La corrupción costó a Hungría el 20%

Una quinta parte del presupuesto anual de Hungría se perdió en circuitos de corrupción durante los años de Viktor Orbán, según Ferenc Bíró, presidente de la Autoridad de Integridad, el organismo anticorrupción que la UE obligó a Budapest a crear en 2022 como condición para liberar fondos congelados. Bíró calcula la pérdida total en unos 168.000 millones de euros en 16 años, una «estimación profesional», no una cifra auditada. Días después de hacerlo público, la Comisión Europea desbloqueó 16.400 millones de euros para el nuevo Gobierno húngaro, condicionados a reformas que deben completarse antes del 31 de agosto. El mecanismo de condicionalidad de la UE permite congelar fondos cuando las vulneraciones del Estado de derecho amenazan los intereses financieros europeos. Lo que no tiene es una herramienta eficaz para comprobar, una vez transferido el dinero, si las reformas se aplican de verdad.

Equipos de escucha y órdenes discutidas

Bíró señala una reunión celebrada en marzo de 2024 en el Ministerio de Justicia húngaro como ejemplo de cómo gestionaba el Gobierno de Orbán la supervisión externa. Según su relato, el ministro de Justicia, Bence Tuzson, y el ministro de Asuntos Europeos, János Bóka, le ordenaron detener las inspecciones sobre el terreno y certificar ante Bruselas que Hungría había cumplido los hitos de reforma, aunque no fuera así. Sobre la mesa había equipos militares contra escuchas. Bíró se negó.

Los dos ministros rechazan esa versión. Tuzson admite que la reunión existió, pero sostiene que se trató de una discusión sobre competencias, no de una orden para frenar investigaciones. No hay acta escrita. Bíró, por su parte, considera que los cargos penales presentados contra él por uso indebido de un vehículo oficial son una represalia política.

Una palanca que funciona una vez

La condicionalidad produjo efectos reales. Bruselas congeló 6.300 millones de euros en fondos de cohesión en diciembre de 2022, lo que estrechó el margen de gasto preelectoral de Orbán. Esa presión financiera ayudó a crear las condiciones para la victoria de Péter Magyar en abril de 2026.

El problema aparece después del cambio político. La Comisión tiende a liberar fondos antes de verificar que las reformas se han aplicado. En diciembre de 2023 desbloqueó 10.200 millones de euros para el propio Gobierno de Orbán después de que Hungría aprobara sobre el papel varias leyes de reforma judicial. El Parlamento Europeo recurrió aquella decisión ante los tribunales. El principal asesor jurídico del Tribunal de Justicia de la UE recomendó anularla al considerar que la Comisión había pagado antes de que las reformas entraran en vigor. La sentencia, prevista para este año, medirá si la condicionalidad es un estándar jurídico o una moneda de negociación política.

Una vez transferido el dinero, no se activa ningún mecanismo de seguimiento. La presión financiera puede reforzar un cambio político interno, pero no sostiene por sí sola una reforma institucional después del desembolso.

El eco en el país vecino

El patrón ya resuena más allá de Hungría. En mayo, el Parlamento Europeo aprobó por 347 votos frente a 165 una resolución que planteaba preocupaciones sobre el Estado de derecho en Eslovaquia bajo Robert Fico. Fico ha desmantelado la Fiscalía Especial eslovaca y ha reducido las penas por corrupción, siguiendo una hoja de ruta que Orbán ya había ensayado. La Fiscalía Europea, el organismo independiente de la UE que investiga el fraude contra los fondos comunitarios, mantiene 149 investigaciones activas en Eslovaquia con daños estimados por encima de los 1.000 millones de euros.

Los frentes abiertos en Hungría siguen siendo difíciles de ordenar. El plazo del 31 de agosto exige cumplir 27 hitos de reforma que los propios funcionarios describen como poco realistas. Si no se alcanza, Hungría perderá de forma permanente el tramo de 10.000 millones de euros del fondo de recuperación.

El Gobierno de Magyar ha anunciado que Hungría se incorporará a la Fiscalía Europea con capacidad para investigar delitos cometidos desde 2021. Pero el reglamento de la Fiscalía Europea establece su jurisdicción hacia adelante, no hacia atrás. Aún no se ha comprobado si una persecución retroactiva de la corrupción de la era Orbán resistiría una impugnación judicial.

La Autoridad de Integridad de Bíró tampoco puede presentar acusaciones. Investiga, documenta y recomienda. Las imputaciones dependen de fiscales y tribunales cuya independencia aún está por demostrar. La UE exigió la creación del organismo, pero nunca le dio poder para actuar sobre lo que encontrara.

Después del desembolso no hay una revisión prevista. Tampoco un disparador automático para volver a congelar fondos. La fuerza del mecanismo de condicionalidad termina en el momento en que se completa la transferencia.