Chipre recorta €33 billion a la UE

El plan de gasto a largo plazo de la UE ha entrado en la fase en la que las posiciones políticas se convierten en una pelea concreta por el dinero. La primera propuesta de compromiso deja al descubierto una división clara: mantener la financiación de carreteras, explotaciones agrarias y regiones que los ciudadanos perciben de forma directa, o desplazar miles de millones hacia competitividad, defensa e investigación. La respuesta condicionará la inversión pública europea en los 27 países hasta 2034.

Dos bloques, un presupuesto

El Marco Financiero Plurianual (MFP) fija el techo presupuestario de la UE. Determina cuánto puede gastar Bruselas durante siete años en partidas que van desde las ayudas agrícolas hasta las becas de investigación. La negociación actual cubre el periodo 2028-2034, y la Comisión Europea propuso un paquete de casi 2 billones de euros. Todos los gobiernos deben aceptarlo, porque el Tratado de la UE exige unanimidad en el Consejo; cualquier capital puede bloquear el acuerdo (artículo 312 del TFUE). Ese poder de veto convierte el MFP en la gran negociación cruzada de la política europea.

Chipre, que ocupa la presidencia rotatoria del Consejo y dirige las conversaciones, puso las primeras cifras concretas sobre la mesa el 11 de junio. Su propuesta recorta el plan de la Comisión en torno a un 2%, unos 32.800 millones de euros (EUNews, Reuters vía ThePrint). El ajuste es muy selectivo. La política de cohesión, principal herramienta europea para invertir en las regiones más pobres, pasaría de unos 404.900 millones a 410.100 millones de euros. Los pagos directos de la política agrícola común (PAC) subirían ligeramente, de unos 259.200 millones a 261.000 millones (EUalive, Democrata). Sobre el papel, esas subidas protegen ambas partidas; repartidas en siete años de inflación, suponen una pérdida de capacidad real de gasto.

El Fondo Europeo de Competitividad, concebido para reducir la brecha de innovación con Estados Unidos y China, bajaría al parecer de unos 398.000 millones a 383.000 millones de euros. Las líneas de investigación y defensa también sufrirían recortes (Europaportalen).

Las prioridades de ayer y las de mañana

La reacción siguió una línea previsible. Dieciséis Estados miembros, encabezados por España, Italia, Polonia y Grecia, firmaron una declaración conjunta en defensa de la cohesión, la PAC y la pesca como políticas ancladas en los Tratados. Las definieron como las «políticas de la UE más visibles» para la ciudadanía y sostuvieron que ya sufrían recortes en términos reales incluso en la propuesta inicial de la Comisión (Ministerio de Asuntos Exteriores español). Portugal fue más lejos y recibió la versión chipriota como «francamente mejor», porque su dotación nacional, la parte garantizada de fondos europeos reservada para Lisboa, podría aumentar en unos 1.600 millones de euros frente al borrador de la Comisión (Observador, ECO).

En el otro bloque, el ministro neerlandés de Finanzas, Eelco Heinen, calificó el compromiso de «caja inaceptable» por financiar las «prioridades de ayer» en lugar de los «retos de mañana» (ANP). Alemania rechazó la propuesta como base insuficiente para negociar, porque aporta más al presupuesto europeo de lo que recibe y reclama un gasto más contenido (Spiegel). Suecia sostuvo que la agricultura quedaba blindada mientras se comprimían competitividad y defensa. El ministro luxemburgués de Exteriores, Xavier Bettel, comparó el ambiente negociador con un mercado de Marrakech (RMF24).

Quién controla el dinero

La disputa menos visible gira en torno a la gobernanza. La Comisión quiere agrupar varios fondos existentes en un único Plan Nacional y Regional de Asociación por país, con hitos y objetivos de rendimiento similares a los del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia creado durante la pandemia. Sus defensores hablan de simplificación. Sus críticos ven centralización.

Las organizaciones de gobiernos locales y regionales advierten de que la reforma puede trasladar poder desde las regiones hacia las capitales nacionales. El CMRE, que representa a las autoridades locales, calcula que la cohesión podría reducirse a alrededor de una quinta parte del presupuesto total de la UE, frente a casi un tercio en la actualidad. Bankwatch señala que los capítulos regionales de los nuevos planes serían opcionales, no obligatorios, de modo que las zonas de renta media y las regiones en desarrollo podrían perder financiación específica. La misma reforma que reduce trámites para las administraciones puede restar capacidad de influencia a municipios y territorios más vulnerables.

Qué vigilar

Nada está cerrado. El Parlamento Europeo rechazó el primer borrador del Consejo el 16 de junio y exigió un aumento presupuestario del 10%, además de nuevas fuentes de ingresos (Euronews). La Eurocámara debe dar su consentimiento antes de que cualquier MFP entre en vigor, por lo que el Consejo no puede imponer sin más un acuerdo austero. Chipre aspira a lograr un pacto global antes de finales de 2026. Si el calendario se retrasa, la UE entraría en 2028 sin un presupuesto cerrado, lo que obligaría a prorrogar anualmente los techos del marco anterior. En la práctica, eso congelaría nuevos programas y frenaría inversiones en todo el continente en pleno aumento de la presión competitiva de Estados Unidos y China.