La EPA elimina los límites al CO₂

La Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA) firmó el 14 de septiembre una norma definitiva que deroga la mayor parte de los límites a las emisiones de gases de efecto invernadero impuestos en 2024 por la Administración Biden a las centrales eléctricas. La medida suprime las restricciones aplicables a las centrales de carbón existentes y a las nuevas turbinas de gas, cuyo cumplimiento se apoyaba en el uso de tecnologías de captura de carbono (EPA, Sidley).

Otra iniciativa, todavía en fase de propuesta, iría más lejos: eliminaría los límites que permanecen vigentes y retiraría el dictamen jurídico de la EPA según el cual las emisiones del sector eléctrico contribuyen a una contaminación atmosférica peligrosa (Sidley). Ese dictamen constituye la base legal sobre la que la agencia justificó la regulación del CO₂ procedente de las centrales. Su retirada no derogaría la Clean Air Act ni impediría que una futura dirección de la EPA retomase el expediente, pero obligaría a reconstruir desde el principio toda la justificación normativa.

Qué es definitivo y qué no

La derogación firmada entrará en vigor cuando se publique en el Federal Register, el registro oficial de normas del Gobierno estadounidense, aunque a 15 de septiembre aún no había aparecido en él. A partir de entonces, los fiscales generales de los Estados o las organizaciones ecologistas podrán recurrirla ante los tribunales, mientras que una futura Administración conservará la facultad de proponer nuevas reglas.

La propuesta de mayor alcance carece por ahora de una fecha para su aprobación definitiva. Antes de que la EPA pueda adoptarla, deberá someterse a un periodo de consulta pública, un procedimiento que suele prolongarse durante meses.

La EPA sostiene que la derogación supondrá un ahorro de 300.000 millones de dólares (EPA). Sin embargo, en su propuesta anterior, la propia agencia había calculado un ahorro de unos 19.000 millones de dólares en valor actual, aplicando una tasa de descuento del 3% (Federal Register). La EPA no ha explicado la diferencia entre ambas cifras. Sus modelos también estiman que, frente al mantenimiento de las reglas, la medida añadirá 123 millones de toneladas de CO₂ anuales en 2035 (regulations.gov). Se trata de un dato anual, no de las emisiones acumuladas durante una década.

La exposición europea es real, pero viene de antes

La derogación amplía una brecha regulatoria transatlántica que ya existía. La industria europea paga por la electricidad y el gas bastante más que sus competidores estadounidenses. El informe Draghi sobre competitividad atribuyó esa diferencia a la pérdida del gas ruso barato transportado por gasoducto, al régimen de comercio de derechos de emisión de la UE —el mercado europeo del carbono, en el que las empresas pagan por cada tonelada de CO₂ emitida— y a los mayores costes de las redes. El propio Plan de Acción para una Energía Asequible de la Comisión considera que esos precios estructurales constituyen el principal problema para la competitividad.

Las normas estadounidenses ahora derogadas obligaban a las centrales a realizar inversiones más adelante, pues los plazos de cumplimiento se extendían hasta la década de 2030. Ningún Gobierno europeo, federación industrial o instituto de investigación ha cuantificado todavía el efecto concreto de esta medida sobre los precios, la producción o la inversión.

Los sectores más expuestos a una posible ventaja de costes en Estados Unidos son la química básica y los fertilizantes, actividades en las que el gas se utiliza tanto como fuente de energía como materia prima. Los productores químicos españoles ya afrontan costes de gas natural varias veces superiores a los precios de referencia estadounidenses (FEIQUE).

El CBAM protege frente a las importaciones, no las exportaciones

El Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono de la UE (CBAM), que cobra a los importadores por las emisiones incorporadas al cemento, el acero, el aluminio, los fertilizantes, el hidrógeno y la electricidad, impondría un recargo mayor a un producto estadounidense más contaminante que entrase en Europa (Commission CBAM, CBAM Regulation). El mecanismo protege así el mercado interior europeo, pero no ayuda a las empresas de la UE que compiten en Estados Unidos o en terceros países. Además, aunque el CBAM contabiliza la electricidad utilizada para fabricar algunos de los bienes incluidos, no lo hace en todos los casos y deja fuera a la industria química.

La derogación no puede modificar la Legislación Europea sobre el Clima, que obliga a la UE a reducir sus emisiones netas al menos un 55% para 2030 y a alcanzar la neutralidad climática en 2050. El repliegue de Washington no altera esas obligaciones jurídicas. Sí puede aumentar la presión sobre los exportadores europeos intensivos en energía, que ya partían con una desventaja de costes, aunque todavía no hay pruebas de un nuevo impacto medible sobre los precios o la inversión. La cuestión pendiente es si la Comisión y las capitales nacionales pueden reducir la brecha energética mediante una tramitación más rápida de los permisos y mayores inversiones en las redes, una decisión que depende de ellas y que se planteaba mucho antes de la actuación de la EPA de la semana pasada.