La UE retira alerta migratoria a España

Italia, Dinamarca y Polonia querían que los líderes de la UE advirtieran de que las medidas migratorias nacionales pueden atraer más llegadas irregulares. Medios españoles y extranjeros interpretaron esa propuesta como una alusión a la regularización masiva de personas migrantes en situación irregular en España, pero las conclusiones aprobadas el 16 de octubre no incluyen esa advertencia (conclusiones del Consejo Europeo). España sigue decidiendo quién puede residir y trabajar en su territorio. Sus socios temen que los efectos se extiendan a través de las fronteras abiertas, pero no han documentado que sea así.

Una frase que cualquier líder podía vetar

El borrador, según informaron dos medios, decía que la UE debía evitar medidas que pudieran incentivar las llegadas irregulares. También pedía a la Comisión que estudiara la posibilidad de consultar a los gobiernos cuando las decisiones de un país afectaran a los demás (POLITICO, EFE). La formulación citada no aclaraba si consultar implicaba algo más que hablar antes de actuar.

Las conclusiones de una cumbre ofrecen orientación política de los líderes nacionales, pero no tienen fuerza de ley. Requieren consenso, de modo que basta con que un solo dirigente se niegue a suscribirlas para que desaparezca una frase. El texto final no menciona a España ni ningún incentivo para las llegadas (conclusiones del Consejo Europeo).

No está tan claro quién consiguió que se retirara la frase. El Mundo atribuye el resultado al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez (El Mundo). Euronews, citando a AP, informó de que Francia también se opuso a la enmienda por considerarla un ataque implícito a España (Euronews/AP). En cualquier caso, los líderes decidían qué decir; nunca se debatió si España podía conceder permisos.

Por qué preocupa a los vecinos de España

El argumento de los tres gobiernos se apoya en Schengen, el espacio en el que la mayoría de los países de la UE han suprimido los controles de pasaporte entre sí. Giorgia Meloni dijo ante el Parlamento italiano que las decisiones migratorias de un país repercuten en sus socios (acta parlamentaria de Meloni). En un espacio con una frontera exterior común, una decisión nacional afecta a todos.

La primera ministra danesa, Mette Frederiksen, pidió a la Comisión que examinara qué ocurre cuando un Estado regulariza a personas que entraron de forma irregular (Altinget). En agosto, una carta firmada por 22 líderes señaló las regularizaciones a gran escala como posibles «factores de atracción», es decir, como presuntos incentivos para futuras llegadas (Oficina de la primera ministra danesa).

Qué permite realmente un permiso español

El programa español solo incluye a personas que ya estaban en el país. Para solicitarlo había que acreditar que se estaba en España antes del 1 de enero de 2026 y que se había permanecido allí al menos cinco meses seguidos. El plazo para presentar solicitudes estuvo abierto del 16 de abril al 30 de junio (Real Decreto 316/2026).

Presentar una solicitud no equivale a obtener un permiso, y el proceso consta de tres fases. A 2 de julio, el Gobierno había contabilizado 1.174.978 solicitudes y 609.737 expedientes tramitados o admitidos a la fase provisional (Gobierno de España). En ese momento, El País informó de que se habían aprobado definitivamente unas 11.000 solicitudes (El País). La situación provisional permite residir y trabajar únicamente en España. La resolución definitiva concede un permiso de un año, seguido de una tarjeta de identidad (Real Decreto 316/2026).

Incluso el permiso definitivo permite desplazarse por Europa en menos supuestos de los que sugiere el debate. Autoriza visitas a otros países de Schengen de hasta 90 días en cualquier periodo de 180, pero no trabajar ni establecerse allí sin la autorización del país correspondiente (Comisión Europea). El documento provisional tampoco sirve para viajar. El Código de fronteras Schengen, la norma de la UE que regula los cruces fronterizos, no considera válidos los documentos temporales expedidos durante una primera solicitud de residencia (EUR-Lex).

Unos controles fronterizos que miden otra cosa

Los dos gobiernos han tenido un desacuerdo por un episodio distinto. Tras una llegada numerosa de personas a Ceuta en julio, Italia empezó a controlar a los pasajeros de vuelos y ferris procedentes de España, y Madrid respondió con controles a quienes llegaban desde Italia (ANSA). El 16 de octubre, Meloni y Sánchez acordaron prorrogar durante siete días los controles italianos mientras sus ministros del Interior buscan alternativas (Euronews).

El episodio de Ceuta no guarda relación con la regularización. Quienes llegaron en julio no podían acogerse al programa, que exigía estar en España antes de enero. Por tanto, los controles italianos se dirigían a otro grupo.

La legislación de la UE ya permite a los Estados miembros conceder un derecho de residencia a personas en situación irregular por motivos humanitarios u otras razones (EUR-Lex). Los líderes dejaron intacta esa competencia nacional, y las pruebas citadas hasta ahora no muestran que los permisos españoles hayan provocado desplazamientos a otros países. Hay una salvedad: desde julio no se han publicado cifras de permisos definitivos. Se desconoce, por tanto, incluso el tamaño del grupo que puede viajar legalmente.