El cable de Chipre, sin red financiera

El Parlamento chipriota supo el 8 de septiembre que el Great Sea Interconnector, el cable eléctrico submarino que conectaría por primera vez la isla con la red europea, costará mucho más de lo presupuestado. Hasta ahora se manejaba una cifra de 1.900 millones de euros, pero Neofytos Chatzigeorgiou, miembro del consejo de la Autoridad Reguladora de Energía de Chipre (CERA), situó el coste probable más cerca de los 3.000 millones (Philenews). El ministro de Finanzas, Makis Keravnos, explicó el desfase: la estimación anterior cubría principalmente el cable y dejaba fuera los seguros, las estaciones convertidoras, el almacenamiento y el mantenimiento (InBusiness).

Ninguna de las dos cifras constituye un presupuesto aprobado por el regulador. Los estudios necesarios para establecerlo todavía no han concluido.

Sigue sin saberse quién pagará cada parte

El proyecto solo dispone de una fuente de financiación asegurada: una subvención europea de unos 657 millones de euros con cargo al Mecanismo «Conectar Europa», el programa de la UE destinado a financiar infraestructuras (Comisión Europea). La ayuda no aumenta si se encarece el proyecto.

El resto deberá aportarse mediante capital de los accionistas, préstamos o cargos a los consumidores de electricidad. Meridiam, un fondo francés de infraestructuras, posee el 66% de la sociedad promotora, mientras que ADMIE, el operador de la red eléctrica griega, controla el 34%. Se ha solicitado financiación al Banco Europeo de Inversiones (BEI), aunque un portavoz indicó que todavía no se había tomado ninguna decisión (Euronews). Los costes que finalmente autoricen los reguladores se recuperarían a través de los peajes de acceso, los cargos incluidos en la factura eléctrica para financiar inversiones en la red.

La fórmula acordada atribuye a Chipre el 63% de la inversión y a Grecia el 37%, mientras que los gastos de explotación se reparten a partes iguales (Cyprus Mail). Keravnos reconoció ante el Parlamento que el Gobierno «no está seguro» de que el cable vaya a abaratar la electricidad (InBusiness).

La principal incógnita se encuentra en los contratos. No se han hecho públicos ningún pacto de accionistas, garantía de finalización ni cláusula sobre sobrecostes. Si el desembolso supera las estimaciones actuales, no existe un documento conocido que establezca si la diferencia recaerá sobre los accionistas, los contratistas, los gobiernos nacionales o los consumidores. Esa falta de garantías explica el límite que ha fijado el Ejecutivo chipriota.

El contrato del cable ya absorbía casi todo el antiguo presupuesto

La distancia entre la cifra anunciada hasta ahora y la nueva estimación tiene una explicación concreta. Nexans, el fabricante, se adjudicó el contrato principal del cable por unos 1.430 millones de euros, según EnergyGame. Frente a un presupuesto total de 1.900 millones, quedaba muy poco margen para las estaciones convertidoras, las obras en tierra, el almacenamiento, los seguros y la gestión del proyecto.

También se ha desplazado el calendario. La página del proyecto de la Comisión Europea todavía indicaba que la construcción comenzaría en 2023 y concluiría a finales de 2026 (Comisión Europea). Chatzigeorgiou señaló ante el Parlamento que el cable entraría en funcionamiento en 2031 (Philenews). El retraso elevará el coste, aunque la cuantía dependerá de las condiciones de financiación y de unas estructuras contractuales que siguen sin conocerse.

Su valor estratégico no resuelve la factura

Chipre es el único Estado miembro de la UE sin conexión a la red eléctrica de un país vecino. El cable permitiría importar energía más barata cuando la generación local resulte costosa y abriría un mercado para los excedentes de producción solar de la isla. Ese valor estratégico llevó a la UE a conceder la subvención.

Andreas Poullikkas, expresidente de la CERA, sostiene que el reparto de costes del 63%-37% no se traducirá de forma automática en una subida equivalente de las facturas, porque las subvenciones y los ingresos obtenidos al intercambiar electricidad entre mercados con precios distintos reducirán la cantidad que deberán devolver los consumidores (OT). El razonamiento es válido, pero el ahorro dependerá de cuánta electricidad circule realmente por el cable y de qué costes permitan trasladar los reguladores a las facturas. Ninguno de esos elementos está decidido.

Keravnos ha fijado una condición clara: Chipre no aportará los 100 millones de euros previstos como participación en el capital hasta que se determine el coste actualizado y su efecto sobre las cuentas públicas (Politis). La evaluación independiente del BEI, que se espera antes de que termine el año, marcará el siguiente punto de decisión (Cyprus Mail).

Chipre sigue sin disponer de un coste total verificado ni de un acuerdo vinculante que determine quién asumirá los sobrecostes. La estimación de 3.000 millones de euros es provisional, pero permite entender por qué el Gobierno no invertirá hasta que el BEI, la CERA y los propietarios del proyecto aclaren ambas cuestiones.