El euro digital desafía a Visa y Mastercard

Europa depende de infraestructuras extranjeras para una parte central de sus pagos digitales. Alrededor de dos tercios de las operaciones con tarjeta en la zona euro pasan por Visa y Mastercard (BCE, Journal of Competition Law & Economics), y 13 de los 21 países del euro carecen de un sistema nacional de tarjetas que funcione en los terminales de los comercios (Bundesbank). La comisión de Asuntos Económicos del Parlamento Europeo dio el 23 de junio su visto bueno para que avance la regulación del euro digital, lo que acerca el expediente a una votación en pleno (Parlamento Europeo).

El euro digital sería efectivo electrónico emitido por el BCE, el banco central que gestiona la moneda única, y distribuido a través de los bancos ordinarios. Sería un euro con valor siempre equivalente a un euro, respaldado por el banco central y no por una empresa privada (BCE). La idea se aproxima al dinero físico trasladado al móvil: dinero público en manos del ciudadano, no un depósito bancario privado.

Por qué sin alternativa no hay control

Visa y Mastercard procesan pagos con eficacia, pero una red de pagos que depende casi por completo de operadores extranjeros deja a Europa con poco margen sobre precios, estándares técnicos y capacidad de resistencia. Si esas redes suben comisiones, cambian condiciones o sufren caídas, comercios y consumidores europeos tienen pocas salidas reales.

La girocard alemana muestra bien la grieta. Funciona dentro de Alemania, pero para llegar a terminales extranjeros necesita apoyarse en la infraestructura de Visa o Mastercard (Bundesbank). En los pagos transfronterizos con tarjeta dentro de la zona euro, la cuota gestionada por redes no europeas se acerca al 100%, según responsables del BCE (Le Monde). Francia tiene Cartes Bancaires, Italia cuenta con Bancomat y Países Bajos dispone de iDEAL, pero ninguno opera sin fricciones a escala europea. Su peso conjunto, además, ha ido menguando: los sistemas internacionales de tarjetas pasaron de cerca del 56% de los pagos con tarjeta en la zona euro en 2017 a alrededor del 61% en 2022 (Journal of Competition Law & Economics).

El euro digital fijaría un estándar técnico único para que cualquier móvil, tarjeta o terminal de la zona euro pueda procesar pagos de forma directa. Con ello se reduciría la necesidad de encaminar operaciones por redes estadounidenses. El texto del Parlamento obligaría a la mayoría de negocios que ya aceptan pagos digitales a aceptar también el euro digital, limitaría las comisiones que pagan los comercios cada vez que un cliente usa una tarjeta y garantizaría cuentas básicas gratuitas para los usuarios (Parlamento Europeo, EU Perspectives).

Los bancos pueden perder financiación barata

Los consumidores tendrían una opción pública y gratuita para pagar tanto en internet como fuera de línea. Para las operaciones sin conexión, el texto parlamentario especifica que los datos del pago permanecerían en el dispositivo, sin pasar por bancos ni procesadores de pago (Parlamento Europeo). Los comercios podrían beneficiarse si la competencia en comisiones reduce costes: Visa y Mastercard ingresan ahora unos 2.000 millones de euros al año de los comerciantes europeos en comisiones de intercambio y de red, según Le Monde (Le Monde).

Los bancos son los actores con más incentivos cruzados. Distribuirían el euro digital y conservarían la relación con el cliente, pero se exponen a una pérdida de depósitos. Si parte del dinero que hoy está en cuentas corrientes se traslada a monederos de euro digital, las entidades perderán una fuente barata de financiación que ahora utilizan para conceder crédito, lo que puede encarecer los préstamos al conjunto de la economía.

La escala de ese riesgo sigue abierta. Según Reuters, las simulaciones del BCE apuntan a que, con un límite de tenencia de 3.000 euros por persona, podrían salir de las cuentas bancarias hasta 699.000 millones de euros, equivalentes al 8,2% de los depósitos de hogares y empresas de la zona euro (Marketscreener/Reuters). Es un escenario, no una previsión, pero ayuda a entender por qué la banca alemana ha descrito el proyecto como una «oferta estatal paralela» sin un valor añadido claro (Handelsblatt). También se discute el coste de construir el sistema: el BCE lo estima entre 4.000 y 5.800 millones de euros durante cuatro años, mientras que algunas cifras del sector bancario lo elevan a entre 18.000 y 30.000 millones (Marketscreener/Reuters).

La prueba real será el uso

La votación en comisión es solo un paso. Quedan la aprobación del pleno, las negociaciones entre el Parlamento y los Estados miembros y una decisión final del Consejo. El BCE ha señalado que podrían realizarse operaciones piloto a partir de mediados de 2027 y que una primera emisión sería posible en 2029 (BCE, EUNews).

La cuestión más difícil es si se usará. Una red de pagos por la que nadie mueve dinero ofrece soberanía solo sobre el papel. Las tasas de adopción por país, los costes reales para los comercios tras la integración y la actitud de los bancos, que podrán promover el producto o dejarlo en segundo plano, pesarán más que cualquier artículo del reglamento. Europa ha diagnosticado con precisión su dependencia. Cambiar el hábito será otra prueba.