Cuatro diputados griegos, imputados por subvenciones

La Fiscalía Europea ha acusado a cuatro diputados en activo del Parlamento griego en una causa por fraude a gran escala con subvenciones agrícolas. El Gobierno griego ha cuestionado la actuación de la fiscalía, pero aún no ha explicado cómo piensa corregir el sistema de pagos.

Qué encontró la Fiscalía Europea

El 16 de julio, la Fiscalía Europea —el organismo independiente de la UE que investiga delitos contra el presupuesto comunitario— anunció acusaciones contra 22 personas vinculadas a un presunto fraude en OPEKEPE, la agencia nacional griega encargada de tramitar las ayudas agrícolas europeas. Cuatro de ellas son diputados en activo. Todos conservan la presunción de inocencia.

Las acusaciones describen algo más grave que solicitudes infladas. La Fiscalía Europea detalló una interferencia sistemática en los controles destinados precisamente a impedir el fraude: registros que, según la investigación, se habrían modificado después de las comprobaciones obligatorias e inspecciones sobre el terreno alteradas. Si los datos pueden reescribirse después de una auditoría, la auditoría deja de servir como control. La prensa en alemán añadió más detalles: declaraciones falsas de tierras y derechos ficticios de pasto, beneficiarios sin actividad agrícola real y registros de tierras débiles que dificultaban la verificación. En una causa relacionada, un tribunal de Atenas condenó a 57 acusados por declarar falsamente como subvencionables terrenos en Kastoria.

Atenas se enfrenta a la fiscalía

El Gobierno griego ha optado por plantar cara en lugar de dejar que la investigación avance sin interferencias políticas. Según in.gr, el primer ministro, Kyriakos Mitsotakis, criticó la gestión del caso por parte de la Fiscalía Europea y alineó a su partido, Nueva Democracia, detrás de una respuesta común. El Ejecutivo insiste en que ningún diputado está acusado de haberse embolsado dinero personalmente.

No es el primer choque con la Fiscalía Europea. A comienzos de año, el Parlamento aprobó una enmienda que acortaba los plazos de investigación sobre diputados, apenas unas semanas después de votar el levantamiento de la inmunidad de 11 legisladores. El consejo judicial griego también concedió a los fiscales europeos mandatos más breves que los fijados por la propia dirección de la Fiscalía Europea. En casos complejos de fraude, que suelen prolongarse durante años, esa reducción importa porque debilita la continuidad de las investigaciones. La fiscal jefa, Laura Codruța Kövesi, presentó una protesta formal.

¿Cambio de rótulo o reforma real?

La solución planteada por el Gobierno consiste en trasladar las funciones de OPEKEPE a AADE, la autoridad tributaria griega, que los responsables oficiales presentan como más independiente. Pero no se ha publicado ningún plan que precise qué se transfiere exactamente: qué personal, qué bases de datos, quién dirigirá las inspecciones sobre el terreno y quién resolverá los recursos. La Comisión Europea tampoco ha aclarado si el nuevo esquema cumple los estándares de acreditación de la PAC, los requisitos que una agencia nacional debe satisfacer antes de gestionar fondos agrícolas europeos (Reglamento 2021/2116). Sin esa aprobación, el traslado equivale a un cambio de nombre.

La comparación con otros países deja a Grecia en una posición incómoda. La agencia pagadora rumana, APIA, seleccionó a casi 15.000 agricultores para controles previos al pago en la campaña de 2026, con datos satelitales y geoespaciales para comprobar las parcelas antes de que se desembolse el dinero. Grecia no ha publicado nada comparable sobre el sistema que sustituirá a OPEKEPE.

La Comisión no puede alegar sorpresa. Una delegación del Parlamento Europeo concluyó que Bruselas conocía deficiencias graves en OPEKEPE al menos desde 2021. La UE ya había impuesto correcciones financieras a Grecia por la mala gestión de OPEKEPE entre 2016 y 2023. El propio Tribunal de Cuentas Europeo advirtió este año de que la estrategia antifraude de la Comisión sigue teniendo lagunas.

Las subvenciones agrícolas europeas se canalizan a través de agencias nacionales que Bruselas no dirige de forma directa. El caso griego muestra qué ocurre cuando la agencia encargada de verificar las solicitudes antes del pago queda presuntamente capturada por las mismas redes que debía controlar. La Fiscalía Europea puede sentar a los sospechosos ante la justicia. Solo la Comisión puede decidir si el sistema que Grecia propone como sustituto está en condiciones de gestionar dinero agrícola europeo. Atenas aún no lo ha demostrado ante la opinión pública.