Rumanía encalla su contrato armamentístico de €8.33bn

Rumanía tiene nueve días para firmar 8.330 millones de euros en contratos militares bajo el nuevo programa europeo de préstamos para defensa SAFE (Reuters vía MarketScreener). El obstáculo no está en Bruselas ni en la industria, sino en una impugnación constitucional contra el marco legal que debe permitir esas compras. Si vence el plazo del 31 de mayo sin firma, Bucarest perderá la posibilidad de exigir que la mitad del equipamiento se fabrique en territorio rumano.

Qué ofrece SAFE y qué se pierde con el plazo

SAFE (Security Action for Europe) funciona con una lógica parecida a la del fondo europeo de recuperación tras la pandemia: la Comisión Europea se endeuda en los mercados de capitales aprovechando su máxima calificación crediticia y presta después ese dinero a los Estados miembros a un coste muy inferior al que pagarían por su cuenta. Para Rumanía, eso supone un interés cercano al 3%, frente al entorno del 7% que afronta cuando emite su propia deuda soberana (Centre for European Reform). Los préstamos tienen un vencimiento de 45 años y diez años de carencia, de modo que no habría que empezar a devolver principal hasta alrededor de 2036 (Breaking Defense).

Dieciocho Estados miembros han recibido luz verde para una suma conjunta de unos 131.000 millones de euros. Polonia, el mayor prestatario, con 43.700 millones, firmó su acuerdo el 8 de mayo (Notes from Poland). Rumanía ocupa el segundo lugar, con 16.680 millones (milmag.pl).

A partir del 31 de mayo, los países solo podrán adquirir material mediante compras conjuntas con al menos otro Estado socio. El ministro de Economía, Irineu Darău, lo expresó sin rodeos: después de esa fecha, «ya no tendremos una voz tan fuerte sobre la producción en Rumanía» (Mediafax). La contratación conjunta reduce la capacidad de un solo país para imponer fábricas locales.

Un Gobierno caído y una ley tramitada a toda prisa

El Parlamento rumano aprobó el 29 de abril el primer paquete de 15 o 16 programas de defensa. Pocos días después, una coalición opositora derribó al Gobierno del primer ministro Ilie Bolojan con 281 votos en una moción de censura celebrada el 5 de mayo (Agerpres). En sus últimos días, el Ejecutivo en funciones aceleró el marco legal necesario para firmar los contratos de SAFE, pero introdujo enmiendas de última hora después de que la sesión formal hubiera concluido.

Esas adiciones son ahora el núcleo de la impugnación constitucional. El PSD, los socialdemócratas que encabezaron la moción de censura, sostiene que el Gobierno en funciones se extralimitó al legislar una vez cesado. El Defensor del Pueblo presentó una objeción separada. El PSD afirma que apoya el programa SAFE, pero considera ilegal el procedimiento. El resultado es una incertidumbre jurídica abierta cuando apenas quedan días para un plazo cerrado.

Quién se lleva los contratos y qué fabricará Rumanía

Los contratos aprobados favorecen sobre todo a la alemana Rheinmetall, que concentra alrededor del 68% del primer tramo de 8.330 millones de euros, con 232 vehículos de combate de infantería Lynx, baterías de defensa aérea Skynex, buques patrulleros y munición (HotNews). La empresa estatal rumana de armamento, ROMARM, ha advertido de que «el simple montaje bajo licencia no desarrolla la industria» (Adevărul). Bolojan prometió al menos un 50% de producción local. La diferencia entre ensamblar piezas y recibir una transferencia tecnológica real sigue sin resolverse.

Un patrón dentro del programa

La carrera contrarreloj de Rumanía no es un caso aislado. Italia, con 14.900 millones asignados, aún no ha firmado. La primera ministra Giorgia Meloni envió el 17 de mayo una carta a la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, en la que condicionaba la participación italiana a una mayor flexibilidad fiscal para el gasto energético (Il Politico Web). La Comisión lo rechazó. Los 16.200 millones de Hungría siguen sin aprobación (The Defense Post).

El diseño premia a los Gobiernos estables con administraciones capaces de cerrar compras complejas con rapidez y asegurar retornos industriales nacionales. Los Ejecutivos fragmentados consumen el margen político y administrativo antes de llegar a la firma. Rumanía, con calificación BBB- y perspectiva negativa tanto por S&P como por Fitch (Economica.net), añadirá 16.680 millones de euros a una deuda pública que ya se acerca al límite del 60% del PIB fijado en Maastricht, el umbral a partir del cual aumenta la presión europea para ajustar el gasto.

El Tribunal Constitucional decidirá ahora si Rumanía llega a tiempo al 31 de mayo. Los contratos están redactados. El dinero está disponible. Cada día sin resolución desplaza capacidad de negociación desde Bucarest hacia Bruselas, y desde las fábricas rumanas hacia líneas de ensamblaje extranjeras.