La UE aplaza el arancel de carbono

Un retraso de dos días en el calendario dice más de lo que parece. La Comisión Europea aplazó del 15 al 17 de julio la revisión de su régimen de comercio de derechos de emisión (Argus), mientras los Estados miembros pospusieron hasta septiembre la votación sobre las reglas aplicables a las importaciones sujetas al ajuste de carbono en frontera (Sendeco2). Ambos movimientos han dejado al descubierto el pulso político de fondo: si la industria pesada europea seguirá recibiendo permisos gratuitos para contaminar más allá de 2030 y quién asumirá el coste si eso ocurre.

Por qué los permisos gratuitos importan tanto

El mercado europeo de carbono, conocido como RCDE o ETS, obliga a las eléctricas y a las fábricas a comprar un derecho por cada tonelada de CO₂ que emiten. Ese derecho fija, en la práctica, el precio del carbono. Para evitar que las empresas trasladen su producción fuera de la UE y eludan ese coste, Bruselas puso en marcha el Mecanismo de Ajuste en Frontera por Carbono (CBAM), que impone a los importadores de acero, cemento, aluminio y otros productos una carga comparable. El sistema empezó a recaudar dinero real el 1 de enero de 2026 (EUR-Lex).

La cuantía no es menor. Los certificados CBAM costaron 75,28 euros por tonelada de CO₂ en el segundo trimestre de 2026 (Argus, SteelOrbis). A ese nivel, cada decisión sobre quién recibe derechos gratuitos mueve mucho dinero.

La disputa llega a septiembre con dos bloques definidos. Unos 40 grupos industriales, entre ellos BASF, thyssenkrupp y ArcelorMittal, han reclamado una intervención política contra el aumento de los costes del ETS, con advertencias sobre cierres y deslocalizaciones (Finanzen.net). El Partido Popular Europeo ha asumido esa posición y presiona al comisario de Clima, Wopke Hoekstra, para prolongar los derechos gratuitos más allá de 2030 (Euronews).

La comisión de Medio Ambiente del Parlamento Europeo votó el 6 de julio, por 56 votos contra 11, a favor de endurecer el texto del CBAM. La propuesta amplía su alcance a unos 180 productos derivados, como piezas de automóvil y electrodomésticos, y rechaza que los créditos internacionales de carbono puedan sustituir a los permisos europeos (European Parliament). Esa posición sitúa al comité en choque directo con el lobby industrial antes de la votación de septiembre.

Las emisiones alemanas cayeron porque las fábricas produjeron menos

La industria alemana intensiva en energía emitió 97 millones de toneladas de CO₂ en 2025, un 5,5% menos que el año anterior. La propia agencia alemana de medio ambiente atribuyó el descenso a la caída de la producción y a la debilidad de la demanda, no a nuevas inversiones limpias (Umweltbundesamt). Se produjo menos y, por tanto, se emitió menos. Una investigación periodística reveló que solo BASF se benefició desde 2013 de 4.700 millones de euros en certificados gratuitos, además de 800 millones en ingresos por operaciones de compraventa (Correctiv). Los permisos gratuitos no desencadenaron una transformación. Subvencionaron la continuidad.

Suecia ofrece el caso inverso. SSAB está invirtiendo unos 6.000 millones de euros para sustituir el carbón por hidrógeno en la producción de acero (Cyprus Mail/Reuters). Cada año en que sus competidores siguen recibiendo derechos gratuitos reduce el retorno de esa apuesta. Suecia pagó primero y ahora observa cómo Bruselas estudia premiar a quienes no lo hicieron.

Italia muestra una fractura dentro de la propia industria. Los productores de acero de primera transformación quieren la protección del CBAM frente a competidores extranjeros más baratos. Los fabricantes de coches, electrodomésticos y maquinaria piden retrasar hasta 2030 la ampliación del mecanismo a productos derivados, porque encarece el acero y el aluminio que compran como insumos (SteelOrbis). Polonia, con precios industriales de la electricidad en torno a 170-194 euros/MWh y una red aún muy dependiente del carbón, es quien presiona con más fuerza para ralentizar la reducción del techo de emisiones y prolongar los derechos gratuitos (WP, RMF24).

Septiembre decidirá si la tasa en frontera funciona

La votación de septiembre fijará cuánto pueden deducirse los importadores cuando aleguen que ya han pagado un precio del carbono en el país de origen. Si las deducciones son demasiado generosas, los importadores podrán explotar las grietas del sistema y la tasa en frontera quedará vacía de contenido. Si son demasiado estrictas, los exportadores de países con sistemas parciales de precios del carbono verán una barrera que se parece mucho a un arancel encubierto.

La UE debe escoger entre dos grupos: las empresas que ya han invertido miles de millones para descarbonizarse y las que recibieron permisos gratuitos mientras seguían emitiendo. Esta investigación no ha encontrado pruebas públicas de que prolongar esos derechos gratuitos venga acompañado de compromisos vinculantes de inversión en producción limpia. Las emisiones alemanas cayeron porque cayó la demanda. Los datos apuntan a que el alivio protege a los incumbentes; no los transforma.