La UE aparta a ucranianos movilizables

Los ministros del Interior de la UE respaldaron el 4 de junio, en una reunión en Luxemburgo, el principio de excluir a los hombres ucranianos de entre 23 y 60 años del régimen europeo de protección temporal para refugiados. Sería la primera vez que el bloque fragmenta una protección colectiva por edad y sexo. La propuesta cuenta con un apoyo poco habitual: el de la propia Ucrania. El comisario Magnus Brunner dijo a los periodistas que «esto es también lo que los ucranianos nos piden que hagamos» (UNN, Euronews).

La ley marcial ucraniana impide a esos hombres salir del país. Varias economías europeas dependen de su mano de obra. Y la propia Carta de los Derechos Fundamentales de la UE prohíbe la discriminación por razón de sexo y edad.

Qué cambia

La Directiva de protección temporal es un mecanismo de emergencia creado en 2001 y activado por primera vez tras la invasión rusa a gran escala. Concede a los ucranianos residencia automática y derecho a trabajar sin pasar por expedientes individuales de asilo. El régimen cubre ahora a 4,33 millones de personas. Los hombres adultos representan el 26,6% del total, unos 1,15 millones (Eurostat). La protección vence en marzo de 2027. Los 27 Estados miembros apoyan prorrogarla hasta 2028, pero una amplia mayoría quiere que esa extensión excluya de las nuevas solicitudes a los hombres en edad de movilización. Quienes ya tengan protección la conservarían (Comisión Europea).

Para cambiar la norma hace falta una mayoría cualificada en el Consejo, donde se sientan los Gobiernos nacionales: el 55% de los Estados miembros, que representen al menos el 65% de la población de la UE. Ningún país tiene poder de veto por sí solo. La Comisión presentará un texto legislativo formal en las próximas semanas (eurointegration.com.ua).

Una coalición amplia con una contradicción de fondo

Alemania y Austria encabezan la presión. El ministro alemán del Interior, Alexander Dobrindt, afirmó que Berlín tiene «dudas sobre si los ucranianos en edad militar deben estar cubiertos» (Deutschlandfunk). El ministro sueco de Migración, Johan Forssell, fue más directo: esos hombres «deberían estar en casa luchando por el futuro de Ucrania y la libertad de Europa» (GP.se). El ministro checo del Interior, Metnar, sostuvo que cerca del 80% de los Estados miembros apoyaba la restricción (CT24).

España e Italia se oponen al cambio. El ministro español del Interior, Grande-Marlaska, declaró: «Todos los ciudadanos ucranianos deben seguir protegidos en todos los países de la UE» (Euronews). Luxemburgo planteó un problema práctico: si los países aplican criterios distintos, los hombres rechazados en un Estado podrían registrarse en otro, lo que abriría un circuito de migración interna dentro del espacio Schengen, sin controles fronterizos internos (Tageblatt).

Los países que más empujan para excluir a estos hombres son también los que acogen a más ucranianos: Alemania, 1,27 millones; Polonia, 961.000; y la República Checa, 380.000 (Eurostat, Euractiv). Polonia ya prepara una vía alternativa: la tarjeta CUKR, un permiso de trabajo de tres años que convierte la protección temporal en residencia ordinaria. La República Checa ofrece un permiso similar de cinco años. Ambos países quieren conservar a los trabajadores, pero desprenderse del marco humanitario que les reconoce derechos más amplios.

El obstáculo de los derechos fundamentales

La propia Comisión ha cambiado de posición. En febrero, su portavoz insistía en que el sistema «no distingue entre mujeres, niños y hombres de cualquier edad» (Brussels Signal). Cuatro meses después, Brunner presentó la exclusión como la opción principal. Ningún órgano de la UE ha publicado todavía una opinión jurídica formal sobre si una excepción demográfica dentro de la protección colectiva es compatible con la Carta de los Derechos Fundamentales, que prohíbe la discriminación precisamente por esos motivos (eurointegration.com.ua).

Francia ha guardado silencio en público. Su voto pesa: sin París junto a Madrid y Roma, esos tres países no alcanzan el umbral del 35% de población necesario para bloquear una mayoría cualificada. La posición francesa decidirá si esta exclusión se convierte en derecho europeo o si la arquitectura de protección de la UE mantiene el principio de que el estatus de una persona no depende de su edad, su sexo ni de las necesidades de reclutamiento de un Gobierno en guerra.