Cuatro países bloquean el recorte del 90%

Alemania, Italia, Polonia y Chequia habrían reunido apoyos suficientes para frenar el compromiso que la propia Comisión Europea había puesto sobre la mesa en materia de emisiones de los coches. Si ese bloque se mantiene, ninguna versión de la propuesta podrá salir adelante en el Consejo sin atender parte de sus exigencias. La disputa gira en torno al margen de flexibilidad que la UE quiere introducir en la salida del motor de combustión y, sobre todo, a quién asume el coste cuando el calendario empieza a apretar.

La aritmética que bloquea la negociación

La legislación europea vigente exige que los coches nuevos vendidos a partir de 2035 reduzcan en un 100% sus emisiones de CO2 por el tubo de escape respecto a los niveles de 2021, lo que en la práctica veta la venta de nuevos vehículos de gasolina y diésel (EUR-Lex). La Comisión propuso reabrir ese objetivo y rebajarlo al 90%, una vía que dejaría un margen estrecho para coches alimentados con combustibles sintéticos o renovables (Reuters/MarketScreener, EUobserver).

Alemania e Italia dejaron claro en la reunión de ministros de Medio Ambiente del 25 de junio que incluso ese 90% les parecía demasiado restrictivo, según Bloomberg y RMF.

La mayoría de la legislación europea se aprueba por mayoría cualificada: hacen falta al menos 15 de los 27 Gobiernos, que representen el 65% de la población de la UE, para votar a favor (Consejo). Para bloquear una norma, los opositores necesitan cuatro Estados que sumen más del 35% de los ciudadanos. Alemania, Italia y Chequia aportan peso demográfico, pero solo tres Gobiernos. Polonia completa el grupo y eleva el bloque hasta cerca del 42%, por encima de los dos umbrales necesarios (Eurostat, RMF).

Una minoría de bloqueo no puede escribir una ley alternativa. Obliga a la otra parte a negociar.

Cuatro capitales, cuatro demandas distintas

El bloque que pide flexibilidad comparte la orientación general, pero no una receta común. Alemania reclama más tiempo, reconocimiento para los e-fuels (combustibles sintéticos fabricados con CO2 capturado y electricidad renovable) y protección para los híbridos enchufables. Italia presiona en favor de los biocombustibles y de la «neutralidad tecnológica», es decir, que el regulador limite las emisiones sin imponer qué tipo de motor debe cumplir el objetivo. Roma llega a esta negociación con un sector automovilístico que produjo 591.000 vehículos en 2024, frente a 1,74 millones en 2000 (OICA). Chequia, cuya economía depende en buena medida de la cadena de suministro de Škoda, quiere reglas más suaves antes de 2030 para que los fabricantes eviten multas elevadas durante la transición. Polonia lo plantea como una cuestión de equidad: quién paga el coste y con qué calendario.

Los coches eléctricos se venden. En Italia, la cuota de vehículos recargables alcanzó el 16,7% de las nuevas matriculaciones a comienzos de 2026, frente a una media europea del 31,6% (Repubblica). Los cuatro países sostienen que la transición ya está en marcha, pero que trabajadores y proveedores necesitan más herramientas para atravesarla sin quedar fuera del mercado.

El bloque estricto y la ambigüedad francesa

Siete países, entre ellos Dinamarca, Francia, Países Bajos, España y Suecia, advirtieron a Bruselas a comienzos de junio de que no rebajara las exigencias, con el argumento de que una marcha atrás ahuyentaría a los inversores que ya están construyendo fábricas de vehículos eléctricos y baterías (Euronews). El comisario de Clima, Wopke Hoekstra, reforzó esa posición en el Consejo del 25 de junio al calificar de «espectacular» el crecimiento de las ventas de eléctricos (Economic Times/Reuters).

Suecia resume la lógica del bloque estricto: con una cuota de eléctricos superior al 40% en las nuevas matriculaciones y un coste por kilómetro que ronda la mitad del diésel, Estocolmo ha construido su infraestructura sobre las reglas actuales (Energimyndigheten, Nordea). Rebajar el objetivo trasladaría parte del coste a los países que se movieron antes.

Francia es la gran incógnita. París firmó la carta de los siete países, pero también emitió una declaración conjunta con Roma en la que subrayaba el empleo y la necesidad de que Europa no imponga una sola tecnología de motor (Adnkronos). Francia respalda la orientación de 2035, aunque exige protección para su propia cadena de suministro automovilística, también sometida a presión. Está por ver si esa posición se mantiene en una votación final.

La alineación de los cuatro países procede de informaciones diplomáticas, no de una votación publicada (Bloomberg). El texto de la Comisión aún no está cerrado y las demandas del grupo no son idénticas: la apuesta alemana por los combustibles sintéticos no protege las mismas fábricas que la defensa italiana de los biocombustibles o la petición checa de aliviar las sanciones. Fabricantes, proveedores e inversores en baterías de los 27 leen esta negociación buscando una respuesta sencilla: si podrán planificar con una regla estable o tendrán que volver a calcularlo todo.