Países Bajos rescata la eólica marina

Países Bajos acaba de elevar a 9.456 millones de euros el presupuesto máximo de ayudas para dos próximas licitaciones de parques eólicos en el mar del Norte, frente a los 7.896 millones previstos hasta ahora (RVO, Rijksoverheid). La cifra no es un cheque de rescate, sino el techo de apoyo público para las rondas Gamma-A y Gamma-B, que se abrirán en noviembre. Las ofertas ganadoras podrían quedar bastante por debajo del máximo, situado en torno a 0,117 euros por kilovatio hora (RVO), un precio superior a las medias recientes del mercado mayorista y pensado para que los proyectos vuelvan a ser financiables, no para convertirlos en una renta cómoda. El giro, aun así, es claro: el Estado neerlandés vuelve a poner dinero público en la eólica marina porque el modelo anterior, basado en promotores capaces de construir sin subvenciones operativas, ha dejado de funcionar.

Por qué se rompió el modelo anterior

Hace dos años, dos consorcios obtuvieron el derecho a levantar 4 gigavatios de capacidad eólica en IJmuiden Ver, en el mar del Norte, sin ayudas estatales. Esa potencia equivale aproximadamente a la mitad de la capacidad marina que Países Bajos quiere añadir esta década. Noordzeker, formado por SSE Renewables y APG, que invierte en nombre del fondo de pensiones neerlandés ABP, se adjudicó el emplazamiento Alpha. Zeevonk, integrado por Vattenfall y Copenhagen Infrastructure Partners, se quedó con Beta (Blackridge Research, NOS). Ambos proyectos dudan ahora antes de adoptar la decisión final de inversión, el momento en que propietarios y bancos comprometen capital de forma irreversible.

La economía de los proyectos se ha deteriorado por los dos lados. Los costes han subido: la normativa neerlandesa recoge que en 2025 construir eólica marina era un 40% más caro que en 2020, por la inflación, los tipos de interés más altos y las tensiones en las cadenas de suministro (Staatsblad). Las expectativas de ingresos, en cambio, han bajado: una demanda industrial de electricidad más débil lleva a los promotores a prever ventas a precios inferiores (NOS). Los parques eólicos marinos requieren mucho capital desde el primer día. Como la mayor parte del coste de toda su vida útil se paga por adelantado, incluso un aumento moderado de los tipos puede convertir un proyecto viable en otro que los bancos no quieren financiar (IRENA).

El Gobierno neerlandés intenta, por tanto, dos cosas a la vez: negociar con ABP y Vattenfall para desbloquear los proyectos Alpha y Beta, y reabrir la puerta a las subvenciones en la siguiente ronda. Las licitaciones Gamma utilizarán un mecanismo de apoyo por el que el Estado paga a los promotores cuando el precio de la electricidad cae por debajo de un nivel fijado. Si los precios decepcionan, los contribuyentes cubren parte de la diferencia.

Dinamarca y Alemania muestran el mismo patrón

Países Bajos no es una excepción. Una licitación anterior de eólica marina en Dinamarca quedó desierta. Copenhague rediseñó el concurso con contratos por diferencia bidireccionales, en los que el Estado paga cuando los precios son bajos, pero recupera dinero cuando son altos. Vattenfall presentó oferta y ganó, con un techo total de apoyo de 37.600 millones de coronas danesas (KEFM, Energistyrelsen). Francia recibió la autorización de la Comisión Europea para un plan de apoyo de 63.000 millones de euros destinado a cubrir hasta 11,1 GW de eólica marina (European Commission, ESG Today). El caso alemán es más brusco. Una licitación marina de 2,5 GW no recibió ninguna oferta, y el sector presiona a Berlín para adoptar contratos por diferencia (IWR). Reino Unido pasó por el mismo ciclo: la quinta ronda de contratos por diferencia no adjudicó ningún proyecto eólico marino, y solo tras cambiar las condiciones la sexta ronda consiguió que los promotores regresaran (UK Gov AR5, UK Gov AR6).

Quién paga una eólica más estable

Los beneficiarios directos son los promotores y sus financiadores, que obtienen ingresos más previsibles y financiación más barata. El coste recae en contribuyentes y consumidores eléctricos, aunque el camino varía según el país. En Alemania, hogares y empresas ya pagan un recargo de 0,941 céntimos por kilovatio hora para la red eólica marina (Netztransparenz), mientras que la ampliación de esa red hasta 2045 se calcula entre 153.000 y 171.000 millones de euros, costes que acaban incorporándose a esos recargos (Netzentwicklungsplan). En Bélgica, las químicas de Amberes aseguran que afrontan entre 80 y 100 millones de euros adicionales en peajes de transporte vinculados a la inversión en la red marina (Made in).

La patronal neerlandesa de grandes consumidores industriales VEMW plantea una objeción que sirve para toda Europa: subvencionar a los productores eólicos sin atender a los compradores puede desplazar el problema en vez de resolverlo. Los compradores industriales dispuestos a firmar contratos de suministro a largo plazo son, precisamente, los que permiten a los bancos financiar estos proyectos con más confianza (VEMW). Sin esa demanda, el coste público aumenta y se enquista.

Llamar «sin apoyo estatal» a la eólica sin subvenciones siempre fue una simplificación. La planificación de la red, los estudios del fondo marino y las conexiones por cable ya corrían desde el principio con cargo público. Lo que cambia ahora es que los gobiernos también asumen parte del riesgo de ingresos en sus balances. Europa no está abandonando la eólica marina. Está haciendo que contribuyentes y consumidores soporten una parte mayor del coste cuando el mercado no basta.