Shell ante el recorte climático del 45%

El Tribunal Supremo de Países Bajos escuchó el 22 de mayo los argumentos orales en Milieudefensie contra Shell, un caso que puede fijar hasta dónde puede llegar un juez europeo al ordenar a una empresa que reduzca sus emisiones de carbono en una cuantía concreta. Tribunales de cinco jurisdicciones europeas han confirmado, por vías distintas, que las compañías de combustibles fósiles tienen un deber jurídico frente al cambio climático. Ninguno ha convertido todavía ese deber en un objetivo vinculante.

La orden que lo puso todo en marcha

En 2021, un tribunal de distrito de La Haya ordenó a Shell reducir sus emisiones mundiales de CO₂, incluidas las emisiones indirectas derivadas del uso de sus combustibles por parte de los clientes, en un 45% para 2030. La decisión se apoyó en el deber de diligencia no escrito del derecho civil neerlandés, recogido en el artículo 6:162 del Código Civil. Hasta entonces, ningún tribunal había impuesto a una empresa un objetivo climático concreto.

En noviembre de 2024, el Tribunal de Apelación anuló la orden. Los jueces confirmaron que Shell tenía un deber de diligencia climática, pero concluyeron que no existe consenso científico suficiente para asignar un porcentaje específico de reducción a una empresa concreta. Si se obligaba solo a Shell a recortar sus ventas, la producción se desplazaría sencillamente hacia sus competidores, razonó el tribunal. El Hoge Raad, el Supremo neerlandés, que solo revisa si los tribunales inferiores aplicaron correctamente la ley, emitirá un dictamen consultivo a finales de 2026 y una sentencia definitiva a principios de 2027.

Los tribunales europeos aceptan el deber, pero se detienen antes de concretarlo

El bloqueo neerlandés forma parte de un patrón más amplio. En Alemania, el Tribunal Superior Regional de Hamm confirmó en mayo de 2025 que la energética RWE puede, en principio, responder por daños climáticos causados a miles de kilómetros, aunque después desestimó la demanda concreta por los hechos del caso. En Francia, los tribunales decidirán el 25 de junio si TotalEnergies debe alinear su estrategia de producción con el Acuerdo de París en virtud de la ley francesa de 2017 sobre el deber de vigilancia, tras un juicio iniciado en febrero de 2026. En Italia y Suiza, los tribunales también han aceptado su competencia para conocer de litigios climáticos contra empresas (Lexxion, Morgan Lewis), pero sin imponer órdenes concretas.

Los tribunales empiezan a aceptar que las empresas tienen un deber climático. Lo que no han querido hacer es fijarles una meta precisa de emisiones.

Estos casos pesarían menos si la legislación de la UE ofreciera un marco claro. La Directiva sobre diligencia debida de las empresas en materia de sostenibilidad, la norma europea de 2024 que obliga a las grandes compañías a abordar daños ambientales en sus cadenas de suministro, se debilitó severamente en febrero de 2026. Se eliminó el plan obligatorio de transición climática. También desaparecieron las reglas de responsabilidad civil. El ámbito de aplicación se redujo a empresas con más de 5.000 empleados y 1.500 millones de euros de facturación, lo que deja dentro a menos de 1.000 compañías en toda la UE. Con la directiva vaciada, la aplicación efectiva queda en manos de los tribunales nacionales.

Qué hace Shell mientras litiga

Shell sostiene que se toma en serio el clima y que los tribunales no deben dirigir al detalle la estrategia empresarial. Sus inversiones apuntan a otras prioridades. En 2024, Shell destinó alrededor de 12.700 millones de dólares a exploración y producción de petróleo y gas, 2.500 millones a renovables y 22.500 millones a remunerar a sus accionistas; en febrero de 2026, su consejero delegado puso públicamente en duda el compromiso de cero emisiones netas en 2050 de la compañía.

Milieudefensie, la rama neerlandesa de Amigos de la Tierra, no ha esperado al Supremo. En abril de 2026 presentó una nueva demanda para exigir que Shell deje de invertir en nuevos yacimientos de petróleo y gas. El cambio de estrategia jurídica es revelador: menos porcentajes de emisiones y más decisiones directas sobre inversión.

Qué viene ahora

La sentencia sobre TotalEnergies, prevista para el 25 de junio, puede llegar antes de que se pronuncie el Supremo neerlandés y convertirse en la primera orden judicial vinculante que conecte la producción empresarial con objetivos climáticos. El Grantham Research Institute de la LSE contabilizó 226 nuevos litigios climáticos en todo el mundo en 2024, con un peso creciente de las empresas entre los demandados. En las cinco jurisdicciones, el deber jurídico de actuar frente al clima ya existe sobre el papel. Ningún tribunal ni legislador ha definido aún qué obliga exactamente a hacer a una compañía.