La UE veta quemar ropa sobrante

Vaqueros triturados. Abrigos incinerados. Cada año se destruyen entre 264.000 y 594.000 toneladas de textiles puestos en el mercado europeo antes de que lleguen a manos de un cliente. Desde el 19 de julio de 2026, las grandes empresas que sigan haciéndolo se enfrentan a una prohibición en toda la UE y deberán conservar registros auditables que demuestren qué ocurrió con cada prenda no vendida (Comisión Europea).

La norma cambia el almacén

La prohibición forma parte del Reglamento sobre diseño ecológico para productos sostenibles, conocido por sus siglas inglesas ESPR. Se trata de una norma europea de aplicación directa en todos los Estados miembros, sin necesidad de que los parlamentos nacionales aprueben leyes propias. Afecta a ropa, accesorios y calzado (EUR-Lex).

Las grandes empresas, es decir, aquellas con más de 250 empleados o una facturación superior a 50 millones de euros, ya están incluidas. Las medianas se incorporarán en 2030. Las microempresas y pequeñas empresas quedan exentas, aunque el reglamento impide que se utilicen como intermediarias para destruir productos por cuenta de otros (EUR-Lex, nShift).

«Destrucción» no significa solo incineración. La norma considera también destrucción el reciclaje, el triturado y la valorización energética de bienes no vendidos, salvo en excepciones muy concretas (Umweltbundesamt). Antes, las empresas deberán intentar rebajas, donaciones, reparaciones o el traslado de mercancía a otros mercados. Solo si esas vías fallan, o si existen riesgos reales de seguridad o falsificación, podrá destruirse el producto conforme al acto delegado con el que la Comisión precisó las excepciones (Reglamento Delegado 2026/296).

Los registros deberán conservarse durante cinco años. También habrá que publicar informes anuales. La vieja pregunta de un minorista, «¿podemos contabilizar esto como pérdida?», se convierte en una cadena documentada: qué producto es, por qué no se vendió, qué canal de reutilización se probó y qué pruebas lo acreditan. La carga será mayor para el comercio electrónico y los centros logísticos, donde las devoluciones y los excedentes de temporada acababan hasta ahora en flujos de residuos con escasa visibilidad (IT-Recht Kanzlei).

Quién controla y quién aún no puede hacerlo

La ley es europea. La inspección será nacional. Las autoridades de vigilancia del mercado de cada país, encargadas de comprobar si los productos a la venta cumplen las reglas de la UE, deberán verificar el cumplimiento. La preparación varía mucho.

Alemania ofrece la fotografía más clara: las autoridades regionales inspeccionarán los registros e impondrán multas (Umweltbundesamt). Polonia aún no ha anunciado públicamente qué organismo se ocupará de aplicar la norma, aunque la obligación ya está en vigor (Gazeta Prawna). En España, las competencias parecen repartidas entre la vigilancia de productos, las autoridades ambientales y las comunidades autónomas (BOE).

Francia parte de otro punto. Su ley AGEC ya prohibía desde 2022 la destrucción de bienes no alimentarios no vendidos, de modo que la norma europea extiende al conjunto de la UE una política que París había adoptado antes (Timly). Incluso allí, sin embargo, el sistema de reutilización está tensionado: las autoridades locales siguen gestionando cada año 794.000 toneladas de textiles dentro de los residuos restantes, con un coste de 225 millones de euros (AMORCE).

El eslabón que falta

La cadena de responsabilidades parece clara sobre el papel. La Comisión redactó la norma y puede extenderla a otras categorías de productos mediante actos delegados, una herramienta que permite ampliar reglas sin reabrir todo el proceso legislativo (Comisión Europea). Las empresas guardan registros. Los inspectores nacionales los revisan. Las organizaciones sociales, los recicladores y los mercados de segunda mano deberán absorber lo que los minoristas ya no podrán destruir discretamente. Ese último eslabón es el más débil.

Ningún Estado miembro dispone de cifras fiables sobre cuánta moda no vendida se destruía en realidad. La federación textil alemana califica la prohibición de «tigre de papel» (Gesamtverband textil+mode). Esa afirmación no se apoya en datos independientes. Tampoco lo hace la idea de que el problema sea enorme en todas partes. La información corporativa estandarizada, obligatoria desde marzo de 2027, puede ofrecer por primera vez una base empírica europea sobre una práctica que hasta ahora ha sido invisible por diseño (EUR-Lex).

Prohibir la destrucción no crea por sí solo capacidad de reutilización. Según Wedemain, los textiles usados que no encuentran salida en Europa acaban llegando a África, donde una parte relevante se convierte de inmediato en residuo. La prueba más difícil recae ahora en las autoridades nacionales y en los minoristas: demostrar que las vías de reutilización que están obligados a documentar pueden absorber existencias a gran escala.