Avanza el giro de poder en la UE

Los ministros de Exteriores de la UE se reunieron el 1 y 2 de septiembre en Druids Glen, en el condado irlandés de Wicklow, para el Gymnich semestral, un encuentro informal pensado para debatir sin adoptar decisiones vinculantes (EEAS, The Journal). Sobre la mesa había dos reformas que buscan una política exterior europea más rápida y coherente. La que tiene más posibilidades de avanzar concentraría más poder en la Comisión. La otra, la que intenta limitar el veto nacional, sigue atrapada por la misma regla que pretende cambiar.

Kallas tiene el cargo, pero no las herramientas

La alta representante para la política exterior de la UE, Kaja Kallas, debería coordinar todo lo que el bloque hace fuera de sus fronteras. En la práctica, el dinero y los equipos que gestionan la ayuda al desarrollo, la industria de defensa, la ayuda humanitaria y la política de vecindad dependen de departamentos separados de la Comisión que no están bajo su mando (Le Monde, Euronews).

París y Berlín quieren corregir esa fragmentación. Las conclusiones de su consejo ministerial de julio pidieron reformar las estructuras de acción exterior, con el Consejo Europeo de octubre, donde los jefes de Estado y de Gobierno fijan la orientación política de la UE, como horizonte para lanzar los trabajos formales (Elysée, Bundesregierung). La solución que se baraja acercaría esos instrumentos a Kallas, aunque también la situaría de forma más clara dentro de la cadena de mando de la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen (Politico).

El Servicio Europeo de Acción Exterior, el SEAE, un organismo híbrido integrado por personal de los servicios diplomáticos nacionales, la Comisión y la Secretaría General del Consejo, se centraría más en la estrategia y en las misiones militares, y menos en la gestión de presupuestos y programas. El resultado sería paradójico: su jefa tendría acceso a más instrumentos, pero el servicio podría perder control sobre fondos, nombramientos y fijación de prioridades (EUPerspectives). No se ha publicado ningún documento franco-alemán oficial. El diseño sigue basado en filtraciones, coherentes entre varios medios, pero sin confirmación detallada.

Esta reforma puede avanzar con relativa rapidez porque exige revisar una decisión del Consejo de 2010, la que creó el SEAE, y no modificar los tratados de la UE (Decisión 2010/427/UE del Consejo).

El problema del veto sigue bloqueado

La segunda vía aborda una cuestión más profunda. Un documento informal de 11 países, entre ellos Francia, Alemania, Austria, Países Bajos, España y Suecia, propone un código de conducta contra los vetos obstructivos en política exterior (ANSA, Euronews). Según los tratados, las decisiones de política exterior y de seguridad requieren unanimidad: un solo Gobierno puede bloquear sanciones o respuestas a una crisis aunque los otros 26 estén de acuerdo (artículo 31 del TUE).

El documento pide recurrir más a la abstención constructiva, que permite a un país apartarse de una decisión sin bloquearla. También insta a los Gobiernos a no utilizar expedientes de política exterior como moneda de cambio para obtener concesiones en asuntos sin relación directa, y plantea explorar vías hacia la votación por mayoría cualificada, en la que las decisiones se aprueban mediante una mayoría ponderada y no por consenso. Hay precedentes: Chipre, Irlanda, Austria y Malta se han apartado en decisiones concretas en vez de vetarlas (Euronews).

La salida, sin embargo, también requiere unanimidad. Los países protegidos por el veto tendrían que aceptar debilitarlo. Eso convierte el código de conducta en una declaración de intención más que en una herramienta exigible.

Quién paga el coste

Las dos reformas generan perdedores distintos. La reorganización institucional refuerza la presidencia de la Comisión como centro de mando de la política exterior. Para los Estados pequeños, el matiz importa porque la alta representante responde ahora ante los Estados miembros a través del Consejo, además de hacerlo ante la Comisión. Una jefa de la diplomacia más ligada a la Comisión debilitaría ese vínculo intergubernamental, que es la vía por la que capitales como Tallin o Dublín se mantienen dentro del circuito en decisiones que les afectan directamente.

Estonia muestra bien esa tensión. Tallin quiere una coordinación más rápida de las sanciones y ha dicho públicamente que Hungría y Eslovaquia ralentizaron decisiones clave sobre Ucrania (Gobierno estonio). Pero ganar velocidad a través de la jerarquía de la Comisión tiene un precio si se reduce el canal del Consejo, donde los Estados pequeños tienen asiento propio (ERR).

La vía del veto afecta a otros intereses. Chipre trata su veto como un seguro en los expedientes entre la UE y Turquía; debilitarlo privaría a un país pequeño de su palanca diplomática más fuerte (RIK, Kathimerini). Hungría ha utilizado el veto para retrasar paquetes de sanciones. Para ambos, el sistema actual funciona como protección, no como obstrucción.

Wicklow no produjo decisiones, porque no estaba concebido para eso (Irish Times). El Consejo Europeo de octubre será la siguiente prueba. La reforma con más opciones de avanzar es la que reorganiza la cadena de mando, porque necesita una decisión del Consejo y no una reforma de los tratados. Bruselas puede acabar teniendo antes un organigrama más ordenado que una forma más rápida de decidir.