Chipre asume el 63% del cable

Un grupo bipartidista de legisladores estadounidenses ha pedido al secretario de Estado, Marco Rubio, y al responsable de la DFC, Ben Black, que den prioridad al Great Sea Interconnector, el cable eléctrico submarino proyectado para conectar Grecia, Chipre e Israel (Schneider House, Protothema). Washington ha aportado impulso político, pero no financiación, ni garantías de préstamo, ni permisos de construcción. Entre el punto actual y el día en que circule electricidad por el cable queda una pregunta central: quién paga. Y esa pregunta sigue sin respuesta.

El proyecto cuenta ya con muchos apoyos políticos. Bruselas lo ha clasificado como proyecto transfronterizo prioritario y ha comprometido alrededor de 657 millones de euros en subvenciones (CINEA, EUR-Lex). El inversor francés en infraestructuras Meridiam firmó el 5 de agosto la adquisición de una participación mayoritaria del 66% (Greek Prime Minister). ADMIE, el operador de la red eléctrica griega, conserva el 34% y el liderazgo técnico, y presentó el 13 de agosto ante los reguladores la solicitud de inversión para el tramo Chipre-Israel (ADMIE). Como contamos la semana pasada, esa presentación puso en marcha el calendario de autorizaciones necesario antes de cualquier decisión final de inversión. Lo que falta no son avales. Falta saber con claridad cuánto se cargará a los consumidores de electricidad.

Por qué el cable tiene sentido económico

Chipre es uno de los últimos Estados miembros de la UE sin conexión física con la red eléctrica de ningún vecino. Ese aislamiento obliga a la isla a afrontar por sí sola cada caída de suministro y cada pico de demanda, lo que encarece los sistemas de respaldo y limita la cantidad de energía solar y eólica que puede absorber. El cable conectaría primero Chipre con Grecia y después con Israel. La capacidad prevista es de 1.000 MW, a lo largo de unos 1.200 kilómetros (ADMIE, OT). Chipre podría importar electricidad más barata cuando la oferta local sea insuficiente y exportar excedentes renovables. La utilidad del proyecto aumenta a partir de 2029, cuando la isla podría perder una parte relevante de su capacidad convencional de generación (Cyprus Mail).

La lógica económica se sostiene. El problema está en todo lo que separa esa lógica de la puesta en servicio.

La factura llega antes que la electricidad

La disputa más delicada gira en torno a la recuperación de costes: quién paga la construcción del cable y qué parte acaba trasladándose a la factura eléctrica. En el tramo Grecia-Chipre, los costes se reparten en un 63% para Chipre y un 37% para Grecia. Eso deja a los consumidores chipriotas con la mayor parte de la carga regulada. Y el regulador energético de Chipre, CERA, está poniendo límites. De los 251 millones de euros que ADMIE asegura haber gastado ya, CERA solo ha reconocido un 32% como recuperable a través de los peajes de red (Protothema, Politis). En la práctica, CERA se niega a permitir que ADMIE cargue en las facturas la mayor parte del gasto declarado. Nicosia sostiene que no hará más pagos, más allá de un acuerdo intergubernamental de 125 millones de euros, antes de que el cable esté en funcionamiento (Capital.gr).

A los inversores privados, mientras tanto, se les habría prometido una rentabilidad permitida del 8,3%, más una prima del 3,7%, garantizada durante 17 años (Kathimerini, Les Echos). Esos retornos se financiarían, en última instancia, mediante los mismos peajes de red que pagan los usuarios. La bajada de la factura no se deriva automáticamente del proyecto: dependerá de que los reguladores fijen la recuperación de costes en un nivel que aún permita trasladar a los hogares el beneficio de importar electricidad más barata.

La financiación tampoco está cerrada. El ministro chipriota de Energía, Michael Damianos, calificó la entrada de Meridiam como un voto de confianza, pero señaló que cualquier participación accionarial del Estado queda pendiente del estudio de diligencia debida del Banco Europeo de Inversiones (Marine Cyprus, Sigmalive). Días después de la firma de Meridiam, siguen sin publicarse el precio de adquisición, el compromiso de capital y el reparto de posibles sobrecostes. Los partidos chipriotas AKEL y DISY han exigido transparencia antes de que Chipre asuma nuevas obligaciones (PafosNet, Philenews), y la operación no se ha notificado formalmente a la Comisión Europea para su examen de competencia (CNA).

La preparación de las obras añade otro riesgo. Nexans tiene un contrato para el cable valorado, según las informaciones disponibles, en unos 1.430 millones de euros más IVA, con 251,4 millones ya abonados y 160 kilómetros de cable fabricados a finales de 2024, pero aún sin una orden completa para proceder (Capital.gr). Los estudios del fondo marino no se han reanudado; tampoco se han confirmado las informaciones sobre un aviso marítimo que autorizaría esos trabajos (Cyprus Mail). El Tribunal de Cuentas Europeo ha advertido de que los proyectos eléctricos transfronterizos suelen sufrir retrasos (European Court of Auditors). El riesgo concreto es que los consumidores empiecen a pagar peajes de red para cubrir costes de construcción antes de que el cable aporte electricidad más barata o un suministro más seguro.

La carta del Congreso estadounidense menciona a la DFC, la agencia de financiación para el desarrollo de Estados Unidos, pero no se ha anunciado ninguna decisión de su consejo, ninguna hoja de condiciones ni ningún proceso de diligencia debida (Schneider House). El respaldo existe. El dinero, no.

Quién gana y quién pierde

Si el cable funciona como está previsto, los usuarios chipriotas ganarán seguridad de suministro y opciones de importación. Grecia se convertirá en el puente de la UE para los flujos eléctricos del Mediterráneo oriental. Meridiam y sus inversores obtendrán un activo regulado de infraestructuras con retornos garantizados durante casi dos décadas. La coalición en torno al GSI es ya más amplia que nunca: Atenas, Nicosia, Bruselas, París, Washington, ADMIE, Meridiam y Nexans. Falta la parte que decidirá si esto acaba siendo infraestructura o una disputa de costes: los reguladores que deben aprobar cuánto pagan los consumidores.