El diésel roza €3 sin subsidios

Los ataques de Estados Unidos contra objetivos iraníes del 9 de junio, tras el derribo de un helicóptero Apache cerca del estrecho de Ormuz, han reavivado un conflicto en el que Europa no quiere combatir y que tampoco puede permitirse financiar. Los principales gobiernos de la UE han descartado una implicación militar. El riesgo inmediato es económico: varias capitales van a retirar a la vez sus rebajas al combustible, el petróleo se ha situado muy por encima de los niveles previos a la crisis y no existe una coordinación europea sobre el paso siguiente.

El freno de deuda alemán choca con el petróleo

La coalición alemana decidió el 9 de junio no prorrogar el Tankrabatt, una rebaja fiscal de 17 céntimos por litro que expira el 30 de junio (Focus). El motivo es la Schuldenbremse, el freno constitucional de deuda que limita el endeudamiento anual del Gobierno federal. Con el gasto en defensa presionando ya ese margen, Berlín ha concluido que no puede seguir reduciendo impuestos al carburante mientras sube el petróleo. La decisión llegó el mismo día que los ataques estadounidenses contra Irán. El calendario fiscal alemán y la crisis geopolítica avanzan por vías separadas.

Los analistas advierten de que el diésel podría alcanzar los 3 euros por litro sin la ayuda (n-tv). Alemania no es una excepción. La bonificación española al combustible también expira el 30 de junio. Italia prorrogó hasta el 3 de julio su rebaja de impuestos especiales, pero la redujo a la mitad (Euronews). Varios gobiernos de la UE van a retirar apoyos al precio en la misma semana, sin un mecanismo comunitario que amortigüe el golpe conjunto.

La Comisión Europea ofreció el 3 de junio cierto margen fiscal al permitir a los Estados miembros gastar más en reducir la dependencia de los combustibles fósiles. La oferta excluye expresamente las subvenciones al carburante. Los países que mantengan las ayudas en las gasolineras se arriesgan a incumplir los límites europeos de déficit y a activar un procedimiento de déficit excesivo, la herramienta con la que Bruselas vigila a los gobiernos cuyo déficit supera el 3% del PIB. Los líderes nacionales tienen ante sí una disyuntiva incómoda: asumir el malestar de los conductores o asumir la presión fiscal de Bruselas.

La lectura pendiente del BCE

Se espera que el Banco Central Europeo suba mañana los tipos de interés por primera vez desde septiembre de 2023. La inflación de la zona euro se mantiene muy por encima del objetivo del 2% del BCE, empujada sobre todo por la energía. La previsión de primavera de la Comisión ya ha elevado su proyección de inflación para 2026 para incorporar el choque energético (Comisión Europea).

El problema empieza después del 1 de julio. Si varios países retiran al mismo tiempo las ayudas al combustible, la inflación medida subirá de forma automática: aumenta el precio de la gasolina y el IPC recoge ese encarecimiento. Pero ese repunte nace de una decisión política, el fin de una rebaja fiscal, y no demuestra por sí solo que los consumidores estén gastando más. Si el BCE lo interpreta como inflación genuina y vuelve a subir los tipos en septiembre, estará endureciendo la política monetaria a partir de un dato que refleja una decisión presupuestaria, no una presión económica de fondo.

El BCE no ha explicado públicamente cómo piensa separar la retirada de subvenciones de la dinámica subyacente de los precios en los datos de agosto, que pesarán sobre su decisión de septiembre. Sin una metodología clara, un efecto secundario del fin de las ayudas puede acabar leído como prueba de una aceleración inflacionista.

La misma subida de tipos afecta de forma desigual a las economías europeas. En Alemania, donde parte de la inflación está vinculada a la demanda, unos tipos más altos funcionan en términos generales como se espera. En Italia, Grecia y España, donde la presión sobre los precios procede casi por completo de la energía importada, el mismo movimiento encarece la financiación pública justo cuando esos gobiernos necesitan margen para medidas de crisis.

Una respuesta simbólica a un problema estructural

La posición diplomática de la UE refleja sus límites económicos. La alta representante Kaja Kallas, responsable de la política exterior europea, dijo el 8 de junio a los ministros de Defensa reunidos en Nicosia que «la región no necesita una escalada» y ofreció ayuda europea para escoltar buques, pero solo después de un alto el fuego (SEAE). Cualquier postura más firme exigiría unanimidad entre los 27 Estados miembros, una regla que bloquea de forma recurrente una acción exterior más decidida. Las sanciones aprobadas ese mismo día apuntaron contra dos personas y una unidad naval de la Guardia Revolucionaria iraní, un gesto simbólico sin efecto material sobre el conflicto (Brussels Times).

Tres crisis confluyen en apenas tres semanas: la tensión en el mercado del petróleo por la escalada en Ormuz, el fin de las ayudas al combustible en varios países europeos y un banco central que se dispone a endurecer su política ante unos datos de inflación que pueden ser equívocos. Cada una responde a su propio calendario institucional. No hay ningún mecanismo que las sincronice.