Chipre afronta la factura del cable

ADMIE, el operador griego de transporte eléctrico, ha pedido a los reguladores energéticos de Chipre e Israel que empiecen a decidir cómo se repartirán entre los consumidores de ambos países los costes de construcción del tramo chipriota-israelí del Great Sea Interconnector (ADMIE, Cyprus Mail). El cable submarino previsto conectaría Grecia, Chipre e Israel en un único enlace eléctrico. La solicitud desplaza el proyecto desde el terreno cómodo del respaldo político hacia una cuestión más áspera: qué recibos de la luz subirán y en qué medida.

No se trata del inicio de las obras ni de un compromiso cerrado de financiación. Se pide a los reguladores que determinen cómo se repartirá la factura y qué parte podrá recuperarse mediante las tarifas eléctricas, es decir, los cargos por kilovatio hora que ya pagan los consumidores (Euronews Greece). Puede parecer un trámite, pero es el paso que decide si el proyecto avanza o queda encallado. Sin una decisión tarifaria, los prestamistas no tienen garantías de cobro; con ella, los ingresos futuros adquieren la previsibilidad suficiente para atraer financiación.

Por qué la decisión tarifaria pesa más que el cable

El mecanismo funciona de forma bastante directa. Los reguladores de cada país aprueban un reparto de costes, y ese reparto determina cuánto podrá cobrar cada operador de red a los consumidores a lo largo del tiempo. Esos pagos futuros garantizados son lo que bancos e inversores examinan antes de prestar miles de millones para la construcción. Si el reparto no está claro, o si uno de los países lo rechaza, el proyecto se detiene aunque acumule declaraciones políticas favorables.

El tramo entre Chipre e Israel tendría 1.000 MW de capacidad a lo largo de unos 324 kilómetros de cable submarino, en aguas de gran profundidad, un dato relevante porque los cables en aguas profundas son mucho más caros de estudiar, tender y reparar (Kathimerini Greece). El tramo más amplio entre Grecia y Chipre se extiende unos 1.208 kilómetros, con un coste estimado de alrededor de 1.900 millones de euros, compensado en parte por unos 657 millones de euros de cofinanciación europea a través del Mecanismo Conectar Europa, el programa de la UE para infraestructuras transfronterizas (Enerdata, CINEA).

ADMIE sostiene que su análisis coste-beneficio considera viable la interconexión «en todos los escenarios examinados», pero el estudio completo no se ha publicado. Tampoco se conocen el coste de capital del tramo Chipre-Israel, el porcentaje de reparto propuesto ni una estimación del impacto sobre la factura de los consumidores (Philenews).

Chipre gana más y asume más riesgo

La solicitud llegó una semana después de que el inversor francés en infraestructuras Meridiam tomara una participación mayoritaria del 66% en la sociedad del proyecto, mientras ADMIE conserva el 34%. La operación aportó capital privado y un inversor de largo plazo con credibilidad, dos elementos que el proyecto no tenía hasta ahora (EnergyNews).

La prensa griega interpretó la solicitud como una señal de impulso. En Chipre, la reacción fue más fría. El ministro de Energía, Michalis Damianos, afirmó que Nicosia esperará a la diligencia debida del Banco Europeo de Inversiones antes de decidir si participa como accionista o acepta las conclusiones sobre los costes (Politis, Times of Israel). El partido opositor AKEL reclamó la publicación íntegra de los términos del acuerdo con Meridiam y de sus efectos sobre los consumidores antes de asumir nuevos compromisos (Kathimerini Cyprus).

La cautela tiene una base concreta. Chipre es el único Estado miembro de la UE sin interconexión eléctrica con otro país, lo que le obliga a generar toda su electricidad, por lo general con combustible importado caro. Acabar con ese aislamiento es la gran promesa del cable, pero también coloca a Chipre en una posición negociadora más débil: es quien más puede ganar y, por tanto, quien más presión tiene para aceptar el coste. Un informe sitúa el posible reparto del tramo Grecia-Chipre en un 63% para los consumidores chipriotas y un 37% para los griegos, aunque ninguno de los dos reguladores ha confirmado esa proporción (Serbia Energy). Si se confirma, los hogares chipriotas quedarían expuestos a una subida tarifaria real si los costes se disparan o si la electricidad más barata llega más tarde de lo previsto.

Lo que queda abierto

El proyecto cuenta ahora con dos elementos que no tenía hace un año: un patrocinador de capital privado dispuesto a aportar recursos propios y una solicitud formal que obliga a los reguladores a responder por escrito a la cuestión de los costes. Eso hace que el Great Sea Interconnector sea más financiable que en cualquier momento anterior. No significa que ya esté financiado. Ninguna comunicación pública de Meridiam detalla su calendario de pagos, las cláusulas sobre sobrecostes ni las condiciones para cerrar la operación (Marine Cyprus). Los estudios del lecho marino siguen incompletos. Las objeciones de Turquía en el Mediterráneo oriental continúan pesando sobre las rutas de tendido del cable (Capital).

La prueba real será si los reguladores chipriotas aceptan un reparto de costes que cargue la mayor parte sobre sus consumidores. Esa cifra acabará apareciendo en la factura de la luz.