El cable chipriota espera a Grecia

En algún punto entre Creta y Chipre, un buque de prospección espera autorización para avanzar. El aviso marítimo que despejaría su ruta aún no se ha emitido. Hasta que llegue, el proyecto eléctrico submarino más ambicioso de Europa seguirá donde lleva dos años: detenido en la orilla por una disputa de soberanía que nadie ha resuelto.

El cable, el vacío y el barco bloqueado

El Great Sea Interconnector (GSI) está pensado para poner fin al aislamiento de Chipre, el único Estado miembro de la UE sin conexión eléctrica con la red europea. El cable recorrería 1.208 kilómetros entre Creta y Chipre, a profundidades cercanas a los 3.000 metros, con un coste estimado de 1.900 millones de euros (Enerdata). La Comisión Europea lo declaró Proyecto de Interés Común y comprometió casi 658 millones de euros a través del Mecanismo Conectar Europa, su programa de financiación de infraestructuras (Euronews, Cyprus Mail).

Se ha completado alrededor del 60% de la cartografía del fondo marino. El 40% restante atraviesa aguas que reclaman tanto Grecia como Turquía (Greek News Agenda). Ese tramo concentra todo el problema. En julio de 2024, cuando un buque de prospección con bandera italiana entró en el corredor al sur de Kasos y Kárpatos, Turquía desplegó buques de guerra y la nave se detuvo. Desde entonces no se ha avanzado en los estudios (DW).

Francia compró una participación, no una garantía

El 5 de agosto, el inversor francés en infraestructuras Meridiam adquirió el control mayoritario de la sociedad del proyecto. IPTO, el operador griego de la red eléctrica, conserva la dirección técnica de la ingeniería (Prime Minister of Greece). Otro acuerdo entre IPTO y el fabricante francés de cables Nexans, que ya tiene un contrato por unos 1.430 millones de euros, cubre los estudios del fondo marino que deben realizarse antes de tender el cable (Energynews.pro, Powergame).

París tiene ahora capital, contratos industriales y exposición diplomática vinculados al cable. Según varias informaciones, el primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, el presidente chipriota, Nikos Christodoulides, y el presidente francés, Emmanuel Macron, abordaron la posibilidad de acelerar el aviso marítimo cuando estén listas las decisiones operativas (Cyprus Mail). En medios griegos circularon especulaciones sobre una escolta naval francesa, pero París, Atenas y Nicosia no lo han confirmado oficialmente (RUA). El dinero francés eleva el coste político de bloquear el proyecto. No deja a Grecia vía libre para enviar el barco (Kathimerini).

Ankara no ha cambiado de posición. Los responsables turcos sostienen que cualquier trabajo en el fondo marino de las aguas que Turquía reclama requiere permiso turco (Hürriyet). La disputa jurídica es real. Grecia y Chipre, amparándose en la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, el tratado que regula la jurisdicción marítima, defienden que las islas generan zonas económicas exclusivas. Turquía, que no ha firmado esa convención, sostiene que no ocurre así cuando esas zonas se solapan con la plataforma continental de un territorio continental. Según la interpretación turca, las aguas entre Creta y Chipre son turcas. Según la griega, las zonas de Grecia y Chipre se encuentran. Un estudio del fondo marino no es un acto neutro en este contexto: ayuda a fijar una ruta que una de las partes podría presentar después como validación de sus reivindicaciones marítimas. La intervención turca de 2024 mostró que Ankara considera el permiso de prospección como el umbral operativo (Daily Sabah).

Chipre paga más y ve menos

Chipre asumiría el 63% del coste del cable, unos 786 millones de euros, porque es el último mercado eléctrico aislado de la UE (Euronews). De los 251 millones de euros que IPTO afirma haber gastado ya, el regulador energético chipriota solo consideró recuperable el 32% (ProtoThema). El líder opositor Stefanos Stefanou ha preguntado al ministro de Finanzas cómo afecta la entrada de Meridiam al coste total, la viabilidad del proyecto y la carga para los consumidores. La pregunta tiene sentido: los contribuyentes y usuarios chipriotas financian un cable cuyo siguiente paso físico depende de una confrontación que no controlan.

ENTSO-E, el organismo que coordina a los operadores europeos de redes eléctricas, confirmó en abril que el GSI es el único interconector reconocido para Chipre. Se negó a considerar cualquier alternativa que pasara por Turquía o por el norte de Chipre (ENTSO-E). La Comisión afirma que su compromiso es «clarísimo». El aviso marítimo que pondrá a prueba esa claridad se espera hacia octubre.

Bruselas ha destinado casi 658 millones de euros a designar, financiar y planificar un cable cuyo siguiente paso exige que un buque de prospección entre en aguas donde un Estado no perteneciente a la UE envió buques de guerra hace dos años. Hasta ahora, la Comisión ha tratado el GSI como un proyecto energético. El próximo aviso marítimo mostrará si está dispuesta a tratarlo también como un problema de soberanía.