Europa incumple con sus mares

Seis años después de que expirara el plazo legal fijado por la UE para tener mares sanos, ningún Estado miembro lo ha cumplido (Comisión Europea, medio marino). La Directiva marco sobre la estrategia marina, la norma paraguas de la Unión para la salud de los océanos, aprobada en 2008, obligaba a los países a alcanzar un «buen estado ambiental» en 2020 (Directiva marco sobre la estrategia marina). No ocurrió. La etiqueta de «protegido» significa cada vez más que una zona aparece marcada en un mapa oficial, no que esté realmente defendida en el agua.

Los propios indicadores de la Comisión muestran el coste de ese incumplimiento. La contaminación intensa por nutrientes afecta al 46% de la superficie de aguas costeras de la UE. La pesca de arrastre de fondo altera el 79% del lecho marino costero. Y el 81% de los hábitats evaluados bajo las directivas de naturaleza se encuentra en mal estado (Comisión Europea, medio marino, Comisión Europea, naturaleza). No son cifras de organizaciones ecologistas. Proceden de la institución encargada de hacer cumplir las reglas.

El resquicio dentro del diseño legal

El mecanismo es sencillo. Bajo la Directiva de hábitats, que crea la red Natura 2000 de espacios protegidos de la UE, la designación de una zona marina activa obligaciones de conservación y evaluaciones de impacto, pero no prohíbe automáticamente la pesca, el transporte marítimo o la construcción (Directiva de hábitats). Las actividades dañinas continúan salvo que los gobiernos adopten medidas concretas de gestión y las hagan cumplir. La política pesquera común, el marco europeo que regula la pesca, exigía por separado que las poblaciones de peces alcanzaran niveles sostenibles en 2020 (Política pesquera común). Ese plazo también venció sin pleno cumplimiento.

El conflicto empieza cuando la protección cierra un caladero, bloquea una licencia o fuerza a las explotaciones agrarias a reducir los vertidos. La agencia federal alemana de naturaleza describe la biodiversidad del mar del Norte y del Báltico como amenazada, en un contexto de uso cada vez más intenso de ambos mares (BfN). En Baja Sajonia, las autoridades propusieron dejar libre de pesca el 10% de las aguas costeras, una medida que los grupos ambientales consideran insuficiente (Tagesschau). En Países Bajos, los nuevos planes de gestión de Natura 2000 han llevado a los pescadores de camarón cerca de Zoutkamp a advertir de que los cierres en la costa del mar del Norte podrían acabar con su modo de vida (Omroep Het Hogeland).

Francia muestra con especial claridad la distancia entre etiqueta y efecto. La planificación administrativa aspira a proteger el 30% del espacio marítimo (DIRM), pero las condiciones de pesca dentro de los espacios marinos Natura 2000 siguen decidiéndose mediante análisis de riesgo caso por caso, según una pregunta parlamentaria presentada en el Senado en 2026 (Sénat). Francia computa parte de esa protección en zonas donde la presión humana ya es baja: las estadísticas oficiales indican que el 5,9% del territorio estaba sometido a «protección fuerte» a comienzos de 2026, con casi tres cuartas partes concentradas en las remotas Tierras Australes y Antárticas Francesas, no en las aguas metropolitanas más explotadas por la pesca (SDES).

El principal daño viene de tierra

Buena parte de la degradación marina empieza en las explotaciones agrarias y en sistemas de saneamiento envejecidos, no en el mar. La Comisión describe la cadena: el nitrógeno agrícola se filtra desde los campos hacia ríos y acuíferos, y desde ahí alimenta floraciones de algas en la costa que asfixian la vida marina (Comisión Europea, nitratos). Dinamarca, Alemania, Países Bajos y Polonia comparten así un mismo problema: sus autoridades marinas no pueden recuperar zonas costeras muertas cuando el principal daño procede de escorrentías reguladas por una política agraria que no controlan.

Según un informe de Race for the Baltic citado por Echo Media, Polonia recoge solo una parte de los residuos líquidos generados por sus fosas sépticas, de modo que las aguas residuales no recolectadas aumentan la carga de fósforo en el Báltico. En España, una revisión de 57 proyectos de restauración realizada por una organización ecologista concluyó que muchos demostraban viabilidad técnica sin acreditar una recuperación ecológica real (Ecologistas en Acción). La restauración puede funcionar, pero no sustituye a límites exigibles sobre aquello que degrada el agua desde el principio.

La Comisión puede llevar a los Estados miembros ante la justicia por incumplir el derecho de la UE y solicitar sanciones económicas al amparo de los tratados (Comisión Europea, aplicación del derecho de la UE). Lo que no puede hacer es desplegar patrullas costeras, reescribir permisos de pesca o auditar por sí misma las cargas de nutrientes. La aplicación práctica recae en los mismos gobiernos nacionales que dejaron pasar el plazo de 2020.

La prueba que falta está en cada zona protegida: qué se prohíbe dentro, quién vigila su cumplimiento y si los ecosistemas se recuperan. Las capitales nacionales deben esa transparencia. La Comisión dispone de instrumentos legales para exigirla, y seis años de plazos incumplidos bastan para justificar que los use.