La UE fija un suelo de calidad

Los gobiernos europeos destinan cada año en torno al 14%-15% del PIB a comprar bienes y servicios: programas informáticos para hospitales, flotas de autobuses, contratos de limpieza, reparaciones de carreteras (Parlamento Europeo, Comisión Europea). La contratación pública es el punto en el que el dinero de los impuestos se convierte en servicios, infraestructuras y empleo. Buena parte de ese gasto sigue adjudicándose a quien presenta la oferta más barata. El 9 de septiembre, se espera que la Comisión Europea proponga cambiar la forma en que se mide la relación calidad-precio.

El borrador, filtrado en medios italianos y alemanes, obligaría a los compradores públicos a puntuar la calidad junto al precio y les daría herramientas para favorecer a proveedores vinculados a Europa (ANSA, Il Fatto Quotidiano). La propuesta abre apenas el proceso legislativo. Aún necesita el visto bueno del Parlamento Europeo y del Consejo, y las licitaciones en curso seguirán rigiéndose por las normas actuales (Vergabevorschriften.de).

Un detalle jurídico puede acelerar el calendario. La Comisión plantea un reglamento, no una directiva. Una directiva obliga a cada uno de los 27 Estados miembros a aprobar su propia ley nacional de transposición, un trámite que puede alargarse durante años. Un reglamento se aplica directamente en todos los países una vez adoptado.

La compra al precio más bajo pierde terreno

El argumento a favor del cambio se apoya en datos. El Tribunal de Cuentas Europeo constató que la proporción de licitaciones públicas de la UE con una sola oferta pasó del 23,5% al 41,8% en la década anterior a 2021, mientras que el número medio de licitadores casi se redujo a la mitad, de 5,7 a 3,2 (Tribunal de Cuentas Europeo). En 2023, 20 Estados miembros todavía adjudicaban más de la mitad de sus contratos únicamente por precio (Parlamento Europeo).

El coste de esas ofertas baratas suele recaer sobre los trabajadores. El Parlamento Europeo citó una conclusión de la Autoridad Laboral Europea según la cual las licitaciones basadas solo en el precio elevan el riesgo de trabajo no declarado, porque los contratistas comprimen los costes laborales para ganar (Parlamento Europeo). La propia evaluación de la Comisión de 2025 concluyó que las reglas vigentes solo habían cumplido parcialmente los objetivos ecológicos y sociales, mientras la participación transfronteriza seguía siendo limitada y las lagunas de datos dejaban sin resolver riesgos de corrupción (Comisión Europea).

Cómo funcionaría la puntuación

En una licitación basada únicamente en el precio, gana la oferta conforme más barata. Con una puntuación ponderada por calidad, el comprador fija una fórmula: por ejemplo, 60 puntos por calidad y 40 por precio. Se adjudica el contrato a la mejor puntuación combinada.

El borrador filtrado exigiría que los factores de calidad, como el desempeño climático, las normas laborales, la innovación o la seguridad, representen al menos el 30% de la puntuación de adjudicación. En contratos intensivos en mano de obra, como construcción, limpieza y seguridad, ese suelo subiría al 50% (Il Fatto Quotidiano, LavoriPubblici). Una empresa que compita sobre todo recortando salarios perdería parte de su ventaja. Otra con mejores condiciones laborales o menores costes durante todo el ciclo de vida podría ganar aunque el precio inicial fuese más alto.

El texto también incluye una herramienta de «preferencia europea». Permitiría a los compradores públicos penalizar o excluir ofertas en las que menos del 50% del valor proceda de la UE o de países cubiertos por acuerdos comerciales como el Acuerdo sobre Contratación Pública de la OMC, que incluye a Estados Unidos, Japón y Canadá, pero no a China (ANSA). En la práctica, el objetivo principal son los proveedores chinos en sectores estratégicos. La UE ya ha ensayado esta lógica: su primera medida bajo el Instrumento de Contratación Internacional excluyó a operadores chinos de licitaciones de productos sanitarios, y Pekín respondió de inmediato con una represalia equivalente (Crowell).

El reparto entre quienes ganan y quienes pagan

Francia presenta la contratación pública como un arma estratégica (L'Opinion). Italia quiere acabar con el hábito de adjudicar al precio más bajo y proteger a los trabajadores. El sindicato polaco Solidarność celebró «el fin de la dictadura del precio más bajo» (Solidarnosc). Nueve Estados miembros pequeños y del norte, encabezados por Chequia, Finlandia y Suecia, advirtieron en diciembre de 2025 de que una preferencia europea amplia podría reducir la competencia y elevar los precios, y pidieron a la Comisión que la limite a sectores concretos tras una evaluación de impacto completa (MarketScreener, Euronews).

Los juristas alemanes especializados en contratación pública señalan otro problema: muchas oficinas municipales no tienen capacidad para redactar criterios de calidad jurídicamente sólidos sobre clima, trabajo e innovación (Ausschreibungen Staatsanzeiger). Esa falta de medios es la principal debilidad de la reforma. La puntuación por calidad solo funciona si los compradores saben escribir criterios medibles y comprobar lo que prometen los licitadores. Sin eso, los suelos obligatorios de calidad pueden sustituir las ofertas artificialmente bajas por promesas exageradas y favorecer a los grandes operadores establecidos, que conocen mejor cómo puntuar bien sobre el papel.

Los datos muestran que la contratación basada en el precio más bajo no ha logrado estimular la competencia y ha creado incentivos para recortar costes laborales. Que la puntuación obligatoria por calidad corrija esos problemas dependerá, sobre todo, de si miles de poderes adjudicadores europeos son capaces de hacer algo que hasta ahora casi nunca se les había exigido.