La UE aún no fija la tasa

El Parlamento Europeo votó el 16 de septiembre a favor de sustituir todo el código aduanero de la UE y crear una tasa de gestión para las mercancías enviadas directamente desde fuera de la Unión a consumidores europeos. Los titulares de toda Europa empezaron a hablar de 2, 7 o incluso 10 euros por paquete. Ninguna de esas cifras tiene fuerza legal: la Comisión aún no ha fijado la tasa y tanto su importe como el método de cálculo y los detalles de su recaudación dependen de una legislación secundaria que todavía no se ha redactado (European Parliament, EUnews).

Lo que sí resolvió el Parlamento fue quién responde ante las aduanas cuando llega un paquete. En el modelo estándar, será el mercado en línea —Temu, Shein, AliExpress— y no el comprador. La plataforma pasa a ser un «importador a efectos aduaneros», responsable de los datos, los derechos de aduana y el cumplimiento de la normativa (Brussels Times). La recaudación deberá comenzar el 1 de noviembre de 2026, pero solo cuando el sistema de aplicación de la Comisión esté listo.

Dos gravámenes distintos

La confusión importa porque ahora se acumulan dos instrumentos distintos, que buena parte de la cobertura informativa mezcla. El derecho de aduana fijo de 3 euros, vigente desde el 1 de julio en virtud del Reglamento (UE) 2026/382, eliminó la antigua exención que permitía entrar sin arancel a los envíos de hasta 150 euros. Es un arancel que se cobra por categoría de producto dentro de un envío, no por paquete: un paquete con camisas y una funda de teléfono puede pagar 6 euros, no 3. Los datos de las aduanas polacas muestran la diferencia: en el año anterior se despacharon más de 26 millones de envíos que contenían unos 130 millones de categorías de productos, alrededor de cinco categorías por envío de media (Prawo.pl).

La tasa de gestión es otra cosa. Su objetivo es cubrir el coste real de tramitar los datos del comercio electrónico, analizar riesgos e inspeccionar las mercancías. Se suma al derecho de 3 euros, no lo sustituye (RTL Belgium). La cifra de 2 euros que aparece en muchas informaciones era una de las opciones discutidas durante las negociaciones. Las cantidades de 7 y 10 euros procedían, respectivamente, de las peticiones de la cámara polaca de comercio electrónico y de la asociación europea de la industria textil Euratex (dlaHandlu.pl, Fakt). Ninguna quedó incorporada a la ley.

Cambió la frontera aduanera, no las mercancías

El arancel de 3 euros ya ha reconfigurado la logística. Las aduanas belgas registraron en julio una caída interanual del 53% en los paquetes pequeños del aeropuerto de Liège, mientras que las declaraciones aduaneras simplificadas se redujeron aproximadamente a la mitad (Boursorama/AFP, The Loadstar). Como ya contamos, los paquetes llegados a Países Bajos desde fuera de la UE cayeron un 46% en julio y agosto (To Brief). En Eslovenia y Francia se observaron descensos similares.

Pero el volumen total de carga de Liège aumentó un 4% durante el mismo periodo (Aktus-CCI). Las declaraciones estándar de envíos agrupados aumentaron en unos tres millones. Las aduanas neerlandesas afirmaron expresamente que las tiendas en línea extranjeras están optando por las importaciones a granel y los almacenes dentro de la UE (Euronews). Shein y Temu estarían ampliando su capacidad logística en torno a Wrocław, en Polonia. Un paquete enviado desde un almacén polaco a un consumidor alemán ya no es una importación. Las mercancías entraron en la UE en un envío agrupado, declarado, gravado y sometido a control aduanero; solo el último tramo se convierte en una entrega nacional.

La cuestión es si esto mejora el control o simplemente lo desplaza. Los puntos aduaneros que tramitan paquetes en la frontera pierden volumen. Lo ganan las inspecciones de almacenes, las autoridades de seguridad de los productos y la vigilancia del mercado interior.

Quién paga y quién sale ganando

Los minoristas de la UE son los beneficiarios más claros. Competían con un canal en el que las importaciones directas eludían por completo los derechos de aduana. Esa ventaja ha desaparecido. Las autoridades aduaneras pasan a tener un responsable identificado, una plataforma con datos y capacidad financiera, en vez de perseguir a millones de destinatarios individuales.

Los consumidores afrontan un resultado menos claro. Cualquier cargo fijo pesa más sobre las compras baratas: el derecho de aduana de 3 euros ya equivale por sí solo al 60% de un artículo de 5 euros, antes del IVA. Ninguna plataforma se ha comprometido públicamente a asumir los costes ni ha hecho pública su política para repercutirlos (Tagesschau). Las grandes plataformas pueden repartir los costes de cumplimiento entre volúmenes enormes e invertir en almacenes dentro de la UE. Los pequeños vendedores de terceros países no tienen esa capacidad. La reforma podría igualar la competencia entre los minoristas europeos y los de fuera de la UE, al tiempo que refuerza a las mayores plataformas frente a sus rivales más pequeños.

La aprobación del Parlamento fija sobre todo una cadena de responsabilidades: la plataforma responde ante las aduanas, la Comisión establece la tasa y el importe final para el consumidor sigue sin decidirse. Cualquiera que cite un recargo concreto está ofreciendo una certeza que la ley no contiene.