Luxemburgo avala la amnistía catalana

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 16 de julio que el derecho de la UE no impide la amnistía española para los delitos vinculados al proceso independentista catalán (Euronews, Brussels Signal). La sentencia desactiva los principales argumentos jurídicos planteados en el plano europeo contra la ley, pero no amnistía por sí sola a nadie. Esa tarea corresponde a los jueces españoles, varios de los cuales ya han dejado claro que no interpretarán el fallo como una absolución automática.

Cómo llegó el caso a Luxemburgo

Dos tribunales españoles recurrieron al artículo 267 del TFUE, la disposición del tratado que permite a los jueces nacionales preguntar al TJUE cómo debe interpretarse el derecho de la Unión (artículo 267 del TFUE). Luxemburgo responde a la cuestión jurídica. El órgano remitente sigue siendo quien resuelve el caso concreto.

El Tribunal de Cuentas preguntó si perdonar la responsabilidad contable por dinero público destinado al referéndum independentista de 2017 vulneraba las normas europeas de protección del presupuesto comunitario. Por separado, la Audiencia Nacional planteó si amnistiar a acusados en una causa de terrorismo vinculada al independentismo catalán debilitaba la directiva antiterrorista de la UE (RTVE).

Dos objeciones rechazadas y un límite intacto

El Tribunal rechazó ambos reparos. En materia financiera, consideró que el uso de fondos públicos españoles para un referéndum ilegal no había causado un perjuicio al presupuesto de la UE (Brussels Signal). En la cuestión del terrorismo, aceptó que la amnistía española era lo bastante acotada como para no vaciar de contenido la directiva europea: la ley se circunscribe al contexto del independentismo catalán y excluye los actos que hayan causado daños graves e intencionados a los derechos humanos.

Sí sobrevivió un límite. El Tribunal objetó una previsión que podía obligar a los jueces españoles a cerrar causas en un plazo de dos meses, incluso antes de que Luxemburgo hubiera terminado de responder a sus preguntas (Internazionale/Reuters). España puede diseñar amnistías, pero no puede bloquear el cauce judicial propio de la UE.

Puigdemont sigue en el limbo judicial

Para los antiguos cargos catalanes que afrontan reclamaciones contables ante el Tribunal de Cuentas, el camino hacia la amnistía queda ahora bastante despejado (Eurasia Review). Para Carles Puigdemont, la distancia sigue siendo mayor.

Horas después del fallo, el juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena mantuvo activa la orden nacional de detención contra Puigdemont (Antena 3). Su razonamiento no se apoya en el derecho europeo. Llarena sostiene que la presunta malversación atribuida a Puigdemont implicó enriquecimiento personal, un supuesto que la propia ley de amnistía excluye. Luxemburgo no había sido preguntado sobre ese punto. El Tribunal Constitucional, que aplazó hasta otoño su propio pronunciamiento sobre la amnistía, pasa a ser ahora el siguiente escenario decisivo (Eurasia Review).

Para el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, la sentencia ofrece un argumento políticamente útil. La principal tesis de la oposición, que la amnistía vulneraba el derecho de la UE, se ha sometido al examen del tribunal competente y ha sido rechazada. Sánchez puede decir ahora a sus socios parlamentarios de Junts y ERC, los dos grandes partidos independentistas catalanes cuyos votos sostienen al Ejecutivo, que su promesa ha superado el filtro europeo (Ouest-France). Los dirigentes independentistas respondieron exigiendo una aplicación inmediata y completa. La cobertura alemana y francesa leyó el fallo con más cautela: un control jurídico superado, no una autorización política para el separatismo (taz).

El Tribunal podía decir si el derecho de la UE bloqueaba la amnistía. No podía decidir si los tribunales españoles la aceptarán caso por caso. Luxemburgo ha retirado el derecho europeo del debate principal. Los juzgados de Madrid asumen ahora los tiempos, el margen de interpretación y las consecuencias.