La UE rechaza la petición de Meloni de eximir la deuda de la crisis energética

Giorgia Meloni quiere que la UE deje fuera de los límites presupuestarios el gasto destinado a contener la crisis energética, igual que ya permite hacer con la defensa. La Comisión Europea rechazó la petición de inmediato y el ministro alemán de Finanzas respaldó esa negativa. La disputa, aparentemente técnica, se ha convertido en la primera prueba seria para las nuevas reglas fiscales europeas, reformadas hace apenas dos años y sometidas ya a una presión creciente.

Qué pide Meloni y por qué Bruselas dice no

El Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que limita el déficit público al 3% del PIB, se reformó en abril de 2024. Los objetivos numéricos rígidos dieron paso a planes de gasto específicos para cada país, negociados con la Comisión. En marzo de 2025, la UE añadió una excepción concreta: la cláusula nacional de escape, que permite excluir del cálculo del déficit hasta un 1,5% del PIB en gasto de defensa durante cuatro años. Diecisiete países la han activado. Italia, Francia y España no lo han hecho.

Meloni sostiene que, si la defensa recibe un trato especial por la emergencia geopolítica, el gasto energético durante la crisis de Ormuz debería tener una cobertura similar. Bruselas responde que la cláusula solo se aplica al gasto militar, clasificado en una categoría estadística concreta, mientras que las ayudas energéticas pertenecen a partidas presupuestarias distintas. Para cambiarlo habría que reescribir la norma o activar la cláusula general de escape, que exige demostrar una recesión en el conjunto de la eurozona (Parlamento Europeo).

La trampa fiscal italiana

La deuda pública italiana se sitúa en el 137,1% del PIB y el déficit de 2025 cerró en el 3,1%, ligeramente por encima del límite del 3% y también por encima del objetivo fijado por el propio Gobierno (Eurostat). Las previsiones de crecimiento para 2026 rondan el 0,8% (Comisión Europea). El FMI ha advertido a Roma de que necesita alcanzar un superávit primario, ingresos menos gastos sin contar los intereses de la deuda, equivalente al 3% del PIB en 2027, casi cuatro veces el nivel actual.

La presión se nota dentro del propio Consejo de Ministros. El titular de Defensa, Guido Crosetto, ha escrito dos veces al ministro de Finanzas, Giancarlo Giorgetti, para pedirle que apruebe 14.900 millones de euros en préstamos del programa SAFE, Acción de Seguridad para Europa, con el que la UE financia compras conjuntas de defensa mediante bonos emitidos por la propia Unión en condiciones favorables. Giorgetti no ha contestado. El plazo expira a finales de mayo. Crosetto hizo pública su frustración el 14 de mayo, un gesto poco habitual que dejó al descubierto el bloqueo interno (Il Sole 24 Ore).

El cálculo de Giorgetti es claro: no asumir 14.900 millones de deuda ligada a defensa si Bruselas no concede también margen para el gasto energético. O paquete completo, o nada.

Berlín no cede

El canciller Friedrich Merz afirmó que la excepción vigente para defensa está «ya en el límite de lo aceptable». El propio órgano fiscalizador alemán, el Bundesrechnungshof, alertó de que esa vía puede convertirse en «la regla estándar para acumular deuda», con más del 96% del endeudamiento federal previsto para 2029 amparado por la excepción.

Alemania dedicará en 2026 alrededor de 10.000 millones de euros a sus propias medidas de alivio energético: rebajas fiscales sobre los carburantes, subvenciones a los peajes de red y reducción de impuestos eléctricos para la industria (Gobierno alemán). Pero Berlín financiará ese gasto dentro de los límites presupuestarios existentes, sin pedir excepciones europeas. El ministro de Finanzas, Lars Klingbeil, ha indicado que a partir de 2030 incluso las excepciones de defensa deberían limitarse al 1% del PIB. Economistas independientes que asesoran al Gobierno alemán advirtieron directamente a Klingbeil de que el crecimiento del gasto alemán, del 5,75%, ya supera el 4,5% permitido por la UE.

Países Bajos se ha sumado al rechazo. «La respuesta a las crisis no puede ser más deuda», defendió La Haya.

La UE reformó sus reglas fiscales hace apenas dos años. La excepción de defensa fue la primera grieta. Si el gasto energético recibe el mismo trato, la siguiente discusión podría ser la adaptación climática, la migración o cualquier otra emergencia con coste presupuestario. Cada exclusión debilita los límites de gasto que la reforma de 2024 pretendía hacer cumplir. Un diputado de la CDU lo resumió así: «Quien declara constantemente un estado de emergencia económica convierte en obsoletas reglas como el freno de la deuda».

Meloni debe decidir antes de que termine el mes. Puede aceptar los préstamos de defensa de SAFE y asumir el coste fiscal, o apostar a que Bruselas y Berlín cedan primero.