Croacia exige cerrar brechas policiales

En Amberes, las redes criminales llegaron a sacar contenedores de cocaína con un simple código PIN. Bastaban un trabajador portuario, un contacto corrupto en la cadena logística y un número de seis dígitos para que la droga saliera de uno de los puertos más activos de Europa dentro de un envío legal. Las aduanas belgas y el Puerto de Amberes-Brujas acabaron sustituyendo ese sistema por un proceso digital seguro de liberación de contenedores. Pero el problema de fondo nunca fue solo la seguridad de un puerto. Era que aduanas, policía, operadores portuarios y Europol tenían piezas distintas del mismo mapa, sin un marco legal lo bastante ágil para encajarlas a tiempo.

El ministro croata del Interior, Davor Bozinovic, está presionando ahora para que Europa cierre esa brecha práctica. Bozinovic ha pedido a los Estados miembros que alimenten con más datos los sistemas de Europol y Schengen, y que aprovechen plenamente tecnologías fronterizas como el Sistema de Entradas y Salidas, que registra cuándo los viajeros de fuera de la UE cruzan las fronteras exteriores, y el SEIAV, el sistema europeo de información y autorización de viajes para visitantes exentos de visado (Avaz). No plantea crear una nueva base de datos policial europea. Presiona a los gobiernos para que usen con más intensidad las que ya existen. No se ha publicado, por ahora, ningún borrador legislativo que acompañe esa ofensiva.

Lo que demuestra Amberes

Bélgica convierte el debate en algo muy concreto. Europol ha advertido de que las redes criminales se infiltran en los grandes puertos europeos a través de trabajadores corruptos y facilitadores logísticos, porque su objetivo no es solo la mercancía, sino las personas y los puntos de acceso. Las autoridades belgas habrían incautado 55 toneladas de cocaína el año pasado, aunque los propios responsables admiten que volúmenes mayores pasan sin ser detectados (Brussels Times). Las aduanas belgas sostienen que las incautaciones en Amberes cayeron casi un 70% en la primera mitad de 2026, pero esa cifra mide lo que se intercepta, no lo que consigue entrar (21News).

La Alianza Europea de Puertos, lanzada en enero de 2024 como una colaboración público-privada entre Estados miembros, operadores portuarios y agencias de la UE, es la principal respuesta de la Comisión (Comisión Europea, Consejo de la UE). La lógica es sencilla: si los controles más estrictos en Amberes empujan a los traficantes hacia Róterdam o El Pireo, las soluciones nacionales desplazan el problema en lugar de resolverlo. Suiza se sumó a la alianza por el mismo motivo: la logística de la droga no se detiene en las fronteras de la UE (Tio.ch).

La maquinaria existe. Las llaves las tienen los gobiernos nacionales.

Europa ya cuenta con bases de datos policiales y fronterizas capaces de hacer buena parte de lo que reclama Bozinovic. El Sistema de Información de Schengen (SIS) funciona como una red de alertas en tiempo real sobre personas buscadas y objetos. Prüm II permite a las policías nacionales realizar búsquedas automatizadas en bases de ADN, huellas dactilares e imágenes faciales de otros Estados miembros, con acceso a más detalles solo cuando hay una coincidencia (Reglamento Prüm II). Europol analiza y coordina, pero no puede dirigir a las fuerzas nacionales (Reglamento de Europol).

Estos sistemas ya pueden comunicarse técnicamente entre sí, pero cada uno está sujeto a reglas legales precisas sobre quién puede usar los datos y con qué finalidad. Una base de datos fronteriza no puede convertirse sin más en una red policial de vigilancia general (Reglamento de interoperabilidad).

El cuello de botella no es la falta de tecnología. Las policías nacionales, las aduanas y las agencias fronterizas deciden qué información entra en esos sistemas, con qué rapidez y con qué grado de exhaustividad. El verdadero objetivo de Bozinovic es la distancia entre lo que esas herramientas pueden hacer y lo que los gobiernos realmente introducen en ellas.

Alemania muestra por qué «compartir más» tiene límites

Alemania ilustra por qué cerrar esa brecha resulta más difícil de lo que parece. Berlín impulsa una reforma de la policía federal que introduciría reconocimiento facial en tiempo real con apoyo de inteligencia artificial en estaciones de tren, aeropuertos y zonas fronterizas (DW). Organizaciones alemanas de derechos digitales han vinculado estas propuestas con anteriores recursos constitucionales en los que los tribunales consideraron desproporcionados ciertos poderes amplios de integración de datos policiales (Digitalrechte). La propia Ley de Inteligencia Artificial de la UE solo permite la identificación biométrica en tiempo real en espacios públicos bajo excepciones policiales muy tasadas (Ley de IA), y un uso nacional expansivo podría acabar de nuevo ante los tribunales (T-Online).

La objeción alemana no se dirige contra Europol o el SIS como tales. Apunta a los archivos policiales nacionales y a las herramientas de vigilancia que alimentan los sistemas europeos. Cuando los gobiernos amplían en el ámbito interno la comparación biométrica y el análisis con IA, y después conectan esos resultados a los canales de cooperación transfronteriza, las garantías legales que hacen controlable el poder policial empiezan a tensionarse.

Hay una ausencia que atraviesa todo este debate: casi no existe una voz pública que represente a las personas cuyos datos alimentan estos sistemas. Trabajadores portuarios sometidos a controles de seguridad, viajeros registrados en sistemas de entrada y salida, sospechosos señalados por coincidencias automatizadas: todos aparecen en la arquitectura como entradas de datos, no como participantes en la conversación sobre su gobernanza.

Bozinovic acierta al señalar que las redes criminales cruzan fronteras más rápido de lo que las policías comparten inteligencia. La experiencia de los puertos belgas demuestra el coste de la fragmentación. Pero el debate constitucional alemán demuestra algo igual de importante: el problema europeo ya no consiste solo en cuántos datos policiales circulan entre fronteras, sino en quién controla las garantías cuando esos datos empiezan a moverse más deprisa.