Dinamarca prioriza cargadores sobre centros de datos

Cada nuevo cargador para vehículos eléctricos, bomba de calor o centro de datos necesita lo mismo: un cable hasta la red y una subestación con margen suficiente. A Dinamarca se le ha acabado ese margen.

El Gobierno danés quiere sustituir el sistema actual, que concede conexiones por orden de llegada, por un esquema de prioridades. Hogares, defensa, sanidad y cargadores para vehículos eléctricos subirán en la lista. Los centros de datos extranjeros bajarán (Berlingske). La razón es puramente aritmética. En 2025, el operador de la red Energinet recibió solicitudes por 33,5 GW de nueva capacidad, según cifras citadas por Danmarks Naturfredningsforening, una organización ecologista danesa. La demanda máxima ronda los 7 GW (Data Center Dynamics). La cola multiplica varias veces el tamaño del sistema al que pretende conectarse.

Una solicitud de conexión reserva capacidad en la red y puede bloquear a otros proyectos incluso antes de consumir un solo kilovatio. Solo los centros de datos han ocupado alrededor de 16 GW de la cola danesa (Danmarks Naturfredningsforening). El Gobierno ha presentado el dilema en términos domésticos: la carga de un gran centro de datos permitiría alimentar 50.000 bombas de calor en viviendas o 73 áreas de recarga en autopistas (Berlingske). La comparación tiene intención política, pero describe una escasez real.

El cuello de botella europeo

El problema danés se repite en buena parte del continente. Las redes eléctricas, es decir, los cables, transformadores y subestaciones que llevan la electricidad hasta hogares y empresas, se han convertido en el principal límite físico de la transición verde y de la economía digital. La Comisión Europea calcula que Europa necesita invertir unos 584.000 millones de euros en redes hasta 2030 (European Commission). CEER, el organismo que coordina a los reguladores nacionales, advierte de que las colas de conexión ya frenan al mismo tiempo la generación renovable, la recarga eléctrica, la electrificación industrial y los centros de datos (CEER).

En Irlanda, los centros de datos consumen ya el 22% de la electricidad nacional, frente al 5% de 2015 (RTÉ). En Países Bajos, unas 14.000 empresas esperan una conexión nueva o una ampliación de la existente (PONT). Italia muestra por qué la capacidad reservada no equivale siempre a demanda real. El operador Terna tiene registradas solicitudes de conexión para centros de datos por 84 GW, pero solo 12 proyectos han superado la fase de solicitud (Il Fatto Quotidiano). Hay proyectos especulativos que ocupan sitio sin consumir electricidad, de modo que la escasez es en parte física y en parte autoinfligida.

Acuerdos distintos ante la misma escasez

Cada país está probando un pacto diferente. Irlanda permite la conexión de centros de datos, pero exige que obtengan el 80% de su electricidad de nueva generación renovable irlandesa en un plazo de seis años y, en el caso de las instalaciones mayores, que aporten su propia generación de respaldo (William Fry). El modelo neerlandés pide a algunos usuarios que acepten electricidad casi siempre, pero no siempre, para que la red pueda atender a más clientes. Su sistema de reparto de capacidad, GOPACS, ofrece conexiones garantizadas el 85% del tiempo, no de forma permanente (GOPACS). La recarga de vehículos eléctricos encaja bien en ese esquema. Ember estima que alrededor de la mitad de los coches eléctricos de la UE podrían desplazar la carga a las horas de mayor producción renovable, lo que convertiría los vehículos en un recurso de equilibrio para la red en lugar de una carga adicional (Ember).

Los centros de datos son menos flexibles porque los servidores funcionan las veinticuatro horas. La patronal danesa Datacenter Industrien sostiene que relegarlos en bloque es una mala respuesta: habría que valorar cada instalación según aporte almacenamiento, demanda flexible o suministro local, no empujarla al final de la cola por pertenecer a una categoría concreta (Børsen).

Quién paga la mejora de la red

La cuestión del coste sigue siendo la menos resuelta. Un borrador de un estudio del Gobierno irlandés advertía de que las mejoras de red necesarias para absorber el crecimiento de los centros de datos podrían elevar la factura eléctrica de los hogares entre 295 y 644 euros durante el periodo 2025-2034, aunque el informe final publicado eliminó las estimaciones más altas (The Journal). Esas cifras llegan a los hogares porque las inversiones en red se recuperan mediante peajes: cargos regulados en cada recibo eléctrico que pagan cables y subestaciones. Un promotor de centros de datos puede financiar su propia subestación dedicada, pero las mejoras generales de transporte que alimentan la zona se reparten entre todos los consumidores. El gran usuario desencadena la inversión; la factura colectiva la absorbe.

El acceso a la red se ha convertido, sin mucho ruido, en política industrial. Los gobiernos están decidiendo qué partes de la economía futura obtienen primero capacidad eléctrica garantizada, bajo qué condiciones y con qué coste para los hogares a través de los cargos de red. En el recibo no aparecerá una línea que diga «servicios en la nube».