La UE incumple su cuota migratoria

La nueva arquitectura migratoria de la UE empezó a aplicarse el 12 de junio con dos escenas que resumen su fragilidad. En Grecia, los agentes de frontera comenzaron a realizar cribados de asilo de siete días bajo el sistema reformado. Ese mismo día, el ministro del Interior alemán confirmó que los controles en las fronteras internas seguirían vigentes al menos hasta septiembre. Ambos países están sujetos a los mismos diez actos jurídicos, pero los aplican desde posiciones muy distintas.

El Pacto obliga a todos los Estados miembros a examinar en siete días las llegadas irregulares, hacer comprobaciones biométricas a través de Eurodac, la base común europea de huellas dactilares, y derivar a cada persona hacia procedimientos de asilo o de retorno. La mayoría de estas normas son reglamentos, por lo que se aplican directamente sin necesidad de que los parlamentos nacionales aprueben leyes específicas. Pero que una norma sea «directamente aplicable» no significa que funcione sola: hacen falta autoridades designadas, funcionarios formados, instalaciones disponibles y bases de datos conectadas.

Cumplimiento rápido, atajos ejecutivos y presión administrativa

Lituania aprobó un paquete legislativo completo, encargó a una oficina del Defensor del Pueblo la supervisión de derechos y reservó 73,9 millones de euros en fondos europeos (Lrytas). También firmó un acuerdo bilateral con Chipre para reubicar a 58 personas y pagó 1,14 millones de euros por el resto de su obligación de solidaridad (LRT). Las cifras son pequeñas, pero la maquinaria existe.

Francia optó por la rapidez antes que por el escrutinio. El Gobierno presentó una ley habilitante para adaptar el derecho francés mediante ordenanzas ejecutivas, sin debatir el Pacto artículo por artículo en el Parlamento (Vie publique). Le Monde señaló que profesionales y ONG se mueven ahora entre decretos, órdenes y circulares, en una «zona de inseguridad jurídica».

Países Bajos añadió sus propias restricciones nacionales, como la supresión de los permisos de asilo permanentes y el endurecimiento de la reagrupación familiar, a las exigencias europeas. El IND, la agencia neerlandesa de inmigración, advirtió de que la carga acumulada podía desbordar el servicio. El país sigue necesitando unas 23.000 plazas de acogida, mientras 100 de sus 342 municipios no ofrecen ningún alojamiento (DutchNews).

Rechazo político bajo apariencia de cumplimiento

Polonia obtuvo una exención temporal de un año en la bolsa de solidaridad de 2026. La Comisión se la concedió porque el país acoge a más de un millón de refugiados ucranianos y afronta migración instrumentalizada en la frontera con Bielorrusia (Onet). El Ministerio del Interior declaró después que Polonia «no aceptará migrantes de otros Estados ni asumirá costes relacionados», convirtiendo una dispensa anual en un mensaje de exclusión permanente.

Berlín sostiene que el Pacto reducirá los movimientos secundarios irregulares y hará innecesarios los controles fronterizos internos. El ministro del Interior, Alexander Dobrindt, mantendrá esos controles al menos hasta el 15 de septiembre de 2026, sin publicar ningún umbral para retirarlos. Solo tres de los 16 estados federados alemanes quieren crear centros de tramitación para la migración secundaria (Tagesschau).

Solidaridad rebajada de salida

El mecanismo de reparto de cargas del Pacto debía evitar que Estados de primera línea, como Grecia e Italia, absorbieran solos la presión del asilo. El texto jurídico fija mínimos anuales: 30.000 reubicaciones y 600 millones de euros en contribuciones financieras (preguntas y respuestas de la Comisión).

Los Estados miembros prometieron menos. Según Euronews, el resultado para 2026 quedó en 21.000 reubicaciones y 420 millones de euros. Las cifras efectivas se reducen aún más cuando se tienen en cuenta exenciones como la polaca.

Grecia aprobó su legislación de aplicación el 9 de junio (gr.euronews.com) y ya está ejecutando cribados y procedimientos en frontera. Human Rights Watch advirtió de que la supervisión independiente exigida por el Pacto no llega automáticamente a los lugares donde pueden producirse prácticas coercitivas en la frontera. Las normas garantizan observadores en los puntos de cribado, pero no cubren lo que ocurre antes de que una persona entre en el sistema.

La Comisión puede abrir procedimientos de infracción y recuperar contribuciones de solidaridad impagadas. No puede gestionar oficinas de asilo, cubrir puestos fronterizos ni construir centros de acogida. La exención polaca deberá renovarse en diciembre de 2026: será la primera prueba de si las obligaciones de solidaridad resisten cuando chocan con la política nacional.