La UE busca anfitrión para retornos

El debate migratorio europeo ha pasado del lenguaje duro a la prueba material de las expulsiones. Las últimas conclusiones del Consejo Europeo mantienen la presión para acelerar los retornos, mientras Dinamarca e Italia empujan la idea de centros de retorno fuera de la UE y Francia y España se resisten a convertir los dispositivos extraterritoriales en el emblema del sistema. El riesgo es que el derecho europeo se endurezca antes de que exista una vía legal y operativa para ejecutar esas expulsiones.

La ley puede avanzar más deprisa que las expulsiones

Un centro de retorno se situaría después del rechazo de una solicitud. No decidiría una petición de asilo fuera del territorio europeo, sino que retendría a una persona tras una resolución negativa firme mientras un Estado miembro intenta devolverla.

Francia y España pueden frenar la dinámica política, pero el artículo 79 del TFUE no les concede un veto individual sobre la legislación europea de retorno. La Comisión puede proponer normas más estrictas, el Parlamento y el Consejo pueden modificarlas, y los gobiernos pueden pactar una línea común más dura.

Esa vía cambia las reglas. No crea por sí sola un país anfitrión, guardias, tribunales, estándares de internamiento, documentos de viaje, vuelos ni consentimiento de readmisión.

La actual Directiva de retorno ya ofrece a los Estados miembros un marco para expulsar a personas tras el rechazo de su solicitud, con límites a la detención y garantías jurídicas. La nueva propuesta de la Comisión sobre retornos busca hacer ese sistema más coercitivo y más uniforme. Dentro de la UE puede tener impacto, porque los Estados aplican las reglas de forma desigual.

El problema más difícil suele empezar fuera de la UE. Bruselas puede aprobar la norma; el país de origen tiene que emitir los documentos y aceptar el retorno.

El eslabón que falta es la readmisión

Por eso la presión sobre los visados ocupa el centro del mecanismo. La UE ya dispone de herramientas en el Código de visados y en el reglamento que usa la política de visados como palanca de readmisión para endurecer la concesión de visados a países que no cooperan en los retornos. Existen porque el cuello de botella es diplomático tanto como jurídico.

Ahí es donde el discurso de las coaliciones puede inducir a error. Dinamarca e Italia venden una promesa de ejecución: sacar a las personas rechazadas del territorio de la UE y hacer que la expulsión parezca más inmediata. Francia y España se muestran más prudentes porque un centro puede prometer control antes de demostrar legalidad, capacidad y salidas reales.

Otros gobiernos pueden respaldar un lenguaje más duro sin hacerse cargo de las piezas difíciles. Un centro operativo necesita un tercer país dispuesto a acogerlo, un Estado miembro dispuesto a mantener la responsabilidad jurídica, países de origen dispuestos a readmitir a sus nacionales y tribunales que acepten las garantías. La cadena depende del actor menos dispuesto a cooperar.

Albania muestra el riesgo

El acuerdo de Italia con Albania muestra por qué disponer de un emplazamiento no equivale a tener un modelo que funcione. Roma ratificó el protocolo con Tirana mediante una ley italiana, pero los litigios sobre la evaluación de países seguros y la tramitación acelerada ya han llegado a Luxemburgo en el asunto Alace y Canpelli.

La advertencia anterior sigue vigente. En Hirsi Jamaa, Estrasburgo declaró responsable a Italia por actuaciones de control migratorio fuera de su territorio. Trasladar el lugar del control no desplaza automáticamente la responsabilidad.

Las preguntas difíciles siguen abiertas. Qué país acoge el centro. Qué tribunales examinan los recursos. Quién custodia las instalaciones. Qué ocurre cuando un país de origen se niega a expedir documentos. Quién supervisa las condiciones de detención. Cómo se mide el éxito: menos fugas, trámites más rápidos, menores costes o expulsiones verificadas.

Los centros de retorno aún pueden convertirse en algo más que una señal política. La prueba inmediata es más estrecha: si un lenguaje más duro del Consejo puede producir expulsiones legales o solo desplazar el lugar donde se ve el fracaso.