La justicia europea avala la amnistía

El Tribunal de Justicia de la Unión Europea dictaminó el 16 de julio que la ley española de amnistía para el procés catalán no vulnera el derecho de la UE. La sentencia elimina una objeción en el plano europeo contra la norma, pero no despeja el obstáculo que mantiene a Carles Puigdemont en Bélgica: el Tribunal Supremo sigue negándose a aplicarle la amnistía y la orden nacional de detención continúa vigente (comunicado de prensa del TJUE n.º 112/26, Euronews).

Qué decidió realmente Luxemburgo

Los tribunales españoles habían planteado tres cuestiones al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, reunido en Gran Sala, su formación de mayor autoridad. Querían saber si la ley de amnistía perjudica los intereses financieros de la UE, si vulnera las normas europeas contra el terrorismo y si el plazo de dos meses impuesto a los jueces para resolver les obliga a ignorar orientaciones jurídicas pendientes de Luxemburgo.

Las respuestas fueron acotadas. La amnistía es una prerrogativa de los Estados miembros. El gasto público vinculado al impulso independentista catalán no dañó automáticamente el presupuesto de la UE (Brussels Signal). Las normas europeas contra el terrorismo no prohibían una amnistía orientada a la reconciliación política (Al Jazeera). Y, si el plazo previsto por la ley obligara a los jueces españoles a pronunciarse antes de que Luxemburgo respondiera a una cuestión prejudicial, se debe dejar sin aplicar ese plazo (comunicado de prensa del TJUE).

El tribunal no declaró amnistiado a Puigdemont. Tampoco ordenó a España retirar la orden de detención ni decidió si la exclusión prevista por la propia ley para conductas que impliquen «enriquecimiento personal» cubre los hechos que se le atribuyen. Esas cuestiones corresponden a los tribunales españoles (Politico, comunicado de prensa del TJUE).

Dos tribunales, dos vías, ambas en Madrid

El Tribunal Supremo controla la causa penal de Puigdemont. Su juez instructor ha rechazado aplicar la amnistía al delito de malversación que sigue pendiente. El razonamiento es relevante: la ley excluye las conductas que hayan supuesto beneficio personal, y el juez interpreta que el presunto uso de dinero público para el procés encaja en esa categoría (el Constitucional, NRC). El TJUE ha debilitado uno de los pilares de esa negativa al descartar el argumento del perjuicio al presupuesto comunitario, pero la cuestión interna sigue abierta: si la exclusión por «enriquecimiento personal» encaja en su caso depende del derecho español, no del derecho de la UE.

La segunda vía pasa por el Tribunal Constitucional. En junio de 2025, avaló en términos generales la compatibilidad de la ley de amnistía con la Constitución española (Brussels Signal). Puigdemont ha presentado ahora un recurso de amparo, en el que sostiene que la negativa del Supremo a aplicarle la amnistía vulnera sus derechos fundamentales. Si el Constitucional corrige la interpretación del Supremo, habría que revisar tanto la orden de detención como la aplicación de la amnistía (NRC).

Mientras ningún tribunal español levante formalmente la orden de detención, regresar desde Bélgica implica un riesgo jurídico real. La prensa belga y neerlandesa lo resume con claridad: Puigdemont está un paso más cerca, pero no tiene vía libre (De Morgen).

Por qué Europa observa un caso español

La sentencia se ha cubierto en varios países como algo más que un asunto interno. La prensa alemana recuerda 2018, cuando un tribunal de Schleswig-Holstein examinó una petición española de extradición contra Puigdemont y mostró que las órdenes europeas de detención, el mecanismo por el que un país de la UE solicita a otro la entrega de un sospechoso, no borran las categorías jurídicas nacionales (Deutschlandfunk). Entonces la cuestión era si otro país ejecutaría la orden española. En 2026, la cuestión es si España aplica su propia amnistía. Los tribunales europeos pueden retirar objeciones basadas en el derecho de la UE, pero no obligar a un Estado miembro a usar la ley que ha aprobado.

El TJUE ha trazado la frontera entre lo que el derecho de la UE puede bloquear y lo que queda como decisión nacional. La amnistía española ha superado ese examen. Que Puigdemont se beneficie de la ley impulsada por su propio movimiento depende ahora del Tribunal Supremo y del Tribunal Constitucional. Luxemburgo ha estrechado el caso. Madrid conserva la llave de la puerta por la que Puigdemont quiere entrar.