Bruselas avala la ayuda industrial alemana

En Slovalco, la única fundición de aluminio de Eslovaquia, el Gobierno prometió hace poco casi 470 millones de euros hasta 2030 para cubrir costes eléctricos y mantener los hornos en funcionamiento (Denník E). Se presentó como un rescate excepcional. Alemania acaba de obtener algo bastante mayor.

El 8 de julio, la Comisión Europea aprobó una ampliación de la compensación alemana por el precio de la electricidad, un programa que reembolsa a las fábricas intensivas en energía el coste del carbono que las eléctricas trasladan a la factura. Unos 20 sectores nuevos, del vidrio a las baterías, podrán solicitar ayudas, mientras que los beneficiarios actuales recibirán una cobertura algo más alta (Spiegel, BBH Blog). Era la segunda ampliación en pocas semanas: en junio, Bruselas también permitió a Alemania acumular esta compensación con otro programa de electricidad industrial, con un coste presupuestario adicional de unos 1.000 millones de euros (Zeit).

Nada de esto vulnera el derecho europeo. El artículo 107 del TFUE prohíbe las subvenciones públicas que den a las empresas de un país una ventaja injusta, pero permite excepciones cuando la ayuda evita un daño mayor, como que las fábricas salgan de Europa para esquivar los costes del carbono. La Comisión aprobó el plan alemán con ese argumento. El problema no está en la legalidad, sino en lo que ocurre cuando las mismas reglas se aplican a presupuestos nacionales muy distintos.

Cómo los costes del carbono agrietan el mercado único

La secuencia es sencilla. En el régimen de comercio de derechos de emisión de la UE, las centrales eléctricas compran permisos para contaminar. Después trasladan ese coste al precio de la electricidad. Las fábricas que consumen mucha energía pagan más, aunque no contaminen directamente. Los Gobiernos ingresan miles de millones al subastar esos permisos y pueden devolver parte de ese dinero a sus industrias en forma de compensación.

La fractura aparece en cuánto devuelve cada país. Alemania prevé gastar 2.900 millones de euros en compensaciones eléctricas a la industria en 2026, alrededor del 67% de los 4.300 millones que espera ingresar por subastas de derechos de emisión (Ariadne). Francia destinó a ese fin el 44% de sus ingresos por subastas, Bélgica el 33% y Eslovaquia alrededor del 5% (Aktuality). Sobre el papel, todos los Gobiernos disponen de la misma opción. En la práctica, la gran base industrial alemana genera una bolsa de ingresos mayor y su presupuesto le permite gastar buena parte de ella. Un país que ya se endeuda con fuerza para cubrir el gasto corriente no tiene margen para igualar esa respuesta, aunque las reglas digan que puede hacerlo.

Las fábricas que notan la diferencia

La brecha se ve a pie de fábrica. En Rumanía, el consejero delegado de Dacia afirmó que el país tiene el precio de la energía industrial más alto de Europa y vinculó esa incertidumbre de costes con una caída del 64% de la inversión y casi un millar de empleados menos en un solo año (Ziarul Financiar). En Polonia, los costes energéticos totales para los grandes consumidores industriales rondan los 170 euros/MWh, cerca de un 45% por encima de la media de la UE, según estimaciones del sector que alertan de pérdidas anuales de producción manufacturera por miles de millones de eslotis (WP).

Conviene hacer una precisión. No existe una base de datos pública que muestre cuánto paga realmente una planta alemana de vidrio subvencionada o una acería polaca sin compensación una vez descontadas todas las ayudas nacionales, impuestos, peajes de red y contratos de cobertura. Eurostat publica precios de electricidad para consumidores no domésticos, pero la factura final depende de capas de apoyo nacional que no caben en una sola tabla.

El patrón de fondo, aun así, es claro. Los países con cuentas públicas saneadas pueden absorber una parte mayor del coste de la transición verde para sus industrias. Los que arrastran déficits elevados, como Rumanía, cuyo desequilibrio alcanzó el 9,3% del PIB en 2024 según HotNews, no pueden igualar a Berlín por mucho que el reglamento se lo permita. La Comisión no ha roto el mercado único. Pero al autorizar ayudas nacionales de esta escala sin un suelo común, convierte la transición verde en una prueba de músculo presupuestario más que de eficiencia industrial. La fundición eslovaca consiguió su salvavidas. Para las fábricas de los Estados miembros que no pueden firmar esos cheques, Bruselas aún no ofrece una alternativa.