La EPPO investiga contratos ferroviarios búlgaros

El ministro búlgaro de Transportes, Georgi Peev, asegura que la Fiscalía Europea (EPPO, el órgano de la UE encargado de perseguir los delitos contra los fondos europeos) investiga 17 contratos ferroviarios firmados entre 2019 y 2021. Según Peev, la compañía nacional de infraestructuras ferroviarias de Bulgaria, NKZHI, asumió compromisos por unos 765 millones de euros sin tener garantizada la financiación (24 Chasa, Boulevard Bulgaria).

Lo que consta por ahora no es un fraude penal probado, sino que una empresa pública firmó contratos que no podía financiar. Si en ese proceso se perdieron fondos europeos es ya una cuestión penal.

La propia Fiscalía Europea no ha confirmado la investigación (Fakti). La afirmación descansa por completo en las declaraciones públicas de Peev y en informaciones de medios búlgaros. Pero el ministro ofreció el dato por iniciativa propia, precisó el número de contratos y aseguró que su departamento colaborará plenamente con los fiscales. La escena encaja más con un nuevo Gobierno que expone la gestión de su predecesor que con una filtración procedente de la Fiscalía.

Si se confirman irregularidades, Bulgaria podría afrontar devoluciones o recortes de financiación superiores a 400 millones de euros en fondos europeos vinculados a esos proyectos (BNR News, Fakti). No está claro qué programa europeo estaría expuesto. La OLAF, el organismo administrativo antifraude de la UE, revisa por separado dos contratos de suministro de material rodante.

Un fiscal europeo que actúa a través de tribunales nacionales

La Fiscalía Europea no es una policía de la UE. La dirección estratégica se fija desde Luxemburgo, pero los casos se tramitan dentro de los Estados miembros mediante fiscales europeos delegados, que trabajan con policías nacionales, tribunales nacionales y reglas nacionales de prueba (EPPO, Reglamento 2017/1939). En Bulgaria, una cadena fiscal europea puede asumir el mando de una causa que afecte a dinero comunitario, aunque son investigadores y jueces búlgaros quienes deben llevarla hasta el final.

Ese diseño híbrido pesa en el expediente ferroviario. La Fiscalía Europea puede dirigir la investigación y evitar que se entierre dentro del país. No puede corregir de golpe expedientes de contratación deficientes ni documentación ausente desde el origen. En 2024, la institución tramitó 6.547 denuncias penales y detectó daños estimados por más de 24.800 millones de euros, según su informe anual. Son cantidades sospechosas, no pérdidas acreditadas. Entre la sospecha y la prueba ante un tribunal se pierden muchas causas, sobre todo cuando los expedientes originales nunca se prepararon para resistir un examen serio.

La comparación con los países que no participan en la Fiscalía Europea explica por qué la adhesión importa. Los Estados que entran en el sistema se exponen a investigaciones incómodas, pero obtienen una vía fiscal parcialmente fuera del control político interno. Los que se quedan fuera, como Hungría, dejan la persecución del fraude sospechoso únicamente en manos de sus fiscales nacionales (Estados participantes en la EPPO).

Donde falla la ejecución

El expediente ferroviario búlgaro apunta a una vulnerabilidad que va más allá de un solo país: la cadena de ejecución que sostiene las decisiones políticas de financiación. Contratación pública, permisos, verificación financiera, entrega de obras o suministros, trazabilidad de auditoría. El Tribunal de Cuentas Europeo ha señalado repetidamente debilidades en los sistemas diseñados para detectar y sancionar el fraude contra el dinero de la UE (TCE), y la Fiscalía Europea ha coordinado registros en varios Estados miembros dentro de investigaciones sobre fondos comunitarios (Euronews). Rumanía afronta advertencias paralelas sobre el riesgo de perder miles de millones en fondos de recuperación si sus proyectos no cumplen los plazos europeos de pago (Libertatea).

Un proyecto puede superar la aprobación formal nacional mientras queda sin examinar la pregunta que determina si se ha malgastado dinero. En el caso búlgaro, la pregunta era elemental: ¿tenía el contrato financiación confirmada? Las propias declaraciones del ministro indican que no.

Los 17 contratos, las empresas adjudicatarias, los programas de financiación concretos y los posibles delitos siguen sin conocerse. Hasta que la Fiscalía Europea o un tribunal confirmen el alcance del expediente, la conclusión más sólida es la que ofreció el propio Peev: el sistema ferroviario búlgaro asumió cientos de millones en compromisos que no podía respaldar. La investigación penal determinará si también se arrastraron fondos europeos y si alguien debe responder por ello.