Los fondos europeos llegan al límite

Los ministros de Economía y Finanzas de la UE movieron esta semana dos expedientes que apuntan al mismo problema de fondo: Europa sabe aprobar grandes marcos comunes, pero le cuesta ejecutarlos cuando entran en juego el dinero y el control nacional. El primero afecta a los pagos pendientes del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia, el instrumento central de los fondos Next Generation. El segundo mira más lejos y tiene una carga política mayor: quién debe supervisar los mercados financieros europeos y quién cobra por hacerlo.

El expediente más urgente fue la aprobación de planes de recuperación revisados para nueve Estados miembros, entre ellos Chipre, Lituania, Finlandia, Alemania y Hungría (Cyprus Mail). El otro avanzó bajo la presidencia irlandesa del Consejo: Simon Harris, vice primer ministro de Irlanda, aseguró haber logrado un respaldo unánime para fijar antes de octubre una posición negociadora sobre la centralización de parte de la supervisión financiera europea (RTÉ).

El contrato está aprobado. El dinero, no.

El Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR) funciona más como un contrato que como un cheque. Un país presenta un plan de reformas e inversiones, la Comisión y el Consejo lo aprueban, y los desembolsos solo llegan cuando se cumplen hitos concretos: leyes aprobadas, instituciones creadas, proyectos ejecutados (EUR-Lex, ECA). Aprobar un plan revisado actualiza los compromisos asumidos por cada Gobierno. No libera automáticamente el dinero.

Esa diferencia pesa ahora porque el MRR entra en su tramo final. Todos los hitos pendientes deben completarse antes del 31 de agosto de 2026, las solicitudes de pago deben presentarse antes del 30 de septiembre y los últimos desembolsos tienen que hacerse antes de final de año. Después, el dinero no utilizado se pierde de forma definitiva (European Parliament Research Service).

Chipre muestra la distancia entre aprobar y ejecutar. El ministro de Finanzas, Makis Keravnos, viajó a Bruselas con un plan actualizado, pero el Parlamento chipriota aún debe aprobar la ley que crea un nuevo organismo de desarrollo empresarial. Si no se nombra una junta antes de finales de agosto, entre 50 y 69 millones de euros en subvenciones quedarán en riesgo (Philenews).

Rumanía no figura entre los nueve países cuyos planes revisados acaban de recibir luz verde, pero sirve como advertencia de lo que ocurre cuando el problema escala. Bucarest ya perdió unos 500 millones de euros por una solicitud de pago fallida y otros 8.700 millones dependen de que el Parlamento apruebe nueve leyes pendientes antes del plazo de finales de agosto (Digi24, Romania Insider). A comienzos de junio, tanto Rumanía como Chipre tenían menos de la mitad de sus hitos evaluados como cumplidos (European Parliament Research Service).

Quién cobra las tasas y quién concentra el poder

El segundo expediente seguirá abierto cuando haya pasado el plazo de los fondos de recuperación. Su objetivo es sencillo de formular: facilitar que una empresa de un país de la UE pueda captar dinero de inversores de otro. Hoy, los mercados de capitales europeos siguen divididos en 27 sistemas nacionales, cada uno con su supervisor, sus normas y sus tasas. El Paquete de Integración y Supervisión de los Mercados (MISP, por sus siglas en inglés) es el intento legislativo de coser esas piezas (Irish Presidency).

El principio suscita un apoyo amplio. La disputa está en quién supervisa qué. El MISP podría trasladar la vigilancia de grandes grupos de fondos desde los reguladores nacionales hacia la Autoridad Europea de Valores y Mercados, conocida como ESMA, con sede en París y encargada de coordinar la regulación de valores en la UE (WealthBriefing). Eso significa que las tasas regulatorias que pagan las empresas a su supervisor pasarían a ESMA en lugar de quedarse en las autoridades nacionales.

Para los emisores transfronterizos y los grandes inversores, reducir la fragmentación implica menos costes de cumplimiento y mejores datos de mercado (European Parliament Research Service). Para los pequeños centros financieros, supone una amenaza directa para sus presupuestos. El regulador financiero maltés, la MFSA, cerró el año pasado con un déficit de 1,3 millones de euros sobre unos ingresos regulatorios de 25,6 millones (The Shift News). Si ESMA asume la supervisión de los mayores grupos de fondos, esas tasas se trasladan a París mientras el coste de mantener la estructura nacional restante permanece. La CSSF luxemburguesa, que supervisa una de las mayores industrias de fondos de Europa, afronta la misma cuenta desde una posición distinta: tiene escala para absorber el cambio, pero cada función que se mueve a París reduce su papel (CSSF).

Harris situó octubre como fecha objetivo para que los Gobiernos pacten una posición común, lo que abriría las negociaciones con el Parlamento Europeo hasta llegar a una ley definitiva (Council). Ese plazo medirá si los Estados aceptan el intercambio: mercados más profundos a cambio de trasladar poder regulatorio desde las capitales nacionales a París.

Aprobar planes europeos es la parte sencilla. Ejecutarlos obliga a ceder dinero o control nacional. En los fondos de recuperación, nueve Gobiernos tienen unas siete semanas para demostrar que han cumplido o ver cómo desaparece la financiación. En la supervisión financiera, los 27 respaldaron esta semana la integración mientras conservan las palancas que mantienen nacionales los mercados. La primera carrera tiene una fecha límite. La segunda tropieza con una resistencia más duradera.