La UE fuerza centros pese al fracaso albanés

La UE ultima su primer marco legal para retener fuera de Europa a solicitantes de asilo rechazados. El Reglamento de Retorno, que se negocia ahora en trílogos entre la Comisión, el Parlamento y el Consejo para cerrar el texto definitivo, permitiría a los Estados miembros trasladar a esas personas a «centros de retorno» en países no comunitarios. El único precedente en funcionamiento, los centros italianos en Albania, apenas ha tramitado alrededor del 1,5% del objetivo anunciado.

Dos instrumentos en la misma dirección

El Reglamento de Retorno, presentado en marzo de 2025, sustituiría a la Directiva de Retorno de 2008, la norma europea que regula la expulsión de personas sin derecho a permanecer en la UE. La directiva fijaba mínimos comunes, pero dejaba la ejecución en manos de cada Estado miembro, lo que dio lugar a 27 sistemas distintos. El nuevo texto es un reglamento, de aplicación directa e idéntica en todos los países de la UE, sin necesidad de transposición nacional (Solidar).

Su disposición central, el artículo 17, crea una base legal para centros de internamiento en suelo no comunitario (Verfassungsblog). El Parlamento Europeo respaldó esa vía en marzo de 2026 con 389 votos a favor y 206 en contra (Euronews). Las negociaciones en trílogo se interrumpieron el 20 de mayo sin acuerdo; la siguiente ronda está prevista para el 1 de junio (NAMPA/AFP).

Seis días antes, los 46 miembros del Consejo de Europa, el organismo paneuropeo de derechos humanos separado de la UE, adoptaron la Declaración de Chisináu. El texto no modifica el Convenio Europeo de Derechos Humanos, pero sostiene que sus protecciones, incluida la prohibición de la tortura y el derecho a la vida familiar, no deben bloquear automáticamente las expulsiones cuando los tribunales nacionales ya hayan evaluado los riesgos (AP, BIICL). La Comisión ha recibido ambos instrumentos como «coherentes» con su agenda migratoria (EU Perspectives). El reglamento diseña la infraestructura operativa; la declaración reduce el margen de los controles judiciales que podrían frenarla.

Lo que muestra Albania

Los centros italianos en Albania son el único precedente real. La primera ministra Giorgia Meloni anunció el protocolo en 2023 con un objetivo de 36.000 traslados al año. En abril de 2026, el Defensor Nacional italiano de las Personas Privadas de Libertad, el Garante nazionale, un organismo independiente de supervisión, contabilizaba 192 personas que habían pasado por las instalaciones, de las cuales 56 habían sido deportadas (Pagella Politica). Incluso la cifra del propio Gobierno, 536 traslados, equivale al 1,5% del objetivo anual. El presupuesto a cinco años ronda los 670 millones de euros.

El problema operativo es más profundo. Cada deportación desde los centros de Albania exige trasladar antes a la persona de vuelta a Italia, porque la expulsión directa desde suelo albanés no está permitida legalmente. Los centros no acortan el procedimiento: añaden un paso. Los tribunales italianos bloquearon el plan en octubre de 2024 por considerarlo incompatible con el derecho de la UE. El Gobierno respondió con un decreto que reclasificaba los centros, de espacios para tramitar solicitudes de asilo a instalaciones de retención para deportaciones. El ministro de Exteriores albanés ha señalado que el protocolo no se prorrogará más allá de 2030 (La Notizia Giornale).

El verdadero cuello de botella

En el conjunto de la UE se ejecuta solo alrededor del 28% de las órdenes de retorno, un máximo histórico que aun así significa que siete de cada diez personas con orden de salida no abandonan el territorio comunitario (Eurostat). El obstáculo principal es diplomático: los países de origen se niegan a readmitir a sus nacionales. Francia dictó unas 156.000 órdenes de retorno en 2025 y ejecutó menos de 15.000 (Le Figaro). Alemania deportó a 4.807 personas en el primer trimestre de 2026, un 22% menos que un año antes, pese a que su ministro del Interior ha convertido los centros de retorno en una de sus principales banderas políticas (Stern).

Ningún tercer país ha firmado un acuerdo para acoger uno de esos centros. Francia rechaza participar y alega límites constitucionales. El Senado francés concluyó que el mecanismo «corre el riesgo de debilitar las garantías procesales» mientras aborda un problema equivocado (French Senate).

El Tribunal de Justicia de la UE aún no se ha pronunciado sobre la compatibilidad del internamiento extraterritorial con el derecho comunitario. Una opinión del abogado general, una recomendación jurídica no vinculante dirigida al tribunal, abrió la puerta en abril a esa posibilidad en principio, aunque marcó una diferencia clara entre el modelo italiano actual y el concepto más amplio de centros de retorno que crearía el reglamento (EU Law Analysis). La sentencia, prevista para este año, podría limitar todo el marco antes de que abra un solo centro.

El precedente albanés deja una maquinaria jurídica orientada hacia el lugar equivocado. El bloqueo real sigue siendo convencer a los países de origen de que cooperen, y en ese punto no ha habido avances.