EPPO destapa fraude de €135 millones

Unidades especiales irrumpieron en una villa de Brandeburgo. Investigadores de aduanas ejecutaron órdenes en Polonia. Las autoridades letonas detuvieron a varios sospechosos. En una operación coordinada, 11 personas fueron arrestadas en tres Estados miembros de la UE (Tag24).

La operación la dirigió la Fiscalía Europea, el órgano independiente de la UE con capacidad para investigar y perseguir delitos contra las finanzas comunitarias más allá de las fronteras nacionales. El caso, bautizado como «Water into Wine», apunta a una red internacional sospechosa de haber organizado un fraude multimillonario de IVA mediante el comercio de diésel (EPPO).

Lubricante sobre el papel, diésel en la práctica

El presunto fraude no se escondía en camiones ocultos en la frontera, sino en facturas aparentemente ordinarias. El carburante entraba en Alemania desde Polonia declarado como aceite lubricante, un producto sometido a una fiscalidad inferior, y después se reetiquetaba y se vendía como diésel (EPPO, Tag24). La ganancia salía de esa diferencia entre lo que el producto decía ser en los documentos y lo que realmente era en el mercado.

En una fase anterior, la Fiscalía Europea acusó a seis personas y sostuvo que más de 3.000 entregas de carburante habían generado deducciones fraudulentas de IVA por 23,7 millones de euros (EPPO). La prensa alemana, al informar de la última redada, citó pérdidas presuntas de unos 45 millones de euros en IVA y más de 90 millones en impuestos especiales, aunque esas cifras siguen siendo alegaciones no verificadas judicialmente (Tag24). Ese dinero sale directamente de las haciendas nacionales, es decir, de los contribuyentes y de los presupuestos públicos.

Un fiscal, tres países

Antes de la Fiscalía Europea, un caso que atravesara Alemania, Polonia y Letonia habría exigido tres investigaciones separadas, conectadas mediante lentas peticiones de asistencia judicial. La creación de la Fiscalía Europea, mediante el Reglamento 2017/1939 del Consejo, modificó esa lógica. Sus fiscales trabajan dentro de los sistemas judiciales nacionales, pero bajo una dirección común de la UE. Los registros los siguen haciendo agentes nacionales y las órdenes las siguen firmando jueces nacionales, pero una sola oficina puede decidir que las pruebas de tres países pertenecen al mismo expediente.

El diseño responde a un problema que cuesta mucho dinero. El fraude transfronterizo del IVA, en el que sociedades instrumentales compran bienes sin impuesto dentro del mercado único, cobran el IVA en ventas nacionales y desaparecen antes de ingresarlo, resta cada año entre 12.500 y 32.800 millones de euros a los Estados miembros. El diésel encaja bien en ese esquema: se mueve en grandes volúmenes, es físicamente idéntico a ambos lados de una frontera y está sometido a categorías de impuestos especiales que pueden manipularse mediante cambios de etiqueta (Europol).

Pocos fiscales, demasiadas grietas

La Fiscalía Europea cuenta con 182 fiscales para cubrir 24 de los 27 Estados miembros de la UE (RTÉ). Tres países siguen fuera del sistema, entre ellos Irlanda. Esa ausencia pesa. Andrés Ritter, responsable de la Fiscalía Europea, advirtió recientemente de que Irlanda podría atraer sociedades instrumentales utilizadas en fraudes transfronterizos, porque allí los investigadores no disponen de las herramientas directas de cooperación que ofrece la Fiscalía Europea (The Irish Times). Allí donde la Fiscalía Europea no llega, el fraude encuentra espacio para asentarse.

Los datos fiscales son otro cuello de botella. Las autoridades nacionales siguen conservando por separado los registros de IVA, de modo que los fiscales europeos no siempre pueden seguir una operación sospechosa de un país al siguiente. El Consejo de la UE, donde legislan los ministros de los Estados miembros, ha alcanzado un acuerdo provisional para dar a la Fiscalía Europea mejor acceso a Eurofisc, la red comunitaria de intercambio de información sobre fraude de IVA, aunque la adopción definitiva sigue pendiente (Brussels Times). Con datos más rápidos, se podría rastrear en días, y no en meses, un envío de carburante reetiquetado que cruza varias fronteras.

A finales de 2025, la Fiscalía Europea tenía 3.602 investigaciones activas, con un daño estimado de 67.270 millones de euros (EPPO). Esa es la carga de trabajo para 182 personas.

Lo que aún no se ha probado

El registro público es más limitado de lo que sugieren las redadas. No se ha detallado cuántas de las 11 detenciones se produjeron en cada país. Tampoco se han publicado los nombres de las empresas, las funciones atribuidas a los sospechosos ni los bienes incautados en esta fase. Todos los investigados mantienen la presunción de inocencia.

La Fiscalía Europea puede abrir hoy causas que antes resultaban mucho más difíciles de construir. La cuestión es si 182 fiscales, repartidos por un continente con 3.600 expedientes abiertos, pueden convertir operaciones coordinadas como esta en condenas firmes. Ese será el verdadero examen del caso del diésel.