Fiscalía Europea apunta al vacío irlandés

El próximo fiscal jefe europeo contra los delitos financieros ha situado a Irlanda como una fisura en las defensas de Europa frente al fraude. Andres Ritter, que asumirá el 1 de noviembre la dirección de la Fiscalía Europea (EPPO, por sus siglas en inglés), declaró a medios irlandeses que se están creando «muchas sociedades pantalla» en Irlanda y que algunas podrían estar implicadas en fraudes de IVA y blanqueo de capitales en varios países europeos (Irish Times, RTÉ). El motivo que señaló es estructural: Irlanda no participa en la Fiscalía Europea, el organismo de la UE que puede investigar y perseguir directamente los delitos financieros contra el presupuesto comunitario dentro de los Estados miembros.

La advertencia no equivale a una conclusión judicial probada. Pero procede de la persona que tendrá como misión combatir precisamente ese tipo de delitos en 24 países participantes, y el mecanismo que describe existe.

Cómo funciona el agujero

La Fiscalía Europea opera con un sistema de dos niveles creado por el Reglamento 2017/1939. En Luxemburgo, una oficina central coordina la estrategia. En cada país participante, fiscales delegados trabajan dentro de los sistemas judiciales nacionales. Pueden ordenar registros, congelar activos y dirigir procedimientos. Cuando un fraude carrusel del IVA afecta a Italia, Alemania, Francia y Polonia, la Fiscalía Europea lo trata como una sola investigación.

Irlanda rompe esa cadena. Al quedarse fuera, los fiscales europeos no pueden actuar en territorio irlandés. Tienen que presentar solicitudes formales y esperar. Ritter resumió la diferencia con claridad: dentro de la Fiscalía Europea, «no coordinamos, lo hacemos nosotros mismos» (RTÉ).

La cooperación existe. Irlanda recibió más de 50 solicitudes de la Fiscalía Europea entre 2021 y finales de 2025 y participó al menos en una investigación sobre un presunto fraude de IVA de 48 millones de euros que afectaba a nueve países (Irish Times). Pero en el fraude carrusel la velocidad lo cambia todo. Las sociedades pantalla pueden liquidarse y el dinero puede moverse antes de que llegue una respuesta formal. Cooperar mediante solicitudes no da el mismo poder que una actuación fiscal directa.

El fraude carrusel cruza fronteras

La escala que maneja la Fiscalía Europea explica por qué importa esta brecha. A finales de 2025, el organismo registraba 3.602 investigaciones activas, con daños estimados en 67.270 millones de euros, de los cuales 45.010 millones estaban vinculados al fraude de IVA y aduanas (EPPO). Un año antes, las cifras eran 2.666 casos y 24.800 millones de euros (Transparency International EU). El aumento refleja tanto la expansión de las redes fraudulentas como el mayor alcance de la persecución penal europea.

Los casos recientes muestran el patrón. En Italia, la investigación Metallo se dirigió contra una presunta trama de IVA de 42,8 millones de euros basada en vehículos de lujo importados de Alemania, facturas falsas y empresas registradas a nombre de testaferros (EPPO). En Francia, la Fiscalía Europea registró 26 empresas sospechosas de fraude de IVA en la región de París (Le Figaro). Las cadenas de sociedades pantalla atraviesan el continente. El papel de Irlanda como lugar cómodo para registrar empresas encaja en ese mapa.

Cerrar el agujero, despacio

Irlanda avanza hacia la adhesión. Un grupo de trabajo interinstitucional recomendó iniciar los preparativos en octubre de 2023, y el ministro de Justicia, Jim O'Callaghan, ha indicado que Irlanda podría solicitar la entrada el próximo año (Law Society Gazette). La tradición jurídica irlandesa separa la investigación de la acusación de forma más marcada que la mayoría de los sistemas continentales, y adaptar la legislación interna exige una ley parlamentaria para la que aún no hay calendario público. El cuello de botella interno está en el Ministerio de Justicia, que debe redactar el proyecto, lograr la aprobación del Gobierno y llevarlo después al Oireachtas, el Parlamento irlandés.

El grupo de países que permanecen fuera se está reduciendo. Hungría notificó formalmente su intención de incorporarse a finales de mayo de 2026 (Daily News Hungary). En Dinamarca, la exclusión general en materia de justicia tiene un anclaje constitucional más profundo; el Gobierno ha planteado la posibilidad de un referéndum, pero aún no se ha tomado ninguna decisión (Berlingske). Entrar en la Fiscalía Europea cerraría una brecha, aunque los tribunales nacionales siguen condicionando el poder real del organismo: en Grecia, los jueces concedieron a los fiscales europeos mandatos de dos años en lugar de los cinco solicitados y rechazaron el recurso de la agencia (Euronews Greece).

Aún no se sabe por qué Irlanda resulta atractiva para las redes de fraude: si por su exclusión de la Fiscalía Europea, por la facilidad para constituir sociedades, por su infraestructura financiera o por una combinación de esos factores. La advertencia de Ritter ha colocado la cuestión en el centro del debate. La respuesta dependerá de si Dublín puede mover su legislación al ritmo que exige una brecha de aplicación dentro del mercado único.