de los valores de la UE podría afrontar sanciones, incluida la pérdida del derecho de voto en el Consejo (comunicación completa). Una vez constatada la infracción, las sanciones se aplicarían automáticamente, salvo que una mayoría cualificada votara en contra.

El procedimiento actual funciona al revés. El artículo 7, el instrumento de la UE para sancionar el deterioro democrático, exige que los gobiernos se pongan de acuerdo antes de actuar. En 2025, el Parlamento Europeo señaló que el expediente abierto a Hungría en virtud de ese artículo había acumulado nueve audiencias desde 2018 sin que se hubiera declarado formalmente la existencia de un riesgo (Parlamento Europeo). Kos defendió que el límite de 15 años impediría que los nuevos miembros quedaran relegados de forma permanente a una posición de segunda categoría (Guardian).

El cambio en la votación depende de que los gobiernos acepten renunciar a una herramienta que han utilizado. Sus posiciones iniciales difieren. El Gobierno neerlandés apoya garantías más estrictas, pero el ministro de Exteriores, Tom Berendsen, dijo el 29 de septiembre ante el Senado que La Haya quiere mantener la unanimidad en las decisiones importantes sobre adhesión (Eerste Kamer). No aclaró si considera que abrir un bloque es una decisión importante. Hasta que los gobiernos aprueben el cambio y Kiev responda a la objeción sobre las escuelas, el veto que Hungría utilizó este verano seguirá vigente.