La UE aprueba centros sin país anfitrión

Ningún tercer país ha aceptado albergar un centro de deportación para la UE. Ese es el principal obstáculo de la nueva regulación de retornos, aprobada por el Parlamento Europeo el 17 de junio, que por primera vez daría a los Estados miembros una base legal para gestionar instalaciones de expulsión fuera del territorio comunitario (Parlamento Europeo, DW).

Diecinueve líderes europeos firmaron una carta en la que pedían a la Comisión Europea que respaldara esos centros con rapidez, incluida financiación comunitaria (Statsministeriet). Austria, Dinamarca, Grecia y Países Bajos estarían explorando posibles ubicaciones. El Consejo de la UE, donde los gobiernos nacionales colegislan, aún debe dar su aprobación formal. Pero la verdadera capacidad de decisión la tiene el país que aceptaría a los detenidos en su territorio, y ninguno ha dicho que sí.

Por qué la mayoría de órdenes de expulsión no se ejecutan

Los defensores de la medida señalan un fallo real del sistema. Solo alrededor del 28% de las decisiones de retorno dictadas en la UE terminan con la salida efectiva de la persona afectada, según el ponente parlamentario de la regulación, Malik Azmani (entrevista del Parlamento Europeo). Las nuevas normas crean una orden europea de retorno válida en todos los Estados miembros y permiten trasladar a personas a centros de internamiento situados fuera de las fronteras comunitarias.

Las razones por las que fracasan la mayoría de expulsiones, sin embargo, tienen poco que ver con el lugar donde se retiene a una persona. Los países de origen se niegan a emitir documentos de viaje. Los consulados dilatan los trámites. Los tribunales intervienen. Un análisis del Colegio de Europa situó el problema central en la cooperación de los países de origen y en su disposición a aceptar a sus nacionales de vuelta (College of Europe). El Parlamento puede autorizar el instrumento jurídico. No puede obligar a un tercer país a acoger un centro ni a un país de origen a recibir retornados.

Italia lo intentó. Volvieron cinco personas

Italia es el único gobierno que ha probado algo parecido a este modelo. Sus dos instalaciones en Albania, una de identificación en Shëngjin y otra de internamiento en Gjadër, operan bajo legislación italiana. Después de que los tribunales rechazaran los primeros internamientos a finales de 2024, Roma desplazó el objetivo inicial, centrado en tramitar solicitudes de asilo fuera de territorio italiano, hacia la retención de personas que ya tenían una orden de salida (EFE).

Los resultados son muy limitados. Internazionale, a partir de documentos obtenidos por Altreconomia, informó de cinco migrantes devueltos directamente desde Albania a Egipto. Otras personas trasladadas a Albania acabaron de nuevo en Italia. La misma investigación contabilizó 54 incidentes que requirieron intervención de emergencia durante los primeros días de funcionamiento de Gjadër (Internazionale).

El frente judicial sigue abierto. Según una actualización de ECRE/ELENA, el modelo albanés será examinado por el Tribunal de Justicia de la UE en los asuntos acumulados C-706/25 y C-707/25, que deberán aclarar si las instalaciones son compatibles con el derecho europeo de asilo (ECRE/ELENA). Giorgia Meloni sostiene que el voto del Parlamento Europeo valida su enfoque (La Nación). Los tribunales aún no se han pronunciado.

La batalla por la financiación y la cuestión de los derechos

El primer ministro griego, Kyriakos Mitsotakis, fijó el calendario más concreto: acuerdos antes de finales de 2026 y centros operativos a partir de 2027 (Le Monde). Alemania, pese a incorporarse a un grupo de trabajo sobre posibles ubicaciones, no firmó la carta de los 19 líderes (EUobserver).

Francia y España no pueden bloquear la regulación si se aprueba por mayoría cualificada, un sistema que exige una supermayoría de países y de población y que impide el veto individual de un solo Estado. Emmanuel Macron, aun así, afirmó que Francia se opondría a financiar los centros con el presupuesto de la UE, mientras Pedro Sánchez los calificó de ineficaces y perjudiciales para las relaciones con países de tránsito de los que Europa depende (Euronews, El País). No pueden tumbar la ley por sí solos. Sí pueden dificultar su financiación y su defensa política.

La regulación también elimina una garantía: los recursos contra una deportación dejarían de suspender automáticamente la expulsión, y serían los jueces quienes decidirían caso por caso (Parlamento Europeo, Politis). El alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos advirtió de que los gobiernos no pueden externalizar su responsabilidad cuando una persona queda detenida ilegalmente o se le niega un recurso efectivo (European Times). Amnistía Internacional alertó del riesgo de retener a personas en países con los que no tienen vínculos y donde podrían quedar sin acceso real a abogados (Amnesty).

El Parlamento ha aprobado el marco. El Consejo aún debe cerrar el trámite. Falta que un país anfitrión acepte. Y queda por ver qué dirán los tribunales de Luxemburgo y Estrasburgo sobre el alcance de las garantías europeas cuando una persona es trasladada fuera de las fronteras de la UE. El impulso político existe. Las respuestas prácticas, por ahora, no.