El Congreso frena motores para Turquía

El Gobierno de Estados Unidos notificó al Congreso el 24 de junio su intención de vender a Turquía motores General Electric F110 para el caza KAAN, el avión de combate que Ankara desarrolla con industria propia, en una operación valorada en unos 700 millones de dólares, según ProtoThema. Días después, la congresista demócrata Dina Titus presentó una resolución para bloquear la venta.

El pulso parece limitado, pero obliga a Washington a elegir entre dos señales con efectos directos en Europa: utilizar las exportaciones de defensa para mantener a Turquía dentro de las cadenas de suministro occidentales, o sostener el castigo impuesto tras la compra por Ankara del sistema ruso de defensa antiaérea S-400. Cada opción altera la posición de seguridad de un aliado distinto.

Qué puede hacer realmente el Congreso

Estados Unidos vende armamento a sus aliados a través del programa Foreign Military Sales, el canal gubernamental de exportación de defensa. Tras la notificación, el Congreso puede intentar frenar la operación. Titus ha recurrido al procedimiento disponible: una resolución conjunta de desaprobación, que fuerza una votación sobre si debe bloquearse una venta ya comunicada (ProtoThema, CRS).

La herramienta parece contundente. En la práctica, rara vez lo es. La resolución debe aprobarse en la Cámara de Representantes y en el Senado. El presidente puede vetarla. Para levantar ese veto se necesita una mayoría de dos tercios en ambas cámaras (CRS). El Congreso casi nunca alcanza ese umbral. Su poder real es indirecto: obliga a debatir, eleva el coste diplomático y condiciona las operaciones que una Administración se atreve a plantear después.

La venta de motores y un posible regreso de Turquía al F-35 pertenecen, además, a calendarios distintos. El KAAN sigue siendo un prototipo que no puede convertirse en un caza creíble sin motores, acceso a la cadena de suministro y años de pruebas (El Confidencial). Restituir el acceso turco al F-35 exigiría una decisión de confianza mucho mayor, porque supondría revertir la expulsión de Ankara del programa en 2019. En el registro público de la DSCA no consta ninguna notificación formal sobre F-35 para Turquía.

La trampa del S-400

La compra turca del sistema ruso de misiles S-400 sigue siendo el punto que bloquea todo lo demás. Washington expulsó a Turquía del programa F-35 en 2019 con el argumento de que la presencia de equipos rusos de defensa antiaérea cerca de las operaciones del avión podía exponer las capacidades furtivas del caza (White House). En diciembre de 2020, Estados Unidos sancionó a la autoridad turca de adquisiciones de defensa en virtud de la CAATSA, la ley que penaliza operaciones relevantes de defensa con Rusia (State Department).

Aquellas sanciones crearon un problema de credibilidad. Si Washington autoriza ahora exportaciones avanzadas sin una solución verificada para los S-400, transmitirá que las sanciones pueden negociarse cuando un aliado resulta suficientemente útil desde el punto de vista estratégico. Los críticos griegos y chipriotas insisten en ese punto: el debate sobre el bloqueo no se limita a unos motores, sino a si la aplicación de las sanciones significa algo mientras el expediente del S-400 siga abierto (Capital, CNA).

Europa lee el mismo expediente desde puntos de partida distintos

Los aliados europeos no comparten una sola política hacia Turquía porque no asumen los mismos riesgos.

Grecia observa el asunto desde el equilibrio aéreo en el Egeo. Atenas ha comprado 18 cazas Rafale a Francia y ha obtenido la aprobación de Estados Unidos para adquirir hasta 40 F-35 (Dassault Aviation, DSCA). Mientras Turquía siga fuera del F-35, Grecia conserva una ventaja aérea. Si Ankara recupera el acceso, esa ventaja se estrecha.

Alemania parte de la utilidad turca para la OTAN. Ankara cuenta con el segundo mayor ejército de la Alianza, controla el Bósforo y ha suministrado drones a Ucrania (FAZ). La prensa alemana presenta los motores para el KAAN como una concesión más limitada que el acceso al F-35, que sigue siendo una cuestión de confianza mucho más delicada (merkur.de).

España añade un ángulo revelador. Después de que el proyecto franco-alemán-español del futuro avión de combate europeo, el FCAS, encallara por disputas sobre la autoridad de diseño y el reparto industrial, Madrid exploró contactos preliminares sobre el KAAN, aunque las informaciones subrayaban que el aparato está demasiado inmaduro para las necesidades españolas de aviación embarcada (El Confidencial). Ese interés no convierte al KAAN en una alternativa válida. Sí muestra cómo los problemas de los programas europeos de cazas hacen que incluso un prototipo pueda servir como ficha política de negociación.

Lo que aún no ha ocurrido

No ha aparecido ningún plan verificado para retirar o neutralizar los S-400. No existe una notificación formal sobre F-35 para Turquía. Tampoco se conoce públicamente una propuesta turca detallada para resolver las condiciones que llevaron a la expulsión de Ankara en 2019 (Haberler, Jerusalem Post).

Sin esos elementos, la batalla por los motores es un choque previo a la decisión mayor sobre el F-35. El argumento de mantener a Turquía atada a Occidente tiene peso: los motores estadounidenses conservarían a Ankara dentro de las cadenas de suministro occidentales y darían a Washington capacidad de presión durante años. El argumento contrario no es menor: debilitar la CAATSA enseña a todos los aliados que basta con esperar a que las sanciones pierdan fuerza. Pase o no la resolución de Titus, su función es encarecer cualquier movimiento futuro sobre el F-35 y forzar a Washington a decidir qué señal le importa más, la que se recibe en Atenas o la que se recibe en Ankara.