La UE avala centros de deportación

El Parlamento Europeo aprobó el 17 de junio que los Estados miembros puedan crear «centros de retorno» en países terceros: instalaciones de detención fuera de la UE donde permanecerían personas con orden de expulsión mientras los gobiernos organizan su deportación. El nuevo Reglamento de Retorno sustituye a una directiva de 2008 que dejó amplias diferencias entre los sistemas nacionales. La norma salió adelante con el impulso de una alianza entre el Partido Popular Europeo y grupos de extrema derecha (Euractiv). El Consejo, donde votan los gobiernos nacionales, aún debe adoptarla formalmente, pero la orientación política ya está fijada. El único país que ha probado de verdad este modelo, Italia en Albania, ha gastado decenas de millones de euros para devolver directamente a cinco personas.

La factura albanesa

La operación italiana en Albania es lo más parecido que tiene Europa a una prueba práctica sobre centros de retorno externalizados. Las cifras dibujan un balance difícil de defender. Las instalaciones de Shengjin y Gjader se diseñaron para alojar hasta 3.000 personas. En las últimas semanas, la ocupación se movía entre 15 y 20. La construcción costó unos 74 millones de euros, según datos de ActionAid citados por Internazionale. El resultado total hasta ahora: unas 620 personas retenidas y cinco devueltas directamente a Egipto (IRC).

Los tribunales italianos se negaron a validar las primeras detenciones al considerar que la designación gubernamental de Bangladesh y Egipto como «países seguros» no resistía el control judicial (Internazionale). En paralelo, la abogada general del Tribunal de Justicia de la UE, Laila Medina, cuyas conclusiones suelen anticipar la orientación de la sentencia, sostuvo que los centros fuera del territorio comunitario no están prohibidos por principio. Pero el derecho de la UE se aplica plenamente allí donde un Estado miembro ejerce control (TJUE). Cambiar el edificio de país no sitúa a la persona fuera del marco de derechos.

El coste humano apareció pronto. El Comité Internacional de Rescate documentó 54 «incidentes críticos» en Gjader durante los primeros 48 días, incluidos casos de autolesiones e intentos de suicidio (IRC).

Una coalición sin plano operativo

La alianza política que sostiene los centros de retorno es mucho más amplia que el plan para hacerlos funcionar. La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, quiere que haya centros externalizados en marcha durante su actual mandato (EPRS). Países Bajos ha vinculado sus gestiones a un grupo en el que figuran Alemania, Grecia, Austria y Dinamarca (WNL). El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, respalda lo que su partido, la CSU, llama una «Abschiebeoffensive», una ofensiva de deportaciones (Deutschlandfunk).

El papel de Dinamarca encierra una ironía institucional. Según el Protocolo nº 22, que recoge su cláusula de exclusión en materia de justicia e interior, el reglamento no se aplicaría automáticamente a Copenhague. Dinamarca está abriendo camino a una política por la que no quedaría vinculada, como rompehielos político para los demás.

España es el opositor más claro. Madrid sostiene que estos centros podrían vulnerar el principio de no devolución, que impide enviar a una persona a un lugar donde pueda correr peligro (RTVE). El Gobierno español también considera desproporcionada la posibilidad de detener hasta 24 meses a personas por una infracción administrativa. Con la votación por mayoría cualificada, que exige el apoyo del 55% de los Estados miembros que representen al menos el 65% de la población de la UE, España no puede bloquear la norma por sí sola. Madrid no reúne aliados suficientes para formar una minoría de bloqueo (El País).

Francia ocupa una posición intermedia deliberada: París respalda un endurecimiento de la ejecución de los retornos, pero evita presentar los centros fuera de la UE como pieza central de su política (Public Sénat, Ahram/AFP).

Lo que ningún Gobierno ha puesto sobre la mesa

Los defensores del reglamento señalan un problema real. Según cifras de la Comisión Europea, menos del 30% de las órdenes de retorno dictadas en la UE acaban en una deportación efectiva (Euractiv). Algunos gobiernos quieren cerrar acuerdos con países terceros este mismo año y tener centros operativos en 2027 (Reuters vía Dawn).

Pero ningún Gobierno ha identificado públicamente a un país dispuesto a acogerlos. No existe un marco presupuestario. La propia propuesta de la Comisión llegó sin una evaluación de impacto pública, una ausencia poco habitual en una legislación de este alcance, como señaló un análisis del Colegio de Europa.

Hay un consenso amplio en que el sistema europeo de retornos no funciona. El experimento italiano en Albania debía demostrar que la tramitación fuera del territorio de la UE era viable. De momento, ha dejado algo más parecido a una factura.