Dublín pone a prueba el CETA

Un tribunal de Dublín examinará en octubre un recurso constitucional contra uno de los acuerdos comerciales más relevantes de la UE. La eurodiputada de Sinn Féin Lynn Boylan ha demandado al Gobierno irlandés al considerar que la nueva ley para ratificar el CETA, el tratado comercial entre la UE y Canadá, no supera el filtro constitucional (Irish Times). El litigio, en apariencia doméstico, señala una fragilidad de la política comercial europea: Bruselas puede negociar y poner en marcha un acuerdo, pero la Constitución de un solo Estado miembro puede dejarlo jurídicamente incompleto durante años.

La parte comercial del CETA ya funciona. Casi todos los aranceles entre la UE y Canadá se eliminaron cuando el acuerdo empezó a aplicarse de forma provisional, en septiembre de 2017 (Council of the EU, Western People). Los exportadores europeos de la industria manufacturera y del sector agroalimentario operan con menos barreras y pueden concurrir a contratos públicos canadienses (Rijksoverheid). El instituto alemán ifo calculó que el CETA aportaría a largo plazo un aumento del 0,19% de la renta real per cápita, es decir, la renta por habitante descontada la inflación (consulting.de). Es una cifra pequeña en términos macroeconómicos, pero ya se traduce en beneficios para sectores concretos. La pregunta es por qué el acuerdo sigue sin cerrarse.

El tribunal de inversiones que nadie logra desbloquear

El CETA es un «acuerdo mixto»: algunas partes corresponden a competencias de Bruselas, mientras que otras afectan a ámbitos reservados a los gobiernos nacionales (Council of the EU). Todos los países de la UE deben ratificarlo conforme a sus propias normas constitucionales antes de que el tratado entre plenamente en vigor. La parte pendiente es el Sistema de Tribunales de Inversiones, conocido por sus siglas en inglés, ICS: un tribunal permanente ante el que un inversor extranjero cubierto por el CETA podría demandar a un Gobierno por incumplir compromisos de inversión, al margen de los tribunales ordinarios de ese país (European Commission). Ahí está el núcleo de la oposición: las empresas extranjeras tendrían una vía jurídica especial que no existe para las compañías nacionales ni para los ciudadanos.

En 2022, el Tribunal Supremo de Irlanda dictaminó que el país no podía ratificar el CETA con la legislación vigente, porque el sistema de tribunales de inversión dejaría a los jueces irlandeses sin capacidad para revisar las decisiones del tribunal arbitral (Comhlámh). El mismo tribunal señaló, por una mayoría de 6 a 1, que una nueva ley podría resolver el problema sin necesidad de reformar la Constitución (Irish Times).

El Gobierno respondió con la Ley de Arbitraje de 2026. La norma establece que las indemnizaciones ordenadas por tribunales de inversión solo podrán ejecutarse en Irlanda con autorización del Tribunal Superior, que además podrá bloquear su aplicación si considera que chocan con el orden constitucional irlandés (William Fry). La demanda de Boylan sostiene que esa solución sigue sin dar a los tribunales irlandeses un control suficiente. La vista de octubre decidirá si basta.

La misma disputa en toda Europa

Irlanda no es el único país que ha frenado el proceso. La región belga de Valonia bloqueó el CETA en 2016; sus parlamentos regionales no aprobaron el acuerdo hasta junio de 2026 (PFWB). En Francia, la Asamblea Nacional respaldó la ratificación, pero el Senado la rechazó (Vie publique). En Países Bajos, el proyecto superó una cámara, pero seguía tramitándose en el Senado en junio de 2026 (Eerste Kamer).

El patrón se repite en sistemas políticos muy distintos. Las partes del CETA relativas a aranceles y apertura de mercados apenas encuentran resistencia. La protección especial de los inversores, sí. Las organizaciones agrarias francesas temen la presión sobre los precios de la carne de vacuno canadiense, producida bajo estándares diferentes (Fondation Robert Schuman). Grupos ecologistas alemanes sostienen que el tribunal previsto en el tratado podría utilizarse para impugnar normas medioambientales (Umweltinstitut). Son riesgos temidos, no pérdidas demostradas, pero tienen suficiente peso político para bloquear ratificaciones.

La vista de Dublín aclarará si la solución legislativa irlandesa cumple la exigencia del Tribunal Supremo. Si no lo hace, Bruselas afrontará una cuestión que va mucho más allá de Canadá: hasta qué punto puede la UE seguir incorporando tribunales de inversión a sus tratados comerciales cuando las constituciones nacionales los ponen una y otra vez en cuestión.